Los dispositivos que fallaron en el caso de la menor de 13 años que dio a luz

Tras activarse el protocolo para investigar cómo se produjo el embarazo infantil que derivó en el parto de una menor de edad de 13 años en La Paz, Mendoza, comienzan a desvelarse algunas piezas de un rompecabezas difícil de armar. Con la Directora del Programa Provincial de Maltrato a la Niñez y Adolescencia, Silvina Mollo, descubrimos qué falló previamente, cómo se aborda el caso y la importancia de la escuela y la Educación Sexual Integral como garante de derechos.

Ante todo, el resguardo de la intimidad de la menor de edad es lo primero que se prioriza. De lo contrario, se estarían vulnerando más derechos de los que ya fueron quebrantados. En el día de ayer, el Hospital Perrupato informó que la paciente “continúa en buen estado general, estable y en sala común”. 

En el caso interviene el Equipo Técnico Interdisciplinario (ETI) y el Programa Provincial de Prevención y Atención Integral del Maltrato a la Niñez y Adolescencia  (PPMI). Silvina Mollo, explicó que previamente no tenían conocimiento de la situación. “A partir del lunes comenzamos a trabajar con toda la situación de la niña en toda la parte de contención y diagnóstico. Se trabaja en todas las situaciones de violencias: violencias sexuales y violencias físicas no solamente con los niños, niñas o adolescentes que llegan al programa, sino también con los adultos y las adultas que los acompañan”, señaló la Licenciada en Trabajo Social. 

El procedimiento de trabajo del PPMI se da en el ámbito de la salud, “desde lo clínico terapéutico podemos hacer diagnósticos, pero básicamente nos centramos mucho en el tratamiento y en el acompañamiento posterior al diagnóstico”, sostuvo Mollo. Específicamente en situaciones como las de este caso, el PPMI trabaja de forma coordinada con otros sectores con el objetivo de restituir los derechos vulnerados. 

En ese sentido, la Directora del PPMI comentó que “también trabaja el ETI, desde la protección de derechos, que es quien evalúa la toma de alguna medida si no hay un adulto que proteja derechos de esa niña o ese niño, e interviene para evaluar y determinar quién va a ser el adulto que va a acompañar la crianza. En tercera instancia, cuando estas situaciones de violencia se constituyen en delito -que son las violencias sexuales y las físicas cuando hay lesiones- interviene la Fiscalía, se hace la denuncia penal y ellos investigan quién fue el agresor”. 

Fuentes cercanas a la Dirección General de Protección de Derechos de niños, niñas y adolescentes (DGP) confirmaron este lunes a MDZ que durante el último año la menor de edad estuvo viviendo con su progenitor en la provincia de San Luis y regresó a la provincia en diciembre. Por esta razón, se investiga al padre como uno de los principales sospechosos de abuso sexual. Lo que sí está claro es que los niños, niñas y adolescentes no son considerados aptos para consentir una relación sexual y hasta los 13 años es considerado un delito, de acuerdo al artículo 119 del Código Penal. 

De acuerdo a la información brindada por José María Llaver, Director del Hospital Perrupato a MDZ, la nena no había tenido ningún control obstétrico y pre natal. “No puedo asegurar el número de semanas porque la madre no lo tiene claro, tampoco el momento del embarazo de la menor, no hay controles obstétricos previos pero sí podemos determinar que fue un parto que se dio antes de término”, indicó el médico y agregó que la menor “ingresó al hospital acompañada por la madrina” y luego por la madre. 

En relación a los dispositivos que fallaron para detectar previamente el embarazo infantil, el principal límite estuvo en que la niña no había estado en la provincia durante el último año pero “hay veces que se enteran algunas instituciones estatales y otras veces que no”, aseguró Mollo. Esto principalmente ocurre “en los embarazos forzados producto de violencia sexual, ya que la mayoría de las situaciones se dan dentro del núcleo familiar conviviente y muchas veces no se llega a saber de la situación y se sabe cuando llegan a una guardia ya en situaciones de gravedad”. 

La Educación Sexual Integral, establecida por Ley como un derecho, es una herramienta que además de prevenir las violencias sexuales permite detectarlas cuando ya han ocurrido. “Las escuelas este son un elemento fundamental a la hora de la detección de las situaciones de violencia sexuales, con la Educación Sexual Integral se detectan muchas de las situaciones de abuso porque ahí los niños empiezan a saber, a conocer acerca del respeto de su propio cuerpo, de que nadie puede tocarlos y empiezan a darse cuenta que muchas veces les pasan cosas que no se han dado cuenta de que son vulneraciones de derecho contra sí mismos, que lo sufren pero no saben cómo y a quién decirle lo que les está pasando”, manifestó la especialista. 

En consecuencia, la Trabajadora Social aseguró que “la escuela es un elemento fundamental donde se podría haber identificado que esta niña tenía alguna situación de de violencia sexual y el otro elemento es el control de los niños sanos. Cuando uno lleva al niño, niña o adolescente a una institución de salud a hacer el control, sobre todo la pubertad de las niñas, no solamente hay que medirla, pesarla, escucharle los pulmones y el corazón, sino también hacer una entrevista más profunda acerca de cuestiones de si tuvo la primera menstruación, cuestiones que van un poco más allá. Hay formaciones específicas para poder trabajar con los padres y adolescentes”. 

Estos dispositivos que no funcionaron en el caso de la nena permiten identificar diferentes situaciones y coordinar con equipos especializados. “En las situaciones de violencia sexual es fundamental que todas las instituciones vinculadas las infancias y adolescencias, estemos atentas a ver si tenemos indicadores o algo que nos prenda la luz de alarma y cuando eso pasa poder comunicarlo y poder contactarse con la institución que corresponda”, afirmó la mujer. 

Para finalizar, agregó que es importante que la comunidad se involucre en denunciar cuando sospecha de alguna situación de violencia. “Tanto en Mendoza como en San Luis está el 102 que funciona las 24 horas y los llamados son confidenciales”, concluyó.