Gullé desmintió a los presos que están en huelga de hambre en Mendoza

Centenares de presos mendocinos por causas de violencia de género realizan desde hace una semana una huelga de hambre en las cárceles de San Felipe y Boulogne Sur Mer. Le reclaman al Ministerio Público Fiscal que agilicen la resolución de las causas. El Procurador General de Mendoza, Alejandro Gullé, en diálogo con MDZ Radio, desmintió los reclamos de los reclusos. 

“Se debe analizar cada situación, y el contexto en el que están. Hay muchos de los que están reclamando que ya tienen sentencia. Nosotros tenemos un plazo para llevar las causas a juicio. Se debe hablar con la OGAP para ver qué fechas  les han fijado a las personas para llevarlas a juicio oral. Si nosotros estamos en falta, los remedios son muy sencillos. El control nosotros lo tenemos, deben ser ínfimos los casos que no están resueltos. A ningún fiscal conviene tener mucho tiempo a una persona detenida”, comenzó diciendo.   

Además sostuvo que: “la Procuración no tiene nada que ver, yo no he dictado ninguna resolución vinculada con la temática de violencia de género. En esto los fiscales tienen absoluta libertad. Nuestro país ha firmado convenciones internacionales donde se estipula cuáles son los estándares en este tipo de delitos”. 

En este sentido remarcó que los estándares convencionales dicen que la prueba fundamental es la de la víctima,  “eso no quiere decir que sea la única, tiene que ser valorada teniendo en cuenta el contexto donde se desarrolla el hecho violento. La valoración es muy rigurosa”.

Ante las acusaciones por la falta de fiscales para resolver los casos, Gullé expresó que el año pasado sobre 8.783 denuncias de violencia de género, quedaron 667 detenidos, “la gran mayoría con condena”. “Por día ingresan 40 causas en la Primera Circunscripción Judicial en violencia de género”, detalló. 

“Dentro de los de delitos de violencia de género, algunos son correccionales, tienen una tramitación muy rápida y normalmente no acarrean prisión preventiva salvo que tengan mucha reiterancia, esto son lesiones leves, amenazas, desobediencias. Cuando la defensa estima que hay que apurar la causa, pide un control jurisdiccional. Esto normalmente se hace con la persona no detenida”, explicó.

Por otro lado, Gullé expresó que aquellos delitos que son más graves, como abusos sexuales entre parejas o exparejas, extorsiones, corresponden al ámbito del proceso de instrucción. “Si este proceso conlleva a la detención, los fiscales tienen 10 días para pedir audiencia para corroborar la detención preventiva. La OGAP, el organismo administrativo que depende de los jueces, fija la fecha para la audiencia. Allí se corrobora si es correcto que estén detenidos o no. Si no es así, se da la inmediata libertad” , cerró.