Orden y sostén para el nuevo Gobierno

Existe un relativo consenso sobre que la situación general de la economía a heredar será de difícil resolución atento la gama de inconvenientes en el plano de la inflación, el déficit fiscal, la deuda indexada, la bomba de las LELIQ, el cepo y sus restricciones, u otro acuerdo de renegociación con el Fondo Monetario Internacional.

Todo ello en un marco de deterioro en la situación social con la pobreza en más del 40%, la indigencia sin poder bajar de un piso del 8% aun con la asistencia social, el alto nivel de empleo informal y la caída del poder adquisitivo en muchos sectores. El diagnóstico tiende a ser dramático. Si pensamos que los gastos del Estado deberán disminuirse, la liberación cambiaria depararía más inflación y proyectamos que la deuda se vuelve impagable, quien asuma la responsabilidad de gobernar se encontrará con grandes desafíos. 

En base a ello surge entonces el interrogante: ¿cómo hará el nuevo Gobierno para solucionar todos estos asuntos sin verse afectada su gobernabilidad y perspectivas que los cambios sean duraderos? Las impresiones tienden a ser más negativas que positivas. Pero antes de hacer pronósticos o análisis apresurados debemos destacar varias variables. 

Para comenzar, de no repetirse el fenómeno climático de la campaña 2022-2023, el país recuperaría el nivel de exportaciones agropecuarias perdidas por la sequía. Además, el balance de energía volvería a ser positivo por menor importación de gas y crecientes envíos de petróleo al exterior. Esto redundará en un ingreso de divisas que llevaría el superávit comercial a U$26.000 millones. A su vez, comenzaremos a percibir el boom de la exportación minera con el litio como nuevo fenómeno. 

Todo ello no tiene en cuenta los beneficios de ir resolviendo la cuestión del cepo y las trabas al comercio exterior en general, con una unificación cambiaria que cada día se hace más indispensable. Esto redundaría en más exportaciones no solo de bienes, sino también de servicios (software, logística, economía del conocimiento) más la continuación del boom del turismo extranjero. 

Asimismo, un restablecimiento de los flujos de capitales reconociendo el valor real de la moneda daría lugar a un blanqueo que no exija más que la mera declaración de las tenencias. Ello contribuiría a generar una mayor oferta de divisas que pueda contrarrestar los primeros efectos sobre precios y el tipo de cambio. 

Recordemos que los activos externos de los argentinos, en manos del sector privado, superan a los pasivos, mayormente del Estado. Según el INDEC, son U$400.000 millones los recursos totales “fuera del sistema”. Como se observa, divisas no faltan. Un mínimo reordenamiento macroeconómico generaría otro importante flujo de ingresos. 

Y no es menor que todo este marco de medidas iniciales potenciaría también las inversiones extranjeras directas en los sectores de energía y minerales. Los flujos de divisas por Vaca Muerta podrían llegar a U$68.000 millones hasta 2030 para lograr la plena consolidación del país como exportador de petróleo y gas. Agregar también los proyectos de inversión para el litio y el cobre llegan hasta U$20.000 millones en los próximos años. 

Este escenario, aún en un desarrollo más conservador, otorgaría un plafón de recursos desde donde abordar las reformas y el ordenamiento de la economía sin pasar por el trauma de los clásicos ajustes. Aquí deben contemplarse dos puntos.

El primero, y más importante, es que el ajuste ya se hizo. En los últimos cinco años el sector formal del empleo vio disminuidos sus ingresos reales en un 30%. Los jubilados, una cifra similar. Y los sectores informales, hoy traccionando la creación neta de empleo, han sufrido más de un 40% de pérdida del poder adquisitivo.

Argentina no tiene un problema de ausencia de recursos sino que ha sido gobernada y gestionada desde el Estado en forma muy deficiente durante mucho tiempo

Es decir, las medidas de reducción del déficit y la inflación no tienen más margen de acción. Sobre ello es preciso agregar que la baja en los gastos podría efectuarse en partidas que hoy no tendrían lo que puede denominarse, impacto recesivo. Sobresalen allí las transferencias no automáticas a las provincias, ya que todas presentan superávits fiscales.  

