La cantidad de niños en el país que crecen lejos de sus familias de origen

Ante una realidad superadora, las familias de tránsito adquieren un rol esencial en la vida de los niños, niñas y adolescentes que son separados de su seno familiar, bajo medidas excepcionales. Y si bien están lejos de ser el ámbito natural de cuidado y crianza, son el ambiente más adecuado para contener, cuidar y sobre todo amar, a un pequeño que atraviesa un proceso de desvinculación de su familia. Es muy valioso e importante el rol voluntario de las familias que abren las puertas de su hogar para cuidar a niñas, niños y adolescentes.

La ley 26.061 dispone su derecho a criarse y crecer dentro del seno seguro de una familia, a la vez que enfatiza sobre la importancia del diseño de políticas públicas que fortalezcan a las familias en el ejercicio de sus funciones sociales estratégicas. Y serán los organismos del Estado los responsables de garantizar las condiciones necesarias para que las familias de acogida puedan asumir esta responsabilidad.

Según Unicef, en su Relevamiento y Sistematización de Programas de Cuidado Alternativo en el ámbito familiar que fuera implementado en 2020, y en base a cifras de Senaf que datan de 2017, a nivel nacional un total de 9.096 niños, niñas y  adolescentes permanecían bajo la modalidad de cuidado alternativo. De ellos, solo un 14% estaba bajo sistemas de cuidado
familiar: 869 (el 46%) se hallaban en programas de cuidado familiar de gestión pública, mientras que 472 (53%) en programas de cuidado familiar de gestión privada.

Según el Anuario Estadístico 2021 del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, la Ciudad trabajó con un total de 1.563 niños, niñas y adolescentes separados de sus familias de origen. El 33% (525) residía con referentes afectivos o familia ampliada y el 67% (1.038) residía en alguna de las modalidades de dispositivos de cuidado alternativo. Por lo tanto, hay más de 1.000 niños,
niñas y adolescentes cuyos derechos están siendo vulnerados, pero sólo 76 familias disponibles para acogerlos, según el mismo registro. 

Si las cifras oficiales nacionales datan de 2017 (pre-pandemia) y 2020 (plena época de pandemia), ¿qué lugar ocupa esta problemática en la agenda de Gobierno? Si a esto le sumamos el contexto de un país que quedó institucionalmente debilitado y empobrecido, es lógico suponer que esta cifra sea superior. Es necesario revisar los tiempos del proceso en relación a las necesidades (o realidades) de estos pequeños. Si bien los plazos están especificados dentro de la ley, rara vez se cumplen:
tanto los procesos administrativos como los judiciales carecen de la celeridad necesaria para proteger a los menores.

Es oportuno agradecer a las familias de acogida que abren las puertas de su hogar

Y sobre todo de su corazón, para recibir y cobijar a bebes y niños a fin de intentar reparar o reducir el daño causado por esta infancia robada. Pero, aunque el tiempo con la familia de acogida será un resguardo frente a la institucionalización, es oportuno destacar que cada mes y cada año que ese niño permanece en este entorno, el apego y los vínculos se afianzan, sabiendo que podrán permanecer, pero no serán los primarios ni definitivos.

El Estado debe actuar con celeridad para que el niño pueda retornar a su hogar, si esto es posible, o lograr una adopción definitiva y que la separación con su familia de acogida no sea vivida como un nuevo abandono.

* Mag. Rosario Romero Victorica. Coordinadora de la Maestría en Intervención en Poblaciones Vulnerables, Universidad
Austral.