La propuesta del acusado por la masacre de pingüinos a días de iniciar el juicio

El próximo lunes dará inicio en Rawson, provincia de Chubut, el esperado juicio por la masacre de pingüinos en Punta Tombo. Se trata de un caso de impacto mundial por el nivel de daño ambiental denunciado en una de las reservas más importantes de pingüinos de Magallanes en Sudamérica.

El único imputado es Ricardo Adolfo La Regina, un productor ganadero a quien se lo acusa de arrasar con nidos en plena etapa de reproducción y colocar un alambre electrificado que habría afectado a varias aves en el sector del Área Natural Protegida para la preservación de las aves con reconocimiento de la Unesco.

La fiscal general Florencia Gómez liderará la acusación junto a Eduardo Hualpa, en representación de asociaciones como Greenpeace y Fundación Patagonia Natural.

Las pruebas obtenidas en contra del productor ganadero incluyen imágenes satelitales de Nat Geo, que muestran que en noviembre de 2021 se utilizó una retroexcavadora de 83.000 kilos para abrir caminos dentro de la reserva, destruyendo nidos y pichones de apenas 90 gramos. Según la fiscal, el daño afecta una extensión de 900 metros, atravesando áreas de anidación en plena temporada de reproducción.

La presunta muerte de numerosos pingüinos en la estancia "Punta Clara", al norte de la reserva faunística de Punta Tombo, habría acontecido como consecuencia de la ejecución de un camino paralelo a la costa, sumado a la colocación de un alambre electrificado; para ambas acciones no se habría solicitado autorización previa a las autoridades provinciales. 

En las imágenes de alta definición que aportó Nat Geo, se evidencia, según los expertos, cómo la retroexcavadora empleada removió hasta 40 centímetros de suelo, lo que destruyó por completo los nidos y los huevos de pingüinos en su interior.

Como el juicio ha captado la atención internacional, la primera jornada será transmitida en vivo y con traducción simultánea al inglés en el canal de YouTube del Poder Judicial de Chubut. Sam Guilford, gerente de GIS & Mapping de Nat Geo y testigo clave en el proceso, arribó en las últimas horas a la ciudad de Rawson para dar su testimonio sobre el daño ecológico causado.

Propuesta de último momento

Según informaron medios locales, La Regina, quien está acusado de delitos con penas de 4 hasta 10 años de prisión, ofrecerá parte de su campo a la provincia para ampliar la reserva natural, a cambio de obtener una probation.

Así lo adelantó el lunes en declaraciones radiales, a la vez que sostuvo que jamás causó daño intencional a los pingüinos y afirmó que los números de ejemplares muertos que indica la acusación "son conjeturas".

Cabe recordar que el productor ganadero está acusado por el delito de "daños agravados en concurso real en tres hechos, malos tratos y acto de crueldad a los animales".

La investigación indica que La Regina trazó un camino utilizando máquina pesada en una colonia de pingüinos cuando las aves estaban empollando en época de nidificación y reproducción de la especie. El camino fue ejecutado paralelo al mar con el objetivo de delimitar la sucesión de un campo. Se trata de una zona de alta densidad de reproducción de los pingüinos de Magallanes.

Su defensa está a cargo del abogado Federico Ruffa, y el imputado afirmó que el lunes pasado solicitará al tribunal una suspensión del juicio, proponiendo como solución entregar parte de su propiedad rural al Estado para que se encargue de los pingüinos. "No es mi responsabilidad; si son tan importantes para la humanidad, que los cuide el Estado", expresó La Regina a Radio Chubut.

Presidido por la jueza María Laura Martini, junto a los vocales Carlos Richeri y Eve Ponce, el tribunal escuchará durante el proceso judicial a más de 50 testigos que fueron citados para declarar. Además, se espera que el tribunal se traslade en noviembre al establecimiento rural de Punta Tombo, donde ocurrió la masacre, para evaluar en terreno los daños denunciados.

El inicio del juicio marca un momento clave en la defensa de la biodiversidad de la región y sienta un precedente en la protección de áreas naturales en Argentina. La fiscalía y las organizaciones ambientalistas esperan que el caso se convierta en un ejemplo de justicia ambiental en el país.