¿Debe bajarse de 16 a 14 la edad de imputabilidad?

El presidente Javier Milei inició un debate acerca de la baja de la edad de imputabilidad en función de replicar a través de sus redes sociales que ha instruido a su ministro de Justicia en acelerar la redacción del proyecto para modificar la ley 22.278, luego de que se conociera que el crimen del playero en Rosario que habría sido cometido por un joven de 15 años y que por ende sería inimputable.

Como en muchos temas cuando se inicia el tránsito de debate sobre un tema tan trascendental para la sociedad como este aparecen voces a favor y voces en contra, con lo cual vamos a tratar de echar un poco de luz sobre la cuestión desde un punto de vista jurídico, en las pocas líneas que un artículo nos puede permitir, puesto que mucho habría por decir.

Hoy el mojón de la inimputabilidad está marcado en los 16 años, conforme el artículo primero de la ley antes señalada, sin perjuicio que recién a los 18 años se procede a cumplir una condena con las reglas de adulto. Entre los 16 y los 18 años estamos dentro de lo que se llama un régimen penal juvenil que tiene sus particularidades y características e incluso escalas de penas distintas. Es decir sin perjuicio que la imputabilidad se inicia a los 16 el régimen del cumplimiento de la pena no es el mismo en dicha franja de 16 a 18 años que cumplida la mayoría de edad.

Ahora bien, partiendo de esta base conceptual, la pregunta es ¿debe bajarse la edad de la imputabilidad de 16 a 14? ¿Eso implica criminalizar jóvenes cuando se le deberían dar otro tipo de herramientas y no la punición estatal, cómo marcan especialmente los detractores de la baja de la edad? Ello implica violentar tratados internacionales que protegen a los niños?. La mayor parte de las discusiones sobre la temática están fundadas en el lugar donde se coloca el foco de análisis de la cuestión, si lo hacemos desde el delincuente juvenil y lo analizamos desde la inmadurez que este posee para tener consecuencias de sus actos o si lo hacemos en la víctima, que sufre un hecho por parte de un menor sin que haya ningún tipo de castigo al respecto. Hace tiempo que sostengo que no es un extremo ni otro, sino la búsqueda de un equilibrio.

Desde mi óptica, compartiendo la visión del presidente, la necesidad de bajar la edad de inimputabilidad es dar respuesta a muchísimas víctimas que, por perdidas de familiares o por ser víctimas de delitos cometidos por menores se han visto  imposibilitados de obtener pronunciamientos judiciales quedando el sinsabor de no obtener justicia bajo la excusa de la
minoridad. Es decir, es dar una respuesta social. Ahora no perdemos de vista que la madurez de jóvenes de 14 años y la posibilidad de comprender las consecuencias de sus actos no son iguales a las de mayores de 16 y muchos menos a los de 18.

Los jóvenes a los 14 años, según la psicología, tienen la capacidad de distinguir, en principio, entre lo que está bien y lo que está mal y de aprender lo que la norma permite hacer. Y si no específicamente un menor no tiene la madurez necesaria para  comprenderlo, es la propia posología quien podrá así decirlo en el caso en concreto. Pero distinto es que la ley lo establezca directamente. Entonces, el derecho de fondo tiene que garantizar que un menor entre los 14 y los 16 años que comete un delito tenga consecuencias o pueda ser posible de las mismas. Ahora bien claramente la forma de cumplir esa sanción no puede ser la misma para un menor entre 14 y 16, que uno de 16 y 18 que un mayor de edad.

Allí sí debe existir una progresividad en el tratamiento que se le va a dar al menor que delinquió. Y por supuesto, un  régimen sancionatorio especial, particular, considerando la vulnerabilidad de los menores. Incluso las provincias tendrán que adaptar los procesos de menores bajo estas reglas. En definitiva una cosa es establecer el límite de la edad de la imputabilidad y otra cosa es qué pena y cómo la cumple donde allí sí se deberá resguardar o tener en cuenta a la hora de legislar qué estamos hablando de menores y de toda la normativa internacional al respecto. Por eso, a aquellos detractores de bajar la edad de la inimputabilidad que sostienen que a los menores hay que darles herramientas y no castigos, tener los conceptos claros es una
buena fuente de discusión. Aún la aplicación de una sanción es la posibilidad de darle herramientas para sacarlo del ambiente delictivo, y que deba aprender las consecuencias de sus actos, sin que ello implique ir a la cárcel como la gente se imagina.

Pero esto además es darle respuestas a las víctimas que sufren hechos conmocionantes a mano de jóvenes que, por motus propios o enviados por adultos, sufren un delito y quedan con el sabor amargo de no tener ningún tipo de respuesta del estado.
En definitiva, desde mi óptica debe bajarse la edad de la imputabilidad, estableciéndose el límite a los 14 años, pensando en un régimen sancionatorio muy especial y particular para dar herramientas a los mismos, basados en su vulnerabilidad, con la finalidad de brindarle herramientas para que puedan salir del sistema delictivo. Ello es una forma de equilibrar derechos de víctimas, derechos de menores pero dando respuesta a una conflictividad social latente desde hace años.

Es hora de dar la discusión, de manera madura.

* Damián Torres, abogado penalista, autor de los libros “Cuando salvar vidas se convirtió en delito” y “El derecho a decir no”. IG: @datorresok