Caso Báez Sosa: los detalles desconocidos detrás de la foto de los condenados que revelan un problema mayúsculo
“Recién llegaditos”, escribió en su cuenta un usuario de Instagram que dice ser interno de la Alcaidía N° 3 de Melchor Romero, el mismo lugar al que fueron trasladados los condenados por el crimen de Fernando Báez Sosa tras el juicio.
El texto apareció entre sus historias junto a una foto de los ocho jóvenes de Zárate condenados por homicidio doblemente agravado por el concurso premeditado de dos o más personas y por alevosía en concurso ideal con lesiones leves.
El usuario de la red social, que interactúa con su audiencia con imágenes tomadas desde el penal, le respondió a un seguidor que le preguntó “¿Qué onda con los 8 que llegaron ayer?”. Le dijo que Máximo Thomsen, Ciro Pertossi, Enzo Comelli, Matías Benicelli, Luciano Pertossi, Ayrton Viollaz, Blas Cinalli y Lucas Pertossi “tienen un pabellón para ellos solos” y “no tienen contacto con nadie”. Según el usuario leandro_fideo_7932, los zarateños, “están solos, vaciaron un pabellón y quedaron ellos con alguno que otro inofensivo, pero nadie les puede hacer nada ahí”. Aunque de forma extraoficial se pudo confirmar que las fotos se corresponden con el lugar, ninguna fuente oficial se emitió al respecto.
Qué pasa con los celulares dentro de la cárcel
Estas no son las únicas imágenes que se difundieron desde el interior de alguna cárcel con personas privadas de la libertad hablando sobre los ocho condenados por el crimen de Fernando, lo que abre otros interrogantes y preocupaciones. Personas en prisión por haber cometido delitos se exponen con amenazas hacia los defendidos por Hugo Tomei y esto pone en duda la seguridad y la integridad de los jóvenes durante su prisión.
Desde el Servicio Penitenciario Bonaerense, consultados por la veracidad de la cuenta y las imágenes de los condenados respondieron: “Están circulando cosas que no son ciertas”. En tanto, sobre el uso de los celulares dentro de la cárcel explicaron que “los tienen permitido desde la pandemia, pueden tener uno debidamente registrado solo para comunicaciones con sus familias”. Sin embargo, es evidente vía cualquier red social que la intención original es transgredida. Hay personas privadas de la libertad tiktokers, instagramers y hasta youtubers.
El uso de celulares dentro de la cárcel estuvo prohibido hasta el inicio de la pandemia, en marzo de 2020, cuando se habilitó debido a que se prohibieron las visitas. El objetivo era que los internos no perdieran el contacto con sus familias y tuvieran otra herramienta pedagógica, sin embargo las redes sociales expusieron otra falla en la regulación de la conducta dentro de los penales. Y, por supuesto, esto impacta en toda la sociedad. Los problemas que tiene la cárcel no están privados de la libertad.
La foto que circuló en la que supuestamente se ven a los condenados ingresando al penal en realidad muestra otra imagen: la de la batalla política detrás del sistema penal argentino, la de una sistema penitenciario con objetivos que no terminan de cumplirse como la reinserción y el mantenimiento del orden público, entre otros.
Detrás de cualquier persona privada de la libertad conviven el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, encabezado en la provincia de Buenos Aires por Julio Alak, el Servicio Penitenciario Bonaerense, cuyo director es Xavier Areses, y subsecretarías como la de Política Penitenciaria e Inclusión Penitenciaria, entre otras. Por supuesto, cada una de estas áreas tiene su rol, no todos se encargan de todo, pero es exactamente la cantidad de agentes involucrados lo que convierte en difusas algunas cuestiones que deberían ser muy claras.
Específicamente el uso de celulares dentro de las cárceles generó tensiones internas entre todas estas partes. Hay voces a favor y en contra, y no se puede retirar un derecho adquirido. Desde el momento en el que los internos obtuvieron celulares y pudieron usarlos se supo que iba a ser imposible dar marcha atrás.
La Ley de Ejecución Penal de Buenos Aires dice que la privación de la libertad es para circular, no para otro tipo de derechos. En esta línea, los derechos humanos, es decir, aquellos que son inherentes a cualquier persona, deben estar garantizados y la comunicación es uno de ellos.
