Suicidio: un fenómeno social que nos involucra a todos

La complejidad del suicidio como fenómeno social requiere de un abordaje multidisciplinar e intersectorial para su prevención e intervención. Su génesis es multicausal condicionada por diversos factores de riesgo individuales, familiares y socioambientales que interpela a la sociedad civil y a los diferentes actores sociales y políticos a asumir un rol protagónico en la materia. Ciertamente, su erradicación será inviable, pero sí factible la reducción de los índices de suicidios que anualmente elevan las estadísticas.

Si bien esta problemática es histórica, se empezó a visibilizar en los últimos tiempos como resultante del posmodernismo. La deshumanización de los vínculos y el individualismo, propios de estos tiempos deterioran el tejido social detonando las redes de apoyo y los lazos de confianza que hacen al capital social. La recursividad de estas variables afecta el desarrollo humano y la vida social exponiendo la fragilidad humana ante el dolor y el sufrimiento por falta de recursos de afrontamiento personales.

Lejos de pensar que solo quienes padecen enfermedades mentales son los más expuestos, es importante destacar que este fenómeno afecta a toda la población siendo los niños, niñas, adolescentes y los adultos mayores, los más vulnerables. Como protector y garante de los derechos humanos, al Estado le corresponde el diseño e implementación de políticas públicas de carácter preventivo y promotor de desarrollo humano. Sin olvidar que otros actores del ámbito sanitario, educativo, religioso y cultural como agentes de cambio para la promoción de salud y bienestar, también, están involucrados.

Un plan de prevención debiera ser integral y universal con especificidades propias del área de aplicación -educativa, laboral, sanitaria, etc.-. Debiera ser lo suficientemente singular, así como flexible para adaptarse a la situación imperante. Su máxima optimización se demostraría en el resultante del trabajo en red. A la vez, debiera contener estrategias específicas de índole
preventivo y/o reparador basadas en evidencia, es decir, a su capacidad pedagógica, a su adecuación a los recursos existentes y a la implementación de buenas prácticas para la gestión de crisis.

En este escenario social, se destaca el rol educativo y afectivo de la familia en la formación de la persona y adquisición de hábitos saludables como factor de protección. Sin embargo, el ejercicio de sus funciones sociales estratégicas está expuesto a un contexto adverso y complejo obstaculizando su dinámica. Esto hace a la familia en su rol dual como factor de protección o de riesgo, entendiendo su protagonismo fundante y vital para los procesos evolutivos humanos y sociales.

El suicidio exige un cambio de paradigma al ser un asunto de salud pública. Es decir, distante de ser un gasto por sus altos costes, su prevención debiera ser considerada una inversión y prioridad en la agenda pública. Un plan requiere logística, capacitaciones, formadores, normativas y un sistema sanitario que responda a la demanda. Y la voluntad política de tomar decisiones y asumir acciones en conformidad no es un detalle menor. Atrás de cualquier acción de gobierno, hay intereses que hacen a la viabilidad, o no, de determinadas estrategias.

La observancia de esta problemática conlleva a tomar riendas en el asunto. Ni los Estados ni la sociedad pueden hacerse los distraídos frente a un fenómeno que representa el sinsentido y el disvalor por la vida, aun sin desearlo. La responsabilidad de hacer lo que se deba hacer, nos cabe a todos. 

* Susana Stock, Magíster en Políticas Públicas. Docente del Instituto de Ciencias para la Familia. Universidad Austral.