Inclusión educativa en Argentina: entre el sueño y la realidad alcanzable

La educación inclusiva, aunque respaldada por marcos legales y políticas públicas, enfrenta obstáculos significativos en la práctica. El acoso escolar, especialmente hacia estudiantes con discapacidad, es un claro ejemplo de ello. El reciente caso ocurrido en Córdoba evidencia la urgencia de abordar la problemática y crear entornos escolares seguros, respetuosos e inclusivos.

La Declaración de Salamanca de 1994, promovida por la Unesco, marcó un hito respecto a la educación inclusiva: instó a los países a crear políticas y programas que integren a las personas con discapacidad en la educación común, asegurando una educación de calidad para todos en un entorno inclusivo. Estas directrices encontraron eco, posteriormente, en la convención de los derechos de las personas con discapacidad en el año 2006 reafirmando que la inclusión es poner a alguien en un conjunto, es contener.

Argentina, por su parte, aprobó en 2016 la resolución 311 del Consejo Federal de Educación que propicia condiciones para la inclusión escolar al interior del sistema educativo, a fin de acompañar las trayectorias escolares que junto a los anexos aportan claridad a la promoción, acreditación, certificación y titulación de los estudiantes con discapacidad, como también sobre los ejes prioritarios para la elaboración del proyecto pedagógico individual.

Muchos años pasaron y aún se sigue discutiendo en diversos ámbitos en qué consiste la inclusión o cómo debe implementarse. También hay quienes adoptan una postura que pretende enfrentar la educación especial versus la educación común en detrimento de la inclusión, a pesar de que la ONU en 2023 reconoció el modelo de educación inclusiva de La Pampa.

Recientemente en la provincia de Córdoba se produjo un gravísimo hecho de acoso a una joven con discapacidad y esto no es un hecho aislado. La familia es la voz de esta realidad pidiendo respuestas al sistema escolar. En el Congreso sobre Discapacidad organizado por la Universidad Austral se mencionó que en el mundo 7 de cada 10 niños sufren acoso escolar. Desde 2019, hay un 20% más de maltratos. El bullying y el ciberbullying causan al menos 200.000 muertes al año. Y el acoso a los estudiantes con discapacidad es entre 3 a 4 veces más que al resto de estudiantes.

Un estudio de 2020 elaborado por Unicef aporta datos claves sobre los principales obstáculos para construir una cultura escolar inclusiva. En primer lugar, un 52% de las familias y un 35% de los docentes aún desconocen las bases para la educación inclusiva; esto expresa la dificultad para una implementación efectiva de las normativas y de una cultura escolar inclusiva. Además, existe una resistencia al cambio por parte de docentes y profesores para adoptar prácticas inclusivas: el 44% de los docentes y el 47% de los profesores expresaron resistencias asociadas a la falta de formación para enfrentar un proceso complejo. Es claro que se necesita de formación para los docentes y las familias, porque el trabajo en el aula requiere de acompañamiento y capacitación. Recientemente en Santa Fe 10.000 docentes se inscribieron en un curso ofrecido por el Ministerio provincial.

Otra barrera es que del 48% de las familias que conocen la resolución solo el 20% recibió información desde la escuela. Esto deja al descubierto que la escuela no está siendo un actor relevante en la difusión, aunque la normativa establece la importancia de las familias en el proceso educativo de los estudiantes con discapacidad. Otro obstáculo son las barreras en infraestructura adecuada para garantizar la accesibilidad de estudiantes con discapacidad, esto limita su participación plena en la vida escolar.

Es necesario una mayor participación de la comunidad educativa, familias y estudiantes para identificar y eliminar barreras, así como promover una cultura de respeto a la dignidad de la persona. La construcción de una cultura escolar inclusiva es un proceso continuo que requiere de un esfuerzo sostenido por parte de las personas porque para ser inclusivo es necesario tener la virtud y capacidad de incluir a todos.

El sistema educativo argentino requiere de un cambio de paradigma, esto implica que inspectores, directores y docentes, especialmente las familias y los estudiantes con discapacidad transformen las políticas, las prácticas y la cultura escolar para que respondan a la diversidad de necesidades de todos los estudiantes.

Es hora de exigir políticas educativas que capaciten y formen a los docentes y a las familias. Las herramientas para hacer la inclusión posible están en nuestras manos.

* Sonia Calamante. Licenciada en Ciencias para la Familia. Profesora de ICF. Universidad Austral.

* Ariel Trinadori. Profesores de la Licenciatura en Orientación Familiar de la Universidad Austral.