Piden al Colegio de Abogados que intervenga "urgente" en el conflicto entre judiciales y el Gobierno

Un total de 71 abogados mendocinos firmó una nota dirigida a Sergio Molina, presidente del Colegio de Abogados y Procuradores de Mendoza, para que la institución tome medidas e intervenga en el conflicto entre trabajadores judiciales y el Gobierno por mejoras en condiciones laborales y salariales. La Justicia prácticamente paralizada lógicamente también los afecta a ellos y, por supuesto, a sus clientes.

En el escrito solicitan la "urgente intervención institucional de este Colegio, a fin de dar soluciones eficaces y asertivas a la problemática laboral generada a todos los abogados litigantes de los distintos fueros de esta circunscripción, afectando el derecho a trabajar y al cobro y percepción de nuestros honorarios profesionales, en asidero al paro de los empleados y funcionarios judiciales llevado a cabo en la Justicia de Mendoza".

Explican que vale "destacar que el paro ha sido instrumentado de diferentes maneras y con distinta duración en el tiempo en los distintos fueros, siendo el de mayor duración y de mayor acatamiento que subsiste a la fecha en el fuero penal, resultando gravísimas las consecuencias a los profesionales del derecho y justiciables". El numeroso grupo de abogados que firmó la nota aseguran que "comprenden las razones de empleados y funcionarios judiciales tenidas en cuenta para las medidas de fuerza dispuestas", pero al mismo tiempo destacan "la necesidad urgente de hacer valer y efectivizar nuestro derecho al trabajo y percepción de honorarios como el debido acceso a la justicia de nuestros representados".

Advierten que "en el fuero penal existen medidas de fuerza adoptadas a lo largo de los últimos dos meses y medio, lo que ha llevado a la falta de proveído de escritos urgentes y de trámite, falta de atención a los profesionales y público en general tanto en las UFI como en las Oficinas Fiscales, y lo más grave, suspensión de audiencias fijadas (de acusación, debate, juicio abreviado, para la obtención de prisión domiciliaria, cese de prisión preventiva, control jurisdiccional, etc.) aún en expedientes con detenido, lo que hace que la situación de las personas privadas de su libertad se vea agravada por el paro llevado a cabo por el gremio judicial. Además, requerimos la urgente intervención a fin de que los archivos subidos al MP contengan la extensión del tipo de formato, pues de lo contrario se hace imposible poder abrirlos y visualizarlos".

Pero no es el fuero penal el único perjudicado. En cuanto al fuero civil, "también se ha visto resentido el normal trámite de los expedientes con demoras más allá de lo razonable en el proveído de escritos, suspensión de algunas audiencias previstas y como en todos los fueros existencia de demoras en control y publicación de cédulas aun con fechas de audiencias fijadas o de traslado de demandas. También se producen problemas en el ámbito del fuero laboral, donde "se han suspendido audiencias sin dejar la debida constancia en los expedientes civiles y laborales". 

En cuanto al fuero de familia, "el más sensible si se quiere porque involucra derechos de NNYA (Derechos de niños, niñas y adolescentes), además del atraso que se arrastra desde la implementación del sistema IURIX ON LINE, existe mayor retraso en los proveídos de todos los expedientes y los problemas generados por la medida de fuerza que se detallan a continuación: 

• Escritos con estado pendiente (es decir sin ser agregados al expediente electrónico) de más de 10 días, en expedientes urgentes (medidas precautorias, ejecución de honorarios, alimentos, etc)
• Falta de ingreso de demandas urgentes.
• Falta de realización de pericias psicológicas, ambientales y de ADN por el paro.
• Suspensión de audiencias sin la debida reprogramación en expedientes urgentes como son los de alimentos.
• Falta de notificación de proveídos de autos y sentencias por falta de personal (notificadores).
• Falta de control y publicación de cédulas para audiencias
• Retardo injustificado en la fijación de audiencias de alimentos provisorios.
• Retraso en la obtención de turnos y/o certificados de mediación por falta de personal.
• Falta de proveído de pedidos de suspensiones de plazos, sobre todo en el ámbito tutelar.
• Demoras en la apertura de cuenta de usuras pupilares y judiciales en las ejecuciones de alimentos y honorarios por falta de SISTEMA SINEJ.
• Demoras en la firma de oficios de retención directa de cuotas alimentarias".

Aseguran que "debemos lidiar con el más que justificado reclamo y enojo de nuestros clientes, siendo nosotros, en definitiva, quienes recibimos todas las quejas y debemos brindar una respuesta que no es siempre bien recibida por nuestro representado, lo cual además genera la incertidumbre de poder mantener al cliente dentro de nuestro Estudio Jurídico, el cual busca otra representación legal tratando de lograr soluciones o mejoras en el servicio de justicia, cuando excede nuestra intervención y responsabilidad profesional, lo que no siempre es entendido por nuestros clientes debido a la imperiosa necesidad de respuesta judicial efectiva y oportuna que tienen". 

Finalmente, desligaron de la responsabilidad "a los empleados y/o funcionarios judiciales" y advierten que esto depende de "quienes tienen la obligación legal de generar condiciones dignas de salarios, trabajo y acceso a la justicia para todos los operadores de la justicia, donde también estamos incluidos los profesionales del derecho".

El comunicado y las 71 firmas