Críticas hacia el censo de árboles y la advertencia ante nuevos Zondas

Mendoza deberá enfrentar este lunes un nuevo viento Zonda que puede llegar a ser severo, según advirtieron desde el Servicio Meteorológico Nacional, quien estableció para la provincia una alerta naranja ante este evento. El seguimiento meteorológico inicia durante la mañana, momento en el cual se espera que las ráfagas tengan, en promedio, una velocidad de 50 kilómetros por hora. Sin embargo, luego del mediodía la intensidad se elevaría y las ráfagas podrían alcanzar los 100 kilómetros por hora.

Este fenómeno vuelve a poner a la provincia bajo preocupación debido a que ya son bastante conocidas las consecuencias que el Zonda puede traer aparejadas. Es que, el recuerdo del último de estos episodios, que se registró a fines de julio, se mantienen bastante frescos. En ese momento, más de 600 árboles –y centenares de ramas- se precipitaron de forma violenta contra casas, vehículos y calles provocando todo tipo de daños. Además, se debió lamentar la muerte de dos personas.

Los daños que provocó este violento viento hizo que nuevamente se pusiera la lupa sobre el estado del arbolado público y también por qué tras tres años de trabajo aún no se conocían los resultados del censo que encaró la provincia con fondos del BID. Es que, este proyecto recibió unos 2.500.000 de dólares para llevar adelante esta tarea, parte de ello se dedicó al registro de los árboles de la zona metropolitana.

Finalmente, el 15 de agosto, la Secretaría de Ambiente y Unicipio dieron a conocer los resultados preliminares. El acto, que se realizó en el cuarto piso de Casa de Gobierno, no tuvo una gran participación y la ausencia de representantes por parte de los municipios fue notoria. No se trató de un dato menor ya que, según las autoridades, el interés por conformar esta herramienta surgió justamente desde las comunas.

Cuestionamientos, temores y advertencias

El ingeniero agrónomo e integrante de la Asociación Guardianes del Arbolado, Lorenzo Ferretjans, fue uno de los que se acercó a la presentación ya que, según confesó, tenía algunas consideraciones sobre el tema. “La información es buena, es abundante. Habría que chequear un poco el tema de las especies, si se corresponde el censo con la realidad porque sé de casos que no es así”, indicó tras el encuentro que presentó datos interesantes, aunque preocupantes debido a que se estima que la provincia solo cuenta con una media de 0,5 árboles por habitante.  

“Dicen que hay unos 615.000 árboles en el Gran Mendoza y Lavalle. De esos, unos 560.000 están en buen estado o vivaces. Además, revelaron que hay 15.000 tocones”, enumeró el ingeniero antes de emitir el primero de sus cuestionamientos: “Lo que no dicen es la cantidad de nichos que están tapados. Estimo que debe ser una cifra que duplique a la que se relevó de tocones, o sea que son muchos más los árboles que faltarían por plantar”.

Sin embargo, para los organismos existe un inconveniente mucho mayor y Ferretjans lo indicó de la siguiente manera: “Se gastaron un millón de dólares en una información importante, pero el problema no estaba en la información. El diagnóstico ya lo conocemos. El problema está en la gestión del arbolado y, más que nada, en la falta de riego, tanto en los municipios como en el Parque, donde hay lugares donde directamente no riega”.

En la misma línea, Teresita Capezzone, representante de la Asamblea por el Árbol explicó que la organización decidió no participar ni de los encuentros previos ni de la presentación ya que no estaban de acuerdo con realizar una inversión tan importante con esta finalidad. Es que, según la ambientalista, limitar el censo al área metropolitana no va de la mano con lo que establecen las leyes provinciales. “Pensamos que tomar un crédito de tanto dinero para solo una parte de Mendoza, no es correcto ya que el tema del arbolado es importante para cada departamento, cada distrito y cada pueblo de la provincia”, detalló.

Además, recordó que, desde el 2008, existen leyes que ya establecen que los municipios debían realizar un relevamiento sobre el tema. Fue en ese año que la Legislatura aprobó tres normas: la ley 7874 del arbolado público en Mendoza, la ley 7875 para Declarar la emergencia del arbolado público y la ley 7873 de Gestión para la recuperación y mejoramiento del arbolado. Todas ellas fueron sancionadas el 11 de junio de ese año.

El exlegislador Roberto Blanco fue uno de los que participó de la creación de estas normas y se manifestó de forma muy crítica al respecto: “Lamentablemente, la inoperancia de los gobiernos provinciales y municipales que vinieron contribuyó a la no aplicación de las leyes y, 15 años después, seguimos igual o peor. Solo nos acordamos cuando pasan las tragedias”.

Riego: uno de los puntos clave

Cuando fue presentado el proyecto del censo, se fijaron cuatro objetivos, plan implicaba mejoras del vivero provincial, adquisición de equipamiento forestal y permeabilización de acequias. Este último no se realizó. Desde Unicipio, Graciela Marty, explicaron que “ese último hito no se concretó, de hecho, lo tenemos pensado para un próximo financiamiento ya que se necesitaba una especie de máquina que tiene una diamantina de 25 centímetros, que se llama sacabocado. Esa es una de las formas de permeabilizar el suelo”.

Este incumplimiento, Marty lo adjudicó a “cuestiones administrativas complejas que hacen que se pueda licitar una cierta cantidad de componentes y otros no”.

Sobre este punto, Capezzone comentó que existe una contradicción ya que actualmente se siguen realizando acequias ciegas: “Se pide dinero para refuncionalizar las acequias cuando se siguen construyendo acequias sin nicho, sin fondos permeables, sin espacio para los árboles”.

Por su parte, Ferretjans sumó que una de las leyes aprobadas en 2008 lo estipula de forma clara, sin embargo, esta no se cumple: “Cada cinco metros tiene que haber un nicho o un árbol, pero los municipios no lo cumplen y siguen haciendo acequias sin los fondos permeables y otros requerimientos”.

Este punto es señalado por parte de las organizaciones con mayor énfasis debido a que, según expresan, es el eje central de la actual crisis en el arbolado público. Aunque también apuntan contra las podas mal realizadas y la tala indiscriminada de ejemplares que aún están en condiciones.