Biodescodificación: psicólogos mendocinos arremetieron contra la jueza que lo usó en un polémico fallo

En una decisión sin precedentes y que causó revuelo en Mendoza, el juzgado de Palmira se convirtió en el primero en implementar la justicia restaurativa, una herramienta para abordar conductas convencionales, mediante la biodescodificación. La jueza de Paz, Verónica Guevara Sisti, aplicó esta técnica en su fallo para condenar a padres por la reiterada ausencia escolar de sus hijos. La medida busca no solo sancionar, sino reparar vínculos y resignificar situaciones, marcando un hito en el ámbito judicial cuestionado por la falta de evidencia científica.

Desde el Colegio de Psicólogos de Mendoza dispararon con un fuerte comunicado al respecto en las últimas horas. "Tanto la Biodescodificación, como varias otras de estas 'prácticas alternativas', carecen de reconocimiento académico y científico, no existe matriculación para su ejercicio, y son realizadas por personas que no tienen formación profesional, por lo tanto, carecen de todo tipo de habilitación por parte del Ministerio de Salud. [organismo que regula las prácticas profesionales en materia de salud]", indicaron.

"Más allá de las elecciones terapéuticas personales de la magistrada, nos llama poderosamente la atención que ejerciendo su cargo de funcionaria pública desconozca que estás técnicas NO están habilitadas. Y más nos preocupa, que se realice en acuerdo con la DOAITE (según relata la nota), quedando a cargo de 'facilitadores', en lugar de consultar y derivar a profesionales de la Salud Mental, con formación académica y experiencia demostrable, además de poseer matrícula habilitante adecuada para el abordaje de temáticas vinculares", sumaron.

Y remarcaron que el uso de estas pseudociencias podría implicar severos perjuicios a quienes se sometan a estas terapias máxime, teniendo en cuenta que no hay ninguna institución legalmente reconocida que pueda dar cuenta de la pericia, ni el saber de quién las realiza.

"Por lo expuesto, solicitamos que tanto la Justicia Provincial, como la DOAITE dependiente del Poder Ejecutivo Provincial, revisen el uso de prácticas ilegales y apelen a consultar a profesionales debidamente matriculadas/os y ampliamente capacitadas/os para tratar problemáticas vinculares", añadieron.

El caso de Palmira sigue trayendo polémica. De hecho, distintos especialistas pertenecientes al ámbito judicial y psicológico siguieron cuestionando y también destacando la herramienta usada por la jueza de Paz. Quienes hablaron a favor rescataron el resultado que revirtió en unas 150 familias que no llevaban a sus hijos a la escuela.