Opinión

Nadie está en condiciones de celebrar lo que sucedió en Dolores

El Tribunal Oral en lo Criminal N° 1 de Dolores, a cargo del debate, dio a conocer la sentencia del juicio por el homicidio ocurrido en Villa Gesell el 18 de enero de 2020, el Doctor Alberto Luchetti analiza detenidamente el fallo en MDZ.

Alberto J. Lucchetti jueves, 9 de febrero de 2023 · 18:20 hs
Nadie está en condiciones de celebrar lo que sucedió en Dolores
Foto: Enrique Cangas

Los miembros del tribunal, en función a la prueba ventilada durante el juicio oral y público y realizando un análisis pormenorizado de la prueba reunida en el juicio, se convenció en cuanto a que el plan originario en el que los ocho acusados se confabularon consistió: “… los ocho imputados se organizaron para atacar a golpes al nombrado, por sorpresa y desde dos frentes sin que la víctima pudiera advertir lo sorpresivo del ataque. De tal modo, a las 4:44 horas, aproximadamente, Enzo Tomás Comelli lo golpeó por la espalda a la vez que Ciro Pertossi -en simultáneo- lo hizo de frente.

Como consecuencia de tales golpes, Fernando Báez Sosa, cayó de rodillas al piso y luego, cuando ya se encontraba reducido, en el suelo y sin posibilidad de defensa, parte del clan criminal -Máximo Pablo Thomsen, Ciro Pertossi, Luciando Pertossi, Matías Franco Benicelli y Enzo Tomás Comelli, aprovechando el estado de indefensión en el que luego de los dos primeros golpes quedó la víctima, con claras intenciones de acabar con la vida de Fernando Báez Sosa … continuaron agrediéndolo brutalmente, con patadas esencialmente dirigidas a la cabeza y otras al cuerpo, como así también con golpes de puño, causándole lesiones de tal entidad que le provocaron la muerte por paro cardiorrespiratorio por shock neurogénico producto de los múltiples traumatismos de cráneo que generaron una hemorragia masiva intracraneana intraparenquimatosa, como así también lesiones de gravedad en el hígado, en los pulmones y en el intestino grueso...”

A su vez, los tres sujetos restantes, “…Lucas Fidel Pertossi, Ayrton Michael Viollaz y Blas Cinalli, luego de ver en el estado de absoluta indefensión en que quedó la víctima inmediatamente después de recibidos los dos primeros golpes y el accionar de sus consortes, apoyaron a los coautores y, de acuerdo al rol que cada uno asumiría en el ataque focalizado en la víctima fatal, prestaron una colaboración, si bien no imprescindible, lo suficientemente apta para favorecer la consumación del crimen; en tal sentido propinaron golpes de puño y patadas a Ignacio Vaudagna, Juan Manuel Pereyra Rozas, Juan Bautista Besuzzo, Lucas Begide y a Tomás Agustín D’Alessandro, con el objeto de evitar que los mencionados amigos de Fernando Báez Sosa pudieran socorrerlo, causándole a los mencionados lesiones que fueron caracterizadas como leves…”.

Foto: Enrique Cangas

En función a lo anterior a todas luces los jueces entendieron que hubo distintas formas de participación en el hecho descripto, que a su vez, acarrean distintas graduaciones de la pena y así es que el tribunal encontró responsabilidad penal en Thomsen, de 23 años; Luciano Pertossi, de 21 años; Ciro Pertossi, de 22; Enzo Comelli, de 22 y Matías Benicelli, de 23, quienes fueron condenados a prisión perpetua. En un fallo unánime, los jueces Castro, Christian Rabaia y Emiliano Lazzari los encontraron coautores del delito de “homicidio doblemente agravado por el concurso premeditado por dos o más personas y por alevosía en concurso ideal de lesiones leves (por los golpes que recibieron los amigos de Fernando Báez Sosa)”.

Por su parte, los otros tres acusados, Ayrton Viollaz, de 23; Lucas Pertossi, de 23; y Blas Cinalli de 21, fueron condenados a la pena de 15 años de prisión. Para el tribunal fueron encontrados “partícipes secundarios de homicidio doblemente agravado por el concurso premeditado por dos o más personas y por alevosía en concurso ideal de lesiones leves”. Para entender la distinción que realizó el tribunal en los primeros cinco y los tres restantes debemos tratar de analizar los tipos de participación, en este sentido la participación se encuentra en el Título VII, artículos 45 a 49 del código penal argentino y prevé que una persona puede actuar como autor, cómplice e instigador.

