Cifras en rojo y un futuro incierto para el área de discapacidad: las graves consecuencias de los ajustes

La Ley 24.901 establece que debe existir un sistema de prestaciones básicas en habilitación y rehabilitación integral a favor de las personas con discapacidad. Estos servicios, sin embargo, parecen estar yendo a un inevitable colapso debido a la crisis que arrastran desde hace décadas y que sólo se profundiza. Cada vez más prestadoras quiebran y las consecuencias en la salud de sus beneficiarios son determinantes. 

Fernando Gantesti, miembro de la Comisión Directiva de la Asociación de Transportistas para personas con Discapacidad (ATAECaDis), comentó a MDZ que en marzo el nomenclador (que determina el precio de los servicios de las prestadoras) recibió una actualización del 12%, el cual, sin embargo, funcionó como retroactivo: se cobró este mes. Y el último ajuste, también del 12% y que recayó para abril, se verá recién en junio.

Prestaciones a discapacidad: un sistema que no funciona

Hay un desfasaje en el sistema que ignora tanto las necesidades de los pacientes como la realidad que viven las prestadoras. Estas asistencias a discapacidad deben ser cubiertas por las obras sociales y prepagas, con un reintegro casi en su totalidad por parte del Estado (a través de la Agencia Nacional de Discapacidad). Quien determina el costo de esos servicios debería ser la ahora Secretaría de Salud, evaluando junto al Foro Permanente de Discapacidad variables tales como: la inflación, costos reales de servicios, población con discapacidad, entre otras. 

Tanto durante el Gobierno de Mauricio Macri como el de Alberto Fernández se congelaron las actualizaciones de precios de los servicios. Llegado Javier Milei al poder, y bajo su ambicioso deseo por sincerar a las instituciones estatales, se anunció que la Agencia pasaría a ser autártica, es decir, el Gobierno ya no interviene, y cada aumento que se debe realizar implica una pelea nueva.

Los recortes que se intentaron dar a principio de año en el área de discapacidad sólo le abrieron un frente de lucha más al oficialismo, por lo que retomaron las negociaciones. Recién ahora los ajustes del nomenclador parecen acompañar la caída del poder adquisitivo que vive el bolsillo argentino, pero sigue sin compensar la deuda de vieja data que tienen. Y ni hablar de que cada aumento otorgado a las prestadoras recién es percibido entre los 90 y los 120 días de emitida la factura (cuando se les deposita).

Tiago Giansily, secretario nacional de Discapacidad e Integración del PRO, analizó esta situación en diálogo con MDZ: "Estamos bajo un sistema muy complejo que posterga a la persona con discapacidad. Veo que estamos en una situación de crisis, una crisis que dejó el kirchnerismo, pero que continúa el mismo lapso de no pago de los honorarios de los profesionales, aumentos no comparativos con la inflación o con lo que necesitan para seguir yendo adelante con sus terapias. Y hay que encontrar una solución a corto y mediano plazo".

Milei había brindado en enero un aumento del 20% frente a una inflación del 20,6%; luego un ajuste para febrero del 10% versus un 13,2%. Marzo entonces presentó una inflación del 11%, y el Gobierno otorgó una actualización del 12% que, aún así, se percibió recién ahora en mayo. Luis Caputo, ministro de Economía, proyecta para abril un aumento generalizado de los precios de un dígito, habiendo brindado a las prestadoras el mismo porcentaje de aumento que el mes anterior (12%). Por lo tanto, sí se va cubriendo, pero no logra compensar el desfasaje.

En este sentido, Giansily también destacó que hay una Agencia Nacional de Discapacidad en la que "las personas que tienen que tomar las decisiones clave, es decir, aquellas con cargos más elevados, no tienen la perspectiva de alguien que viva con una discapacidad". El secretario se ha tratado de poner en contacto con los funcionarios del área para ofrecerles una serie de propuestas a fin de humanizar más esta situación, pero aún no ha encontrado respuestas.

Y no se pueden pasar por alto los conflictos con las prepagas: la Justicia le dio luz verde hace un mes a la cautelar impulsada por el Ministerio de Salud y les ordenó que limiten los aumentos a la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC), así como reintegrarle a los afiliados los montos que se les cobró de más. De momento no han habido conflictos con esto, pero algunos prestadores temen que al no poder cobrar lo que quieren (las prepagas), recorten los pagos a las asistencias o alarguen el plazo para depositarles.

Las consecuencias para las personas con discapacidad

Gantesti trabaja como transportista hace años, y ve en este 2024 un momento culmine: muchos colegas suyos están colapsando por la crisis, abandonan sus tareas y se dedican a otra cosa, o bajan la frecuencia de sus servicios para "alargar el sufrimiento". Son muchos los profesionales de salud que invirtiendo varios dólares en la compra de elementos ortopédicos, por ejemplo, no encuentran ganancias y tiran la toalla.

