¿A quién beneficia liberar el sistema de medicina prepaga?

El reciente cambio de gobierno en Argentina ha desencadenado una serie de debates que han sacudido la agenda pública, especialmente en lo que respecta al sistema de salud. Uno de los temas más candentes ha sido la implementación de la "libre competencia" entre obras sociales  y prepagas, como se establece en el DNU 70/23. Para entender plenamente este debate, es crucial comprender las diferencias fundamentales entre las obras sociales y las prepagas. Mientras las primeras son entidades sin fines de lucro, destinadas a proporcionar servicios médicos a los trabajadores y sus familias, las segundas son empresas orientadas a obtener ganancias.

Las obras sociales se financian mediante aportes proporcionales al salario, que aportan los trabajadores y sus empleadores, lo que garantiza un sistema solidario de atención médica. En contraste, las prepagas operan con tarifas más elevadas, lo que puede excluir a aquellos con salarios más bajos.

En una obra social, un trabajador que gana 600 mil pesos aporta 54 mil pesos

Es el equivalente a un 9%, del cual aporta un 6% el empleador y un 3% el empleado, y con ese aporte la obra social debe brindar servicio a él y su grupo familiar. En cambio, en una prepaga el mismo trabajador podría pagar arriba de 250 mil pesos para
recibir servicio él y su grupo familiar. Acá hay que tener en cuenta que dos asociados pueden pagar un monto muy distinto por un
mismo servicio, por lo cual no existe un criterio para fijar las cuotas.

El sistema de obras sociales es solidario, o sea que los trabajadores que más ganan y menos consumen pagan el mismo porcentual, que es un 3 por ciento de su salario, mientras que el empleador aporta un 6 por ciento, llegando así a un 9 por ciento del salario que aporta cada trabajador afiliado. Es la única manera en la que se sostiene un sistema con estas características, que debe brindar servicios de medicina percibiendo entre 5 y 10 veces menos ingresos por trabajador y grupo familiar que las prepagas.

¿Qué es el fondo solidario de redistribución?

Se trata de un fondo que tiene como objetivo principal el reintegro de fondos a las obras sociales por tratamientos complejos y costosos a través del Sistema Único de Reintegros. Este fondo, históricamente, recaudó a través de la AFIP. De los aportes que los trabajadores y empleadores realizan mensualmente a la obra social la AFIP retiene un 15% para el SUR. Este sistema surge como mecanismo para que las obras sociales “chicas” puedan sostener su economía frente a tratamientos muy costosos. Debemos recordar que dichos fondos son pertenecientes a los trabajadores retenidos exclusivamente para tratamientos de salud y no son
fondos públicos.

A partir de ahora, con las implementaciones planteadas por el ejecutivo en el DNU 70/23, y luego en la Ley  Bases, las prepagas pasarían a aportar un 20 por ciento de su recaudación mediante AFIP para el Sistema Único de reintegros, lo que quiere decir que los medicamentos y tratamientos de alto costo les serán reintegrados desde el sistema SUR.

¿Qué harán las prepagas?

El 20 por ciento de aportes que deban destinar al SUR se lo cargarán a las cuotas de los asociados, hecho que ya ocurrió desde la salida del DNU hasta acá. De esa manera podrán hacer que los tratamientos más costosos sean reintegrados a sus empresas de medicina privada. Como si las mismas fueran entidades sin fines de lucro o necesitaran dichos reintegros “solidarios”. Por otro lado, hay que tener en cuenta que de la recaudación de las obras sociales un 7% debe utilizarse para gastos administrativos. El resto, no puede ser utilizado para nada más que brindar servicios de medicina.

Las prepagas pueden utilizar esas ganancias para invertir en acciones o compras de empresas, como así también en la construcción de mega clínicas. Es importante señalar que las obras sociales están sujetas a regulaciones más estrictas y deben rendir cuentas sobre el uso de los fondos, mientras que las prepagas tienen más libertad en este sentido. Lo mismo ocurre con los monotributistas, a los que las obras sociales están obligadas a aceptar, aunque aporten mucho menos que un trabajador. Las prepagas, en cambio, no tienen dicha obligación.

¿Liberar el sistema de medicina prepaga en beneficio de quién?

El gobierno desregulo y liberó las tarifas de las prepagas, las cuales no dudaron en llevar adelante aumentos abísmales en sus cuotas, algunas más del 250% desde diciembre hasta marzo, resultando imposible el pago para sus socios. En medio de este debate, es esencial recordar que la salud no debería ser un privilegio reservado para quienes pueden pagar tarifas elevadas. El sistema de salud argentino debe garantizar el acceso equitativo a servicios médicos de calidad para todos los ciudadanos. Y en
ese sentido, el sistema de obras sociales argentino es admirado en el mundo.

En última instancia, este debate sobre la salud en Argentina pone de relieve los desafíos y las tensiones entre diferentes modelos de atención médica, pero también ofrece la oportunidad de reflexionar sobre cómo mejorar el acceso y la calidad de los servicios de salud para todos los argentinos.

* Facundo Aveiro. Secretario General del Personal de Industrias químicas y Petroquímicas de la Ciudad de Buenos Aires. (SPIQYP)