Abrumador aumento de los recursos judiciales contra las prepagas por la suba de las cuotas

El abogado Federico Ferrari, quien encabeza el estudio jurídico conocido como “El Abogado de la Salud”, aseguró que desde la desregulación de las tarifas de las prepagas, subió exponencialmente la cantidad de casos que se le presentan, principalmente por los aumentos desmedidos de las cuotas, pero también por la demora en la entrega de medicamentos a pacientes oncológicos o diabéticos.

Si bien hace varios años se especializa en derecho a la salud, asesorando también a ONGs dedicadas a la contención de personas que atraviesan la enfermedad del cáncer, tras los importantes incrementos de las prepagas, se han multiplicado los reclamos judiciales y ha atendido casos donde hubo afiliados que tuvieron una variación en las cuotas de hasta el 500% en los últimos dos meses. 

El brutal aumento hizo que haya grupos familiares en la encrucijada de desafiliarse y dejar a alguna persona adulta mayor fuera del sistema de salud privada porque ninguna otra empresa de medicina prepaga lo absorbe luego de determinada edad.

Ocurre que la medicina prepaga funciona como un seguro. Quizás el afiliado no lo utilice todos los meses, hasta que llega el momento en que lo necesita. Entonces, con los aportes del resto de afiliados, se cubren las prestaciones de quien requiere hacer esas erogaciones. “Pero es el Estado el principal garante de la salud a nivel nacional de todos sus ciudadanos que, al no poder otorgarle prestaciones de salud de calidad a toda la población, delega esa facultad en los sindicatos en el caso de las obras sociales y en empresas o sociedades, que constituyen el sistema de medicina privada”, explicó en diálogo con MDZ, Ferrari quien opinó que el aumento tan marcado en las cuotas que vienen aplicando las prepagas, no tiene una justificación válida.

“Son injustificados, porque aquellas prestaciones de alto costo o de alto impacto, son cubiertas por la Superintendencia de Servicios de Salud mediante un sistema de reintegro. Entonces, todos los gastos que excedan lo que la prepaga está cobrando, que son prácticas complejas, como quimioterapias o tratamientos de enfermedades crónicas, terminan siendo reintegrados por la SSS”, indicó.

Los reclamos más comunes

El abogado de la salud explicó que la mayoría de los amparos que tramita junto a su staff, compuesto por un equipo multidisciplinario, que se centran en el aumento excesivo unilateral por parte de las prepagas. “Además, estamos observando que se están aplicando coseguros en los sanatorios y clínicas por prácticas oncológicas o tratamientos de enfermedades crónicas, lo cual no corresponde y es preocupante”, sentenció Ferrari.

“La falta de medicación oncológica y para diabetes también es un reclamo que nos está llegando al estudio. Hay mucha reticencia en entregar medicación; se dilatan mucho las autorizaciones, que están pendientes por mucho tiempo y no se terminan autorizando. Y encima son tratamientos crónicos y pacientes enfermos que necesitan una asistencia terapéutica precisa y urgente. No se puede dejar a una persona diabética sin insulina. Así como se está viendo en el sistema público, es grave que en el sistema privado donde se aplican ajustes tan drásticos en las cuotas, se vea la misma problemática. Por eso, también estamos abocados a solucionar este tipo de problemáticas que se nos están presentando cada vez con mayor frecuencia en el estudio”, reveló Ferrari.

El abogado detalló además que observa un colapso dentro del sistema judicial para dictaminar medidas cautelares respecto a la situación que está atravesando los afiliados con prepagas, pero que se está poniendo mucha voluntad para manejar la situación “de la mejor manera posible”.

“La verdad es que se está haciendo un esfuerzo destacable, porque están ingresando arriba de mil expedientes por semana solamente en los once juzgados federales de Capital Federal. Es un número elevado. En el Interior del país, funcionan un poco mejor el sistema, pero se está viendo este aumento de recursos judiciales en ciudades grandes como Córdoba, Mendoza o Santa Fe, donde las cautelares se están resolviendo relativamente más rápido”, explicó.

“Lo que se demoran son la resolución en amparos por los aumentos de las cuotas, pero cuando presentás un reclamo por la falta de medicación, ahí el juzgado interviene de manera muy rápida y dictamina las cautelares necesarias, al tener en cuenta que quien acciona es una persona con riesgo de vida. Por eso, se le da prioridad y se dejan otras resoluciones de lado. Hemos logrado que en un lapso de 48 a 72 horas se obtengan medidas cautelares para hacer frente a situaciones preocupantes de pacientes con enfermedades crónicas”, reveló Ferrari.

Aumentos sin restricciones

Desde que el decreto presidencial 70/2023 se encuentra vigente por no haber sido rechazado aún por el Congreso, la desregulación de las cuotas de la medicina prepaga alcanzó aumentos despedidos que expulsaron a los afiliados del sistema, los que terminan demandando atención en la salud pública.

Si bien el año pasado hubo ajustes casi mensuales de las cuotas, la escalada de los últimos tres meses hizo crítica la situación por lo relegado que quedaron los salarios y las jubilaciones y pensiones respecto a la inflación del 25,5% en diciembre y del 20,6% en enero de 2024.

“La Superintendencia de Servicios de Salud fue autorizando incrementos en las cuotas en forma frecuente y en su portal muestra que en el 2023 hubo aumentos acumulados casi en forma mensual: un 6,90% en enero de 2023; 8,21% en febrero; 7,66% en marzo; 2,36% en abril; 4,76% en mayo; 5,49% en junio; 8,49% en julio; 8,72% en agosto; 7m,18% en septiembre; 6,97% en octubre; 10,98% en noviembre; y 11,51% en diciembre de 2023.  Suman un 87.23% de aumento acumulativo durante todo 2023. En lo que va de enero y febrero, hemos tenido casos de afiliados que tuvieron incrementos de un 140% hasta un 500% en dos meses”, explicó Ferrari.

En cuanto a los fallos obtenidos hasta el momento por este ajuste brutal de las cuotas a afiliados, el abogado indicó que hubo sentencias en las que se rechazó una medida cautelar considerando que las medidas desregulatorias habilitadas por el DNU 70/2023 son “cuestiones políticas no judicializables”.

“Lo que nosotros planteamos con los amparos es que el elevado porcentaje de aumento en las cuotas conlleva a una desafiliación indirecta, que es irrazonable y que se tienen que tomar cartas en el asunto de manera judicial, porque evidentemente desde el lado político no lo van a solucionar, o al menos todavía no tenemos ningún tipo de resolución por parte del Congreso”, explicó Ferrari.

El abogado de la salud recordó que ya se dictaminaron fallos en la Cámara Federal de San Martín que fueron “muy positivos” declararando al DNU firmado por el presidente Javier Milei de “inconstitucional”. “De todas formas, a la fecha esa resolución no repercutió en ninguna prepaga. Es decir, ninguna retrotrajo el incremento de cuotas.

Otro dato relevante es que la Defensoría de Consumidor de la Provincia de Buenos Aires emitió una intimación a OSDE advirtiendo que aplicaría multas elevadas en caso de proseguir con los aumentos. Sin embargo, la prepaga hasta el momento no dio marcha atrás”, indicó Ferrari. Es por esto que, tanto este abogado como otros que están abocados a dar curso a estos reclamos judiciales, están a la espera de que la Corte Suprema de Justicia emita alguna resolución que sienta precedente en cuanto a la inconstitucionalidad de la desregulación y cómo afecta esta “desafiliación indirecta” el derecho al acceso a la salud a la población argentina.