Y esto lleva a una cuestión crucial, que habla de la salud y calidad de vida de las personas: las consecuencias determinantes para el desarrollo de los pacientes. Giansily explicó que "la primera consecuencia es el deterioro en la calidad de vida, lo fundamental. Si no realizan sus terapias, esto se nota inmediatamente".

"Yo tengo atrofia muscular espinal, me aplico mi medicamento cada 4 meses, es SPINRAZA y detiene el avance de la enfermedad. Ahora, si no hago este tratamiento acompañado de una terapia kinésica motora, fonoaudiología, terapia ocupacional, el medicamento no cumple la función que debería cumplir y mi salud retrocede", añadió.

Por su parte, Gantesti habló de su larga carrera como transportista y lo que ha logrado ver: "Hay muchos nenes que los transporto desde hace 15 años. Los vi crecer, vi cómo se han ido desarrollando, es impresionante el avance. Pero hoy tener que decirles que vamos a empezar a pasar solo 3 veces a la semana es difícil. Algunos lo entienden, pero a otros les complica demasiado".

Luego están las claras repercusiones en la salud mental: la frustración por ver que no se garantizan sus derechos. "Ya el convivir con un diagnóstico, con una enfermedad poco frecuente, con una enfermedad huérfana es difícil, y no tener todo el tiempo el apoyo necesario es peor; te quitan ese hora o esos 40 minutos de tu terapia en los que detenés tu enfermedad, y obviamente trae un malestar muy fuerte", sumó el secretario.

¿Qué establece la Ley?

Sancionada el 5 de noviembre de 1997 y promulgada un mes después, la Ley 24.901 refiere al sistema de prestaciones básicas en habilitación y rehabilitación integral a favor de esta comunidad tan postergada. El primer artículo contempla estas acciones de prevención, asistencia, promoción y protección. Se reconocen cinco clases de prestaciones:

• Prestaciones preventivas: se brindan a la madre y al embrión desde la concepción para su mejor desarrollo físico, psíquico y social. Incluye estimulación, diversos tratamientos y el apoyo psicológico del grupo familiar.
• Prestaciones de rehabilitación: aquellas que buscan la adquisición o recuperación de aptitudes para que una persona con discapacidad pueda lograr su integración social. Incluye la rehabilitación de capacidades motoras, sensoriales, mentales y viscerales, sean de origen congénito o adquirido.
• Prestaciones terapéuticas educativas: buscan la restauración de conductas desajustadas, autonomía e independencia, por medio de técnicas terapéuticas, pedagógicas y recreativas.
• Prestaciones educativas: la escolaridad, apoyos para ir a la escuela común, la capacitación laboral, talleres de formación laboral y otros.
• Prestaciones asistenciales: cubren necesidades básicas como vivienda, alimentación, atención especializada.

Se apunta a que las obras sociales tengan a su cargo -con carácter obligatorio- la cobertura total de las prestaciones básicas a sus afiliados. Y aquellas personas que no están incluidas dentro de este sistema de prestaciones de salud, serán amparadas por el Estado (a través de sus organismos). 

La legislación, por su parte, instaura que las prestaciones previstas en esta ley se financiarán del siguiente modo:

• Personas beneficiarias del Sistema Nacional del Seguro de Salud comprendidas en el inciso a) del artículo 5º de la ley 23.661, con excepción de las incluidas en el inciso b) del presente artículo, con recursos provenientes del Fondo Solidario de Redistribución a que se refiere el artículo 22 de esa misma ley:
• Jubilados y pensionados del Régimen Nacional de Previsión y del Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones, con los recursos establecidos en la ley 19.032, sus modificatorias y complementarias,
• Personas comprendidas en el artículo 49 de la ley 24.241, con recursos provenientes del Fondo para Tratamiento de Rehabilitacion Psicofísica y Recapacitación Laboral previsto en el punto 6 del mismo artículo;
• Personas beneficiarias de las prestaciones en especie previstas en el artículo 20 de la ley 24.557 estarán a cargo de las aseguradoras de riesgo del trabajo o del régimen de autoseguro comprendido en el artículo 30 de la misma ley;
• Personas beneficiarias de pensiones no contributivas y/o graciables por invalidez, excombatientes ley 24.310 y demás personas con discapacidad no comprendidas en los incisos precedentes que no tuvieren cobertura de obra social, en la medida en que las mismas o las personas de quienes dependan no puedan afrontarlas, con los fondos que anualmente determine el presupuesto general de la Nación para tal fin.

El valor de las prestaciones en abril