Sobre esto, se pueden observar al menos dos cosas. La primera, que antes de la pandemia -y aunque no estuviese reconocido- en las cárceles se usaban celulares y tener uno o conseguir saldo se constituía como una moneda de cambio. La segunda, que funcionaban los teléfonos de línea fija para el mismo fin que se habilitó en marzo de 2020 el uso de celulares: comunicación con las familias.
El uso que hacen las personas privadas de la libertad de la telecomunicación hoy evolucionó de la mano de la tecnología y la época. De hecho, la extorsión de aquellos años que se hacía desde los penales a los teléfonos fijos se transformó ahora en ciberdelitos.
Los internos, en complicidad con alguien que no está preso, envían fotos eróticas por Whatsapp. Las víctimas, generalmente son hombres. La estafa escala junto con el tono de la conversación hasta que los delincuentes piden una transferencia a cambio de más material sexual. El delito es perfecto. Quienes pagan por el intercambio no denuncian por pudor.
Por esto, diputados de Juntos presentaron un proyecto en la Legislatura bonaerense con el fin de que el gobernador de la provincia, Axel Kicillof, derogue el protocolo que autoriza el uso de teléfonos en las cárceles. Sin embargo, la respuesta fue negativa.
Una vez más el caso Báez Sosa, por la dimensión de su estado público, desnuda otros problemas estructurales de la sociedad. Un hombre que dice estar preso, desde Instagram, llega a todos los diarios y noticieros del país con supuestas fotos de los ocho jóvenes más mediatizados de los últimos tres años. Detrás de una cuenta y de unas imágenes que pueden ser falsas hay más de un problema real.
Telecomunicaciones, problema federal
El Gobierno Nacional aprobó el 3 de enero de este año, a través de una resolución publicada en el Boletín Oficial, el Programa Conectividad para el Servicio Penitenciario Federal con el fin de mejorar la conectividad en las cárceles.
Para la implementación se destinarán mil millones de pesos, provenientes del Fondo Fiduciario del Servicio Universal, previsto en la Ley N° 27.078.
La medida tiene como fin reducir “cierto atraso” que se observa en el campo tecnológico dentro del sistema penal en torno “al acceso a la educación, el trabajo, la salud, la asistencia social, el contacto con familiares y allegados a través de plataformas virtuales de las personas privadas de la libertad”. También “mejorar el funcionamiento de las áreas administrativa, contable, de capacitación, transmisión y comunicación del personal penitenciario”.
El Gobierno persigue con este intento “un salto cualitativo”, “un acceso equitativo a los servicios de telecomunicaciones”, “promover el acceso a las tecnologías de la información y favorecer tanto los procesos de formación digital como el acceso a un servicio de salud más eficiente de las personas privadas de la libertad”, sin embargo generó polémica y desde Rosario, provincia de Santa Fe, salieron al cruce.
Fue el intendente Pablo Javkin el primero en reaccionar. “Nos resulta insólito que se instale fibra óptica en los penales federales para que las mafias puedan comunicarse mejor. El 95% de los delitos que suceden en Rosario se ordena desde las cárceles. Si no van a inhibir las señales de celular, al menos no les den más herramientas a los que mandan a extorsionar y matar desde adentro”, escribió en su cuenta de Twitter.
Desde la oposición, la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, y el titular de la UCR bonaerense, Maximiliano Abad, también mostraron su disconformidad.
En 2019, en la cárcel de Piñero, se secuestraron 60 celulares a parte de la banda de Los Monos. Además, en 2021 se secuestraron otros 40 a los mismos delincuentes y dentro de la celda del líder de esa banda, Máximo Ariel Cantero, un teléfono fijo.
Los condenados
Al momento, los Pertossi, Comelli, Benicelli, Cinalli, Thomsen y Viollaz permanecen en la Alcaidía N° 3 de Melchor Romero mientras esperan el traslado definitivo a un penal. Todavía se desconoce cuál será el lugar asignado aunque es pública la intención del Ministerio de Justicia de la Provincia de Buenos Aires de priorizar la cercanía de cualquier interno con su familia para favorecer la vinculación con el afuera y el contacto con la red.