Ocho años de prisión a un profesor universitario que manejaba un oscuro negocio
Un profesor de la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional de Córdoba fue condenado a ocho años de prisión por el cargo de "extorsión continuada", luego de que se probara que obligaba a sus alumnos a asistir a un instituto de su propiedad con el fin de aprobar las materias que él enseñaba.
La sentencia fue dictada por el Tribunal Oral Federal en contra del docente y odontólogo Luis Olmedo, de 70 años. Las investigaciones por extorsión comenzaron en 2020 a raíz de las denuncias de varios alumnos e incluso algunas databan de la década de los 90, es decir que hubo casos que datan de hace 30 años.
Además de los ocho años de prisión, se le dictó "inhabilitación por 10 años" para el ejercicio de la docencia y de cargos públicos.
Por el mismo delito fueron condenados dos docentes colaboradores de Olmedo en el instituto de su propiedad, Adrián Oscar Casalis a cinco años y seis meses de prisión y a Augusto Massimino a cinco años de prisión.
Además, la exdecana de la facultad, Mirta Mónica Spadiliero de Lutri, fue declarada culpable de no cumplir con sus obligaciones como funcionaria pública al no tomar medidas frente a diversas denuncias presentadas por estudiantes y profesores. Como consecuencia, se le impuso una sentencia de un año y 10 meses de prisión en suspenso, acompañada de una inhabilitación especial de cuatro años para ocupar cargos públicos.
Durante el juicio se presentaron más de 50 testimonios de alumnos. Según las investigaciones, los alumnos aprobaban las materias Microbiología e Inmunología, que dictaba Olmedo, si concurrían a su instituto privado donde se preparaban para rendir y en caso de no hacerlo, eran reprobados.
Testigos que se negaron a asistir al instituto aseguraron que debieron rendir una decena de veces dichas materias para poder aprobar. Los fiscales explicaron que Olmedo intimidaba a los estudiantes a través de aplazos sistemáticos, masivos o reiterados a quienes no pagaban la academia.
Según la acusación presentada, se reveló que desde el año 2000 hasta el 2016, la academia a cargo de Casalis, quien no posee formación médica, operaba bajo el nombre de AOC (Apoyo Odontológico Córdoba). Con esta fachada, Casalis era responsable de impartir las clases, las cuales constituían el contenido que posteriormente Olmedo utilizó en los exámenes.
Una vez realizado el presunto pago del curso, se les proporcionó a los alumnos un "apunte", pero con precauciones para evitar su distribución entre otros compañeros que no asistían a la academia: el material se imprimía en hojas de tonalidad oscura para evitar su fotocopiado, se numeraban las copias para identificar a cada estudiante y se llegaba incluso a amenazar a los alumnos con la posibilidad de enviar a personas para agredirlos o negarles la aprobación en la materia. Por prestar este "apunte" Olmedo llegó a aplazar hasta seis veces a un alumno, ya que este había dado la información a un compañero que no podía pagarlo.