Estos no son conceptos jurídicos, sino óntico-ontológico, surgen naturalmente de la vida pero nuestra ley penal los establece como conceptos jurídicos que sirven para determinar la escala de pena aplicable, es decir como regla para las penas. De acuerdo con la teoría del dominio del hecho, autor, a diferencia de los partícipes, es quien tiene el dominio del suceso, y la coautoría consiste en compartir el domino funcionalmente con otro u otros. A su vez, se considera autor mediato a quien pese a no ejecutar personalmente el hecho típico, posee el dominio de aquel. Por su parte también hay participación tomando parte en el delito pero sin tener dominio del hecho, y sin brindar una cooperación decisiva, aquí nos encontramos frente a un partícipe secundario, pues su
cometido no resulta de un directo e inmediato apoyo.

Pues se considera partícipe secundario a quien participa de cualquier otra forma en el hecho, que no sea interviniendo en su faz
ejecutiva. Es decir la característica de esta participación es que el aporte no es indispensable y para encontrarse atrapado en esta participación también es requisito que debe mediar un acuerdo previo y tener conocimiento de accionar. Asi las cosas, Máximo Thomsen, Ciro Pertossi, Enzo Comelli, Matías Benicelli, y Luciano Pertossi fueron condenados a prisión perpetua por ser coautores del asesinato de Fernando Báez Sosa ¿Existe una diferencia entre las condenas a prisión perpetua, cadena o reclusión? La "cadena" perpetua no es un concepto jurídico, sino más bien popular. "Hace referencia a un esquema de pena de prisión perpetua, en general, sustitutiva de la pena de muerte.

Foto: Enrique Cangas

Tipo de penas perpetuas que en muchos países también están consideradas inconstitucionales". Por las condiciones carcelarias, el trato cruel e inhumano que brinda el estado al prisionero bajo su custodia se entiende estar muerto en vida, de ahí el término “tumba” que lleva la cárcel. En la Argentina, el código penal prevé la “prisión” perpetua, aunque en realidad no es en sí una perpetuidad, ya que el condenado puede salir en libertad condicional si cumple con los requisitos del artículo 13 del CP: Art. 13.- El condenado a reclusión o prisión perpetua que hubiere cumplido veinte años de condena, el condenado a reclusión temporal o a prisión por más de tres años que hubiere cumplido los dos tercios de su condena y el condenado a reclusión o prisión, por tres años o menos, que por lo menos hubiese cumplido un año de reclusión u ocho meses de prisión, observando con regularidad los reglamentos carcelarios.

Podrán obtener la libertad por resolución judicial previo informe de la dirección del establecimiento bajo las siguientes condiciones: 1º residir en el lugar que determine el auto de soltura; 2º observar las reglas de inspección que fije el mismo auto, especialmente la obligación de abstenerse de bebidas alcohólicas; 3º adoptar en el plazo que el auto determine, oficio, arte, industria o profesión, si no tuviere medios propios de subsistencia; 4º no cometer nuevos delitos; 5º someterse al cuidado de un patronato, indicado por la autoridades competentes. Estas condiciones regirán hasta el vencimiento de los términos de las penas temporales y en las perpetuas hasta cinco años más, a contar desde el día de la libertad condicional.

Es decir, puede salir a los 35 años, dependiendo en qué momento haya cometido el ilícito, ya que hubo una reforma al código penal. Prisión o reclusión: En cuanto a la diferencia entre prisión y reclusión, la segunda se refiere a una pena accesoria que se encuentra prevista en el Art. 52 del código penal. Esta accesoria, por sus características parte de los juristas entiende que es inconstitucional. Así, entre otros fallos, lo ha entendido también algunos tribunales superiores. Lo que es cierto, es que en la práctica penitenciaria no hay diferencias entre la prisión o la reclusión. Es una polémica acerca de cuánto tiempo efectivamente estará el condenado en prisión. Hoy por hoy, siempre va a tener la posibilidad de una libertad condicional.

Por otra parte juristas con larga trayectoria y mucha versación en la materia se expresaron entendiendo de manera objetiva y sin ideologizar y politizar al derecho penal en cuanto que la pena de prisión perpetua no está prohibida –en general- por el derecho internacional de los derechos humanos, aunque existen varias limitaciones de derecho internacional en la práctica. Tales limitaciones, por ejemplo, se infieren de los arts. 10.3 pacto internacional de derechos civiles y políticos y 5.6 convención americana de derechos humanos, en la medida en que una pena de prisión que –por razones jurídicas o de hecho- se ejecute realmente de por vida sería inconciliable con la finalidad esencial de reforma y readaptación social que esas disposiciones asignan ahora al sistema penitenciario y a las penas privativas de la libertad.

Foto: Enrique Cangas

Podría ser también contraria a la prohibición de imposición de penas y tratos crueles, inhumanos o degradantes, prohibición que tiene base en los arts. 7 pacto internacional de derechos civiles y políticos, 5.2 convención americana de derechos humanos, y 16.1 de la convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Las penas de reclusión o prisión perpetuas, reguladas por los arts. 5, 6, 9 y concordantes del código penal, han sido concebidas, en general, de un modo que, desde un punto de vista jurídico, en la argentina no son en rigor “a perpetuidad”, puesto que permiten solicitar la libertad condicional satisfechos los 35 años de cumplimiento (art. 13 C.P.), y si no fuesen revocadas dentro de los cinco años de obtenida la libertad condicional se tienen por extinguidas (art. 16 C.P.).

