Jubilaciones: tiempos difíciles y respuestas demoradas

En los últimos 6 años el haber que no recibe “refuerzos” cada jubilación perdió más del 50% de su valor con respecto a la inflación. La medición oficial de los salarios de los activos cayó 22%, pero no se toma en cuenta el valor de las sumas “no-remunerativas” ni los salarios altos que tienen fuerte incidencia en el índice que publica la Secretaría de Seguridad Social. Si tenemos en cuenta esos conceptos la pérdida en muchos rubros es casi inexistente. 

Las 3 leyes de movilidad, un año de suspensión -para algunos- con aumentos por decreto y un festival de bonos no han menguado la quita.

En lo inmediato el gobierno tiene que hacer 3 cosas

• Evitar un mayor deterioro de los haberes.
• Recuperar el poder adquisitivo perdido en los últimos años.
• Corregir la fórmula con la que se calcula el primer haber con la adquisición del derecho.

Es esperable que durante las sesiones extraordinarias se dicte una ley que establezca un criterio “de emergencia” que evite mayores pérdidas en lo inmediato, para esto sería razonable facultar al ejecutivo por un plazo corto a dar los incrementos por decreto siempre que se garantice un piso mínimo de incremento, poniendo en la letra de la ley la promesa del Ministro de Economía que dijo: “no vamos a permitir que caiga el poder adquisitivo de los jubilados”. 

En el mismo sentido lo planteó la UCR como condición para acompañar, luego lo “exigió” Nicolás Del Caño en el plenario de comisiones de Diputados, llegando últimas las declaraciones de María Eugenia Vidal.

Listo, todos de acuerdo

Ya es otra cuestión más difícil sancionar una ley que corrija los efectos del pasado inmediato y la metodología de cálculo del primer haber. Todos los involucrados hemos seguido las declaraciones de los actores involucrados y han hecho bandera la defensa de los jubilados, pero escondiendo las responsabilidades propias cuando estaban al frente del Poder Ejecutivo Nacional, porque este dislate lleva 6 años de cocción y requiere una respuesta urgente, lo que tiene que quedar claro es que no hacer nada es profundizar el problema. 

En sus declaraciones los responsables del trámite legislativo se han olvidado de algunas cosas, entre otras -a sabiendas que dejamos a muchos fuera- tenemos que mencionar a: los docentes que cobran el mínimo sin suplemento alguno; a los investigadores científicos cuyo haber jubilatorio se aleja cada vez más del salario en actividad; de la canasta básica que vuela aún más alto que el Índice de precios general, de los nuevos jubilados que tienen un haber que con mucha suerte ronda el 50% del último salario.

Esto no se soluciona con una “movilidad de emergencia”

Por otro lado, la justicia tiene una demora ya difícil de explicar para resolver sobre las cuestiones que se le llevaron para resolver y que puede resumirse en un grosero ejemplo: desde la vigencia de la actual ley de movilidad (y hasta noviembre pasado) los honorarios de los abogados se actualizaron al 47% más que las jubilaciones. Es con pudor que escribo que nuestros honorarios profesionales tienen una mejor actualización que la de nuestros clientes por estar atados a los incrementos salariales del Poder Judicial. Claramente la ley de honorarios es razonable, la movilidad de los jubilados no. 

No podemos esperar que ya exista una solución para el dislate de diciembre último, pero es momento de que la justicia marque el camino como hizo ya repetidas veces. Seguramente suceda lo de siempre, el Congreso dicte una ley que “solucione” el problema
de la movilidad a futuro, que las Cámaras Federales le propongan distintas criterios a la Corte Suprema de Justicia, y que luego de un nuevo fallo solo recuperen lo que le quitaron los que vayan a golpear la puerta de los Tribunales. 

Parafraseando sin derecho a un grande: ¡diputados a las cosas!

* Dr. Adrián Tróccoli, abogado previsional. 

IG @estudiojuridico.troccoli