El dato en torno a la salud que evidencia una problemática que no cesa

El acceso a la salud es un derecho universal pero en Argentina, al igual que en otros lugares del mundo, está determinado por variables socioeconómicas, de género, edad y estudios. Durante la pandemia se registró una disminución de los beneficiarios de las obras sociales producto del cierre de empresas y Pymes.

Actualmente la cantidad de beneficiarios de obras sociales nacionales alcanzó los 15.380.000 argentinos en el último registro disponible, de marzo de este año con un aumento interanual del 2,64%, de acuerdo con el más reciente informe sectorial de la Cámara de Instituciones de Diagnóstico Médico (CADIME).

Una de las aristas de la crisis económica y social que se vive en nuestro país tiene un correlato inmediato en la salud que incorpora prestaciones médicas y acceso a los medicamentos. En los últimos tres años se observó un movimiento entre el sistema público y privado debido a los aumentos de las cuotas y la suspensión de algunas prestaciones que antes eran cubiertas por las obras sociales y prepagas. 

Según los datos proporcionados por la Cámara de Instituciones de Diagnóstico Médico (CADIME), las obras sociales nacionales cubren aproximadamente al 33,6% de la población, mediante más de 290 entidades. Sin embargo, todavía quedan por recuperar casi 800.000 beneficiarios, para alcanzar los valores previos a la pandemia.

"La disminución de las afiliaciones tiene diversos motivos, por un lado, el deterioro del mercado laboral que responde al impacto de la crisis económica y la inflación especialmente sobre las pymes. Por otro lado, la presión tributaria y fiscal, dificultades en el acceso al crédito y el elevado costo del empleo formal", explicó Guillermo Gómez Galizia, presidente de CADIME.

Un problema que crece

La problemática en torno al acceso a la salud es integral y afecta tanto al sistema público como privado. Hace unas semanas se dieron a conocer los datos de la Cámara de Entidades de Medicina Privada de Argentina donde se observaban migraciones internas entre empresas o cambios de planes que tiene un correlato con lo que manifiestan desde los efectores públicos que vienen registrando un aumento en la demanda por parte de los afiliados al sistema privado. 

Debido a los fuertes aumentos registrados en las cuotas de las prepagas y obras sociales, muchas personas que antes contaban con una cobertura de salud privada o sindical, hoy buscan atención médica en los efectores de salud de gestión estatal. En el caso de los estudios médicos programados, el problema se acrecienta ya que algunas obras sociales y empresas de medicina prepaga han realizado recortes en sus prestaciones suspendiendo algunos servicios provocando que los afiliados acudan al sistema público para la realización de las prácticas médicas.

En detalle

Según CADIME, en los últimos doce meses, las primeras diez obras sociales nacionales tuvieron un aumento en la cantidad de afiliados de 3,11%. En comparación con el alza del 2,64% general, esta evolución también implica un aumento de la concentración en la cantidad de afiliados. Las primeras diez obras sociales nacionales (Osecac, Osde, Osprera, UPCN, Uocra, Ospe, Osuthgra, Ase, Mutual Sancor y UOM) concentran aproximadamente el 43% de los afiliados y si se añaden las seis obras sociales siguientes en tamaño, alcanzan al 50%.

“Esta concentración implica que la mayor parte de los beneficiarios del sistema es asistida por obras sociales que no llegan a recaudar, contabilizando aportes más contribuciones más el fondo solidario de redistribución, el valor de la cápita promedio del Programa Médico Obligatorio o PMO”, manifestó el representante de CADIME y agregó: “El desfinanciamiento de las obras sociales impacta sobre los beneficiarios, ya que se resiente el acceso a los servicios necesarios en forma oportuna y en condiciones de calidad adecuadas, y compromete la capacidad de pago a los prestadores. Es decir: afecta la atención de la salud de millones de argentinos y la sustentabilidad de las pymes prestadoras”.

Valor per cápita promedio de recaudación

Según el informe emitido por la Cámara de Instituciones de Diagnóstico Médico (CADIME), el valor de la cápita promedio anual de las obras sociales nacionales -es decir, el de su recaudación dividida por beneficiario- asciende a 6.335 pesos. Si se tiene en cuenta el valor de los últimos cinco años, se observa una disminución del 14% en términos constantes.  

Teniendo en cuenta el Programa Médico Obligatorio (PMO), el costo financiado por las obras sociales nacionales alcanza los 5.257 pesos. No obstante, sólo el 38% de los beneficiarios de obras sociales nacionales tiene una cobertura cuyos ingresos superan el costo del PMO per cápita.

“Algunos sectores vienen sufriendo transformaciones significativas en cuanto a su nivel de actividad y productividad, lo que disminuye el número de aportantes, lo que representa el factor crítico, junto con el salario promedio, para definir el ingreso económico de cada organización. El sistema de salud no se ha reformado, pese a las transformaciones del mercado laboral”, indicó Gómez Galizia y agregó: “El desfinanciamiento de las obras sociales impacta directa y negativamente sobre sus beneficiarios y sobre los prestadores. Compromete la atención en términos de acceso, oportunidad y calidad, y la viabilidad económica de los prestadores, especialmente de las pymes”.