Otra fuente de erogaciones a reducir significativamente es el déficit de las empresas públicas, en dónde podrían darse una combinación de subas tarifarias en materia de transporte urbano al ser estas las más retrasadas, junto a un programa de reducción de gastos operativos que no afecte en lo inmediato al personal más permanente. 

Para el caso de Aerolíneas Argentinas, la continua expansión del turismo interno (más ventas, más tarifa) y una ya prevista baja de su déficit, no implicarían cortar recursos esenciales para su funcionamiento. La discusión será más del lado de quienes la administran que sobre su performance como compañía.

El segundo punto se centra en observar cómo la ejecución de ciertas medidas que dependen más de la voluntad política que de aprobar leyes en el Congreso, pueden dar resultados en el corto plazo y cambiar el eje de funcionamiento económico que tiene estancada la creación de riqueza. Esto implica también el juego de alianzas e intereses que puedan sostener al gobierno entrante.

Argentina no tiene un problema de ausencia de recursos (naturales, humanos, incluso el capital) sino que ha sido gobernada y gestionada desde el Estado en forma muy deficiente durante mucho tiempo. Cambiar esto y a la vez lograr equilibrar variables macroeconómicas sin abordar mínimos costos puede llevar más de lo pensado.

Sin arreglar las cuantiosas fuentes de deuda interna y externa con su compleja ingeniería financiera, se corre el riesgo de seguir postergando soluciones que condicionan la parte virtuosa de este ciclo. El sector público no puede seguir con estos niveles de déficit y endeudamiento crónico con cada vez mayor “creatividad contable” para cubrirlo. 

La ecuación puede en parte resolverse en el corto plazo si los sectores que se ven beneficiados por un cambio del modelo económico buscan que esto tenga una estructuración más sólida y duradera. Que sean ellos quienes respalden la profundidad que este necesario proceso debe tener.

El punto clave es que, durante el camino hacia la consolidación de esta nueva y mejor economía, los sectores generadores de riqueza (y por ende de cuantiosas divisas) construyan un puente de financiación pública. La justificación es que por varios meses muchas personas deberán continuar con prestaciones sociales mientras se busca la forma de reinsertarlos en el mercado laboral. 

La baja o eliminación de las retenciones a la exportación dejarán de financiar parte del gasto social pero no debe caber duda de que es imprescindible reducir esa carga tributaria. Esta diferencia positiva para el sector agropecuario en cuanto su flujo para inversión y creación de valor (empleo, cadenas productivas) puede generar mayores excedentes que contribuyan a solucionar el problema de solvencia del Estado argentino. 

Porque no es que el dinero no está, sino que la relación entre los agentes privados y el Estado se encuentra totalmente distorsionada. Hoy el gobierno extrae recursos de zonas productivas para financiar planes y subsidios, afectando la asignación mas eficiente del capital y el trabajo, agravado por un mayor déficit. La nueva realidad implicaría lo contrario. 

El menor déficit, centrado en la ayuda social en la transición, será cubierto solo por ese excedente genuino. Esto implica que los recursos disponibles en el sistema de crédito serán para las familias y empresas, no para el Estado. 

Este nuevo contrato, sin lo cual lo privado tampoco puede funcionar aprovechando todo su potencial, será también una oportunidad para el agro. Podrá mostrarle a la sociedad que cuando pide y reclama por lo que le corresponde, no es solo para ganancia propia. 

Pero, además, y esto es lo fundamental, evidenciaría que el cambio puede ser real y duradero. Porque ya no serían las tradicionales corporaciones y sectores quienes más influencia tengan sobre el Estado y su funcionamiento. El mayor sostén provendrá de quienes no necesitan del gobierno y de favores públicos para producir. De poder ser así, ¿no valdrá la pena evaluar esta inversión?