De modo que, al menos desde su configuración jurídica, no puede racionalmente predicarse o decirse que esas penas persiguen la exclusión social de modo definitivo, y por ende serían contrarias a los arts. 10.3 PIDCP y 5.6 CADH. En esta inteligencia, la sentencia del tribunal oral número uno del departamento judicial de Dolores está lejos de conformar a las partes. Ambas realizarán severos cuestionamientos, algunos en un todo y otros en parte. En consecuencia se evidencia a todas luces que nadie está
feliz con lo sucedido en Dolores. Fernando Báez Sosa nunca más estará entre nosotros, y su muerte lejos de haber sido digna, fue con el peor de los dolores y sufrimientos que puede sentir un ser humano. Su familia, peregrinando justicia durante tres años con el miedo a que los hijos del poder logren zafarse y la flaca reparación nunca llegue.

Nada reparará a esos padres la ausencia de su hijo salvajemente asesinado por otros jóvenes, casi de su misma edad que llevaban en su interior conductas violentas ya evidenciadas. Los profesionales del derecho, la querella o particular damnificado, la fiscalía en su rol de representante del pueblo y el defensor particular en su ánimo de demostrar que no fue un plan premeditado para matar quedaron todos insatisfechos, realizarán presentaciones para que una instancia superior revise lo realizado por este tribunal. No pasa desapercibido el error o no, de la discordancia a fojas dieciséis donde en los fundamentos pone a los tres jóvenes que recibieron una condena de quince años, como partícipes primarios y en la parte resolutiva los coloca como partícipes secundarios, que en el tecnicismo jurídico esta última forma de participación se entiende que el hecho delictivo probado en el juicio oral hubiera sucedido sin la participación de aquellos tres imputados.

Los próximos pasos: las apelaciones: La sentencia dada a conocer por el tribunal oral en lo criminal N° 1 de Dolores será apelada en los próximos días como dije anteriormente por las acusaciones pública y privada y por la defensa. “Desde la fiscalía, por transcendidos periodísticos, lo único que no comparten del fallo condenatorio, y deberán analizar, es la participación que el tribunal le endilga a estas tres personas, Viollaz, Lucas Pertossi y Cinalli”, sostuvo tras conocer la sentencia el fiscal ante el T.O.C. Juan Manuel Dávila. El representante del ministerio público agregó: “Son coautores y no tienen una participación secundaria como dictó el tribunal. Tenemos que leer los fundamentos. En eso se va a fundar el recurso que se presentará ante Casación”.

El mediático abogado que lleva la representación de los damnificados también se encuentra disconforme, en parte, por la participación secundaria endilgada a los tres jóvenes entendiendo que ellos también fueron parte del malón que con alevosía y de manera cobarde terminaron con la vida de un semejante. El defensor particular de los ochos jóvenes condenados entiende que todo es una indeterminación, que poco fue probado y que la calificación legal del hecho ventilada debería ser otra. La sociedad también está triste, algunos por Fernando y sus padres, otros por los jóvenes que pasarán muchos años de sus vidas en un estado de sufrimiento y dolor y otras por ambas cosas.

En conclusión nadie está en condiciones de celebrar nada con lo que sucedió en Dolores hasta el momento. Empero, podemos vislumbrar una luz al final de este túnel llamado justicia que estaría iluminando la legalidad del sistema. Es el poder legislativo quien está llamado constitucionalmente a la realización de las leyes, el pueblo no gobierna ni delibera sino a través de sus representantes, impone la norma básica de referencia de todas las demás del sistema jurídico, que es la constitución y las leyes por su parte están para que se cumplan.

Desde hace una veintena de años el poder judicial es el primero en alejarse al cumplimiento de las leyes alterando el sentido que el legislador en representación de la sociedad le dio a esas, legislando otras a través de sus fallos. También una corriente abolicionista no mayoritaria logró con su seductora comunicación imponerse al concepto de justicia, por distintas razones pocos valederas para un orden social y justo, constituido a partir del contrato social. La justicia cuando es observada agudamente por la sociedad cumple con su mandato constitucional, es una de las lecciones que nos deja este proceso penal que se vivó hasta ahora en el departamento judicial de Dolores provincia de Buenos Aires, y parecería que aquellas miradas románticas y contemplativas al delito ya comenzarían a perder auditorio y espacio para actuar, por eso la publicidad de los actos de los tres poderes y la atenta mirada de la sociedad hace a la calidad del estado de derecho, a la división de poderes y al saneamiento del sistema democrático, siendo todos estos derechos humanos bien entendidos.

* Alberto J. Lucchetti, abogado y profesor universitario UBA. Magister en Derecho Internacional de los derechos humanos “Unitelma Sapienza (it)"
 

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