Reforma jubilatoria: hay que recomponer el haber de los jubilados

Hay dos grandes cuestiones que se están debatiendo estos días en el Congreso en torno a la reforma jubilatoria. La primera de ellas es la suspensión de la fórmula de movilidad y la segunda el destino del Fondo de Garantía y Sustentabilidad (FSG) de Anses. 

La fórmula de movilidad establecida por ley es un cálculo que se realiza para actualizar el haber previsional de cada periodo. Dicha fórmula es de suma importancia debido al contexto de inflación crónica y descontrolada en el que vivimos. Veamos brevemente cuál es ese contexto para tratar de entender las consecuencias y alcances de lo que está en discusión. 

En los últimos dos gobiernos han existido idas y vueltas con respecto a la fórmula de movilidad. En su momento el macrismo había establecido su propio cálculo que después había quedado suspendido durante la primera etapa del gobierno de Alberto Fernández. Más adelante se establecería la fórmula actual, que es similar a la que regía en el período anterior a Macri. 

Durante los últimos quince meses, sin embargo, el incremento de la inflación no solo superó al aumento establecido por la fórmula sino que lo dejó rezagado. Al punto tal de que fue necesario acompañar las jubilaciones mínimas con un bono que complementa el haber. 

La práctica del bono ha sido ampliamente criticada, porque en la medida que se convierte también en una práctica crónica, pasa a funcionar como una suerte de pago en negro, dado que no se incorpora al haber y su monto queda totalmente a discreción del Ejecutivo. A su vez, los bonos, que son solamente para las mínimas, contribuyeron a profundizar el achatamiento de la pirámide que se viene dando desde hace años. Las jubilaciones que no reciben bonos quedan emparejadas con las mínimas.

Según un informe publicado por el Estudio de Guillermo Jáuregui, en los últimos dos años, la pérdida para los jubilados frente a la inflación alcanza al 60%, es el doble de lo que perdieron los salarios, 30%, de acuerdo al mismo informe. Y eso se suma a un proceso de destrucción del haber que viene desde antes. Si tomamos como referencia la segunda mitad de 2017, cuando se aprobó el cambio de movilidad de Macri, vemos una caída de 19,5%, desde septiembre de 2017 a diciembre de 2019. 

Alberto Fernández hizo campaña prometiendo devolverles a los jubilados y pensionados ese famoso 20% que el macrismo les había quitado. Sin embargo, a lo largo de su propio gobierno, el deterioro continuó. En 2020 las jubilaciones y pensiones aumentaron entre el 35,3% y el 24,3%, ante una inflación de 36,1%. En el año siguiente, 2021, el más auspicioso, los aumentos fueron del 52,7% con una inflación de 50,9%. Y los últimos dos años terminaron como acabamos de ver en el estudio citado más arriba.

Ahora bien, a todo esto hay que sumar el impacto de las medidas que viene tomando el gobierno actual desde que asumió. Con una devaluación inmensa en el medio y una inflación que en diciembre cerró en 25,5%, lo jubilados, pensionados y personas con discapacidad cobraron en enero lo mismo que en diciembre. 

Si tomamos como referencia la última canasta  básica de los jubilados, calculada por la Defensoría de la Tercera Edad en octubre del año pasado, vemos una canasta de necesidades básicas de $313.185 frente a una jubilación mínima de $118.450. La canasta básica era 2,6 veces más alta que la mínima, hoy posiblemente sería más del triple. 

Por todos estos motivos existe un consenso no declarado entre analistas, periodistas y economistas en considerar que los jubilados son los mayores perdedores del proceso de deterioro económico que venimos viviendo durante los últimos, por lo menos, cinco años. Es en ese contexto que llega propuesta del nuevo gobierno.

Al plantear la suspensión, o más bien deberíamos decir cancelación, de la fórmula de movilidad para reemplazarla por aumentos discrecionales realizados por el Poder Ejecutivo, el gobierno de Milei se asegura la libertad de disponer del haber previsional del modo en que mejor le parezca. Los aumentos no quedarían atados a ningún cálculo, ni existiría ningún límite a la hora de diferenciar qué parte del aumento se incorpora al haber y qué parte es un bono. La jubilación misma podría convertirse en un bono. 

