Cárceles: la decisión de la Justicia que complica a Nación y descomprime a Larreta

El gobierno nacional debe recibir en sus cárceles federales a los internos que están alojados actualmente en comisarías y alcaidías de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Así lo dispuso en un fallo la jueza Carla Cavalliere que informó en el documento que actualmente hay 1272 presos en dependencias porteñas y consideró que el problema "lejos de resolverse va empeorando", ya que cuando se inició con este proceso, en 2020, el número no superaba los 200.

El crecimiento de la cifra de detenidos en CABA impulsó a que se habiliten una mayor cantidad de sitios por parte de la Policía de la Ciudad para alojar a más privados de la libertad, pero la situación se tornó insostenible. Según el fallo, "se desprende del informe semanal remitido por la División Asuntos Judiciales de la fuerza policial local, que hay un promedio de trescientas (300) personas detenidas semanalmente, de las cuales aproximadamente unas ciento sesenta y cinco (165) recuperan la libertad, quedando privadas de ella, alrededor de ciento treinta y cinco (135)".

En este contexto, la jueza dispuso "el traslado paulatino a las Unidades del Servicio Penitenciario Federal, de todas las personas condenadas que se alojan en las Alcaidías y Comisarías de la Policía de la Ciudad, que cumplan con los requisitos de ingreso a dicho Servicio y cuenten con la orden para ello".

Los ingresos se dispondrán a partir del 1 de agosto de este año y se requerirá al Servicio Penitenciario Federal la presentación de una propuesta para el incremento de cupos de las personas alojadas en dependencias de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, que tienda a alcanzar el número de entre 130 y 140 internos por semana.

Entre otros puntos destacados del fallo, se establece requerir un cronograma que será evaluado por el Juzgado, que contemple, en distintas etapas, "una fecha límite para la desocupación de las Comisarías de la Policía de la Ciudad, de toda persona con la situación procesal resuelta y la consiguiente prohibición de alojamiento, en dichos sitios", como así también "una fecha límite para la desocupación de las Alcaidías de la Policía de la Ciudad" de toda persona que esté en iguales condiciones procesales que las mencionadas anteriormente.

El enojo de Marcelo D'allesandro

"Lo denunciamos mil veces: las comisarias no son lugares para que vivan los presos. Tuvimos que perder oficiales para que autoricen las Taser y judicializar este caso para que el Servicio Penitenciario Federal se haga cargo de lo que le corresponde", escribió esta mañana en su cuenta de Twitter el exministro de Justicia y Seguridad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

En un largo hilo D'allesandro dijo "lejos de ser medidas aisladas, todo esto forma parte de un plan sistemático para poner en jaque al sistema de seguridad de la Ciudad, sin importar los riesgos que pueden llegar a correr los vecinos y los hombres y mujeres de nuestras fuerzas de seguridad" y recordó: "Cómo olvidar cuando fuimos a reclamar una solución y nos dijeron que el problema era que teníamos una política punitivista con muchos detenidos. Es decir, nos aconsejaron dejar libres a los criminales para que las comisarías no estén abarrotadas".