Ficha limpia: por qué no avanzamos hacia una política libre de corrupción

El proyecto de Ficha Limpia es una iniciativa, ampliamente respaldada por la sociedad civil, busca garantizar que quienes representan al pueblo sean ciudadanos ejemplares. Sin embargo, en el Congreso de la Nación Argentina, esta propuesta no ha avanzado, reflejando contradicciones profundas en nuestra cultura política. 

La pregunta es inevitable: ¿por qué una medida tan lógica enfrenta tanta resistencia?

Análisis criminológico: las razones del estancamiento

El bloqueo de Ficha Limpia no se explica únicamente desde la lógica legislativa. Responde a factores culturales, políticos y sociales que exponen problemas estructurales más amplios en la clase dirigente:

• La indulgencia cultural hacia la corrupción

La corrupción es percibida de manera ambigua en nuestra sociedad. En lugar de ser condenada como un delito grave, muchas veces se justifica bajo argumentos que minimizan su impacto, como "es parte del sistema" o "todos lo hacen". Esta permisividad se refleja en las actitudes de la clase dirigente, donde la corrupción no solo se normaliza, sino que se justifica como una necesidad política. 

Algunos líderes sostienen que sus actos indebidos son "pragmatismo político", argumentando que decisiones cuestionables son necesarias para garantizar la estabilidad o resultados concretos. Este enfoque no solo perpetúa la impunidad, sino que envía un mensaje devastador: los representantes del pueblo actúan como si estuvieran por encima de las leyes que deben cumplir, reforzando la desconfianza hacia las instituciones y la percepción de que el poder político exime de responsabilidades legales. y éticas.

• Conflictos de intereses y autoexclusión de la responsabilidad

La resistencia a Ficha Limpia en el Congreso evidencia un grave conflicto de intereses. Los legisladores, encargados de proteger el interés público, temen que la ley los alcance a ellos mismos o a sus aliados. Este choque entre el deber público y los intereses personales desvirtúa la esencia de la representación democrática. 

Al actuar como si fueran jueces y parte, priorizan sus privilegios sobre el bien común, consolidando una cultura de impunidad y desafección ciudadana.

• El mensaje social de la clase dirigente

Cuando los representantes del pueblo no se someten a estándares éticos básicos, refuerzan la percepción de que el poder otorga inmunidad. Este mensaje debilita el Estado de derecho, desincentiva la participación ciudadana y alimenta el cinismo hacia la democracia. En lugar de actuar como modelos de integridad, los líderes políticos transmiten que la ejemplaridad no es requisito para gobernar. Esto no solo erosiona la legitimidad de las instituciones, sino que perpetúa ciclos de corrupción y desigualdad estructural.

Un vistazo histórico: cuando la integridad era la norma

En las antiguas civilizaciones, el vínculo entre poder e integridad era central. En Grecia, los representantes eran seleccionados por su carácter moral y se sometían a auditorías públicas para garantizar su probidad. En Roma, los magistrados se enfrentaban a penas severas, incluida la pérdida de su carga y bienes, si cometían actos corruptos.

Estas prácticas reforzaban la idea de que quienes ostentaban poder debían ser dignos de confianza y rendir cuentas tanto en su vida pública como privada. La corrupción era vista como una traición al pueblo, y su castigo ejemplar tenía un efecto disuasorio fundamental.

Una clase dirigente exenta de responsabilidad

La falta de avances en Ficha Limpia plantea una pregunta inquietante: ¿la clase política se considera excluida de respuesta por actos corruptos? Este sentimiento de inmunidad, alimentado por un sistema que tolera y justifica la corrupción, perpetúa un mensaje que socava los valores democráticos. Es urgente recuperar la ejemplaridad como principio rector de la política. Exigir que los representantes del pueblo sean ciudadanos íntegros no es solo una cuestión ética, sino una necesidad para reconstruir la confianza en las instituciones.

En una democracia verdadera, el poder no debe ser un refugio para la impunidad, sino una responsabilidad al servicio del bien común. 

El desafío está planteado: ¿seguiremos tolerando que los líderes políticos actúen como si las leyes no les aplican? 

* Lic Eduardo Muñoz. Criminólogo y criminalista. Especialista en prevención del delito. Consultor de seguridad integral

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