Fin de las asignaciones, pero seguirán las relaciones entre Iglesia y Estado
La famosa consigna de "Iglesia-Estado, asunto separado", nacida en medio de la polémica por la legalización del aborto en 2018, parece haber llegado a su fin, pero la realidad es que son dos asuntos indivisibles. Aunque tanto la Iglesia como el Estado nacional celebran que no exista más financiamiento para la manutención de los obispos en la Argentina, la realidad es que las asignaciones siguen existiendo en algunos aspectos.
El camino hacia la caída de estas asignaciones para los eclesiásticos comenzó en 2018, con la renuncia de los obispos a una suma de 55 mil pesos. Esta suma nació en 1979 con la sanción de la Ley 21.950 que obligaba al Estado nacional a otorgar "a la jerarquía eclesiástica una asignación mensual equivalente a un porcentaje de la percibida por el juez nacional de primera instancia".
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Aunque congelada en el tiempo, la suma que parece escasa y que no representa mucho en las arcas del Estado, el fin de este financiamiento es un gesto tanto para liberales, que hoy gobiernan, como para progresistas, que lo hicieron en el pasado. El fin del aporte por parte de la administración pública a una confesión en particular representa también la defensa del Estado laico y la libertad de culto, ambos puntos consagrados en la Constitución Nacional.
A pesar de ello, hablar de una separación de Iglesia y Estado o pensar que esto es realmente posible, parece ajeno a la realidad de lo que ocurre en la Argentina. En primer lugar vale hablar de lo que representa la Iglesia Católica en el país, empezando por la cantidad de fieles que reúne, que superan a la mitad de la población del país.
Sumado a esto, el rol social de la Iglesia en la Argentina es irremplazable, como también de otros credos, pero no existe capacidad en el Estado para suplantar el rol de Cáritas o el Hogar de Cristo. A esto se le agrega una clara y expresa voluntad de ajuste por parte del Gobierno nacional, por lo que le sería aún más imposible solventar esas necesidades de los sectores populares.
Además del aporte con el que el Estado sostiene a estas dos instituciones de asistencia social a desposeídos y adictos, la administración pública brinda beneficios a entidades religiosas de distintos credos. Iglesias evangélicas, sinagogas y toda entidad religiosa cuenta con beneficios impositivos que, aunque representan mucho menos de lo que se le otorga a la Iglesia Católica, son también un apoyo estatal por parte del Estado nacional.
Es menester entender también que la Iglesia o cualquier credo cumplen un rol político fundamental en las sociedades, no solo en nuestro país, sino alrededor del mundo. Es imposible entender una idea de "Iglesia-Estado" como entidades totalmente separadas, ya que el Estado es mucho más que la administración pública, como se pregonó desde algunos sectores a favor como en contra de la intervención.
¿Cómo financiará la Iglesia el salario de los obispos?
Desde 2018, con el nacimiento de la polémica en cuanto a la relación del Estado con la Iglesia Católica, la Conferencia Episcopal Argentina (CEA) dio inicio al Programa de Financiamiento Eclesial, conocido como Programa FE. Este programa busca que los fieles se involucren con el sostenimiento del culto más allá de su parroquia y busquen acercarse también a otros que integran la misma Iglesia.
El Programa FE da la posibilidad a los fieles de contribuir desde su sitio web a distintas parroquia, diócesis, seminarios o directamente a la Iglesia Argentina. Además, mediante la presentación de un balance anual que se publica en el mismo espacio, los interesados pueden ver lo que el Programa FE realizó durante el año con el dinero de los donantes.
Con este programa, la CEA logró solventar la falta de ingresos por parte del Estado, pero también apoyar a "parroquias de frontera", seminarios y misiones de la Iglesia Argentina en el extranjero. Además del Programa FE, la CEA organiza anualmente la "Colecta más por menos", en la que lo recaudado se reparte entre las diócesis más postergadas del país.