El pedido de la SIGEN a la Justicia tras la demanda que inició la UBA al Gobierno

La Sindicatura General de la Nación (SIGEN) le pidió a la Justicia que la Universidad de Buenos Aires ( UBA) presente "documentación referida a la utilización de los fondos públicos asignados por el Poder Ejecutivo Nacional".

El Síndico General de la Nación, Miguel Blanco, con el patrocinio del Procurador del Tesoro de la Nación, Rodolfo Barra, presentó ayer miércoles un escrito ante la justicia para que, en el marco del artículo 59 de la Ley 24.521 de Educación Superior y de lo establecido en la Ley 24.156, que establece: "La Universidad de Buenos Aires presente la documentación referida a la utilización de los fondos públicos que le son asignados por el Poder Ejecutivo Nacional".

En el documento se especifica que el organismo rector del sistema de control interno no pretende "auditar planes de estudio, contenido, designación de autoridades, ni afectar la libertad de cátedra, como así tampoco designar el auditor interno de la UBA, cuestiones totalmente ajenas al objetivo de las auditorías de la SIGEN".

La solicitud de la Sindicatura apunta a que la justicia instruya a la Universidad de Buenos Aires a brindar información sobre el destino de los fondos públicos y que se detalle cómo fueron los mismos ejecutados; es decir, que explique "en qué se utiliza el dinero girado por el Poder Ejecutivo en lo relativo a licitaciones, contrataciones directas, convenios, etc".

"Se procura verificar las cuentas y procesos y controles internos de la universidad, a fin de evaluar la eficacia operativa y coadyuvar a proporcionar información para la mejora en la ejecución de esas operaciones", aclaró el Síndico en su solicitud a la Justicia.

Asimismo, solicitó que se inste a la UBA "a rendir cuenta documentada de los fondos transferidos por el Tesoro Nacional" para que de esta manera la Sindicatura General de la Nación pueda cumplir con sus funciones en el marco de la actividad propia del control interno, complementario al control externo que lleva a cabo la Auditoría General de la Nación (AGN).

En ese sentido, el comunicado difundido por Capital Humano recuerda que "hasta 2022 era habitual esta rendición de cuenta, y que ese año fue interrumpida por un dictamen emitido por el entonces procurador del tesoro nacional, Carlos Zannini".

El pedido realizado ante la Justicia se enmarca en el artículo 59 de la Ley de Educación Superior que establece que las instituciones universitarias tienen "autarquía económico-financiera que ejercerán dentro del régimen de la Ley de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional".

Cabe recordar que el organismo le envió una nota al rectorado de la Universidad de Buenos Aires el día 28 de octubre último, advirtiéndole el inicio de los trabajos de auditoría dispuesto en esa casa de altos estudios. “Los organismos públicos deben rendir cuentas de los recursos que reciben y por esta razón es necesario auditarlos para garantizar la transparencia”, enfatiza la presentación.

En resumen, la solicitud de la Sindicatura General de la Nación a la Justicia es que la UBA presente la siguiente documentación:

• La normativa interna de la universidad para la aprobación y autorización de gastos por parte de cada funcionario.
• Normas reglamentarias vigentes referidas al circuito de compras y contrataciones.
• Listado de expedientes que conforman cada una de las rendiciones efectuadas sobre los fondos, sujetos a rendición, transferidos por la actual Subsecretaría de Políticas Universitarias de la Secretaría de Educación durante los ejercicios 2022-2023.
• Detalle de las adquisiciones realizadas a través de los fondos transferidos por la cartera de Educación.
• Y, acceso a los Sistemas SIU PILAGÁ Y SIU DIAGUITA (módulo de compras, módulo de patrimonio), a modo de consulta para comprobar las registraciones de los gastos y sus rendiciones de cuenta.

Cabe recordar que la Universidad de Buenos Aires presentó el pasado lunes una "acción declarativa de certeza" con el objetivo de que la justicia determine si la SIGEN puede o no auditar sus operaciones. En el marco de esta acción, la universidad solicitó una medida cautelar para impedir que la intervención estatal se realice hasta que se resuelva la cuestión de fondo.

En su presentación, la UBA pidió al Poder Ejecutivo Nacional y a la Sindicatura que "se abstengan de realizar cualquier tipo de acción vinculada con intervenciones a esta Universidad, bajo el nombre de auditorías y/o cualquier otra denominación que implique el control interno".