Si tomamos en cuenta las proyecciones y declaraciones realizadas por el propio gobierno con respeto a su intención de bajar el gasto previsional, es evidente que la suspensión de la movilidad no auspicia nada bueno para los jubilados. No existe ningún motivo para pensar que la medida pueda redundar en algún beneficio para el sector. 

Ahora bien, tal como hemos visto más arriba, aun en el caso de que se vea frustrada la tentativa del gobierno, los jubilados y jubiladas se encuentran ya mismo en una situación crítica, que no permite mayores dilaciones. En lugar de pensar en suspender la movilidad el gobierno, y el sector político en su conjunto, deberían estar pensando en el modo de recomponer el haber. 

Si no hay recomposición del haber no hay movilidad que alcance. Pero esa recomposición no puede plantearse si no existe la voluntad política de alcanzar consensos que garanticen la continuidad de la situación más allá de los cambios de gobiernos e ideologías. 

Veamos ahora el segundo tema que se encuentra en discusión por estos días. El FSG es un fondo integrado por activos de distinta naturaleza, títulos públicos, acciones de empresas privadas, obligaciones negociables, etc, que funcionan como respaldo para el sistema previsional. Se estipula que esos activos suman actualmente una cifra aproximada de cuarenta mil millones de dólares. 

Ese fondo fue creado para respaldar al sistema previsional y compensar las pérdidas que las jubilaciones puedan tener en momentos de crisis. Como hemos podido ver más arriba, este último objetivo no se ha logrado cumplir de forma adecuada.

Lo que el gobierno está proponiendo en estos días es transferir esos recursos directamente al tesoro nacional, para que queden a disposición del Ejecutivo. Del mismo modo que ocurre con la movilidad, esto debe ser leído en relación a la situación en la que se encuentra el país. Al disponer directamente de los recursos del FSG el gobierno podrá utilizarlos para pagar deuda externa o para presentarlo como garantía para la obtención de nueva deuda. O para cualquier otra cosa que nada tenga que ver con el destino de los jubilados. 

Ante semejante propuesta, lo único éticamente correcto que se puede proponer es  la utilización de los fondos del FSG en beneficio de los jubilados. Ya sea que se utilicen para el pago de las deudas por juicio que tiene el Estado con una parte del sector, o que se implementen planes de asistencia ante el contexto de crisis que acabamos de describir.

Si ponemos juntas las dos medidas, suspensión de la movilidad más eliminación del FSG, podemos ver que ambas apuntan en la misma dirección, que es la retirada del Estado del sistema previsional. Es muy posible que sean estrategias previas al planteo de una nueva privatización del sistema. Lo cual es perfectamente coherente con la visión de la cosas que posee el gobierno en gestión. 

Teníamos un sistema moribundo al que se le está intentando dar el tiro de gracia. El problema es que detrás de todos los números que acabamos de ver hay realidades de desesperación, miseria y muerte. Hay que plantear la recomposición del haber y la refundación del sistema previsional sobre nuevas bases, pero eso no puede hacerse si en el medio se abandona a millones de personas en una situación de empobrecimiento irremediable. 

El gobierno le quiere infringir a los jubilados un daño inmenso en nombre de una utopía de mercado que a la larga no podrá imponer, porque con el tiempo los tiempos cambian. Hace veinte años estábamos intentando deshacer lo que había hecho el neoliberalismo del mismo modo que ahora tenemos que deshacer lo que dejó como legado el populismo. No existe ningún motivo para creer que esa lógica  vaya a detenerse en el futuro.

A la larga los ciclos políticos seguirán pasando y la gente seguirá pagando las consecuencias.

 * Dr. Eugenio Semino, Defensor de la Tercera Edad - presidente de Sociedad Iberoamericana de Gerontología y Geriatría (SIGG).