Los palos en la rueda que pone la DGE que imposibilitan el trabajo de cientos de docentes mendocinos

Los obstáculos que cientos de docentes atraviesan para poder obtener el apto psicofísico se están haciendo cada vez más difíciles de sortear. Hay un grupo de alrededor de 300 maestros y profesores, algunos con años de experiencia y otros comenzando su carrera, que los une la imposibilidad de tomar horas -o haber perdido las que tenían- debido al rechazo incesante de Salud Laboral de la DGE en el apto psicofísico porque no cumplen con sus requisitos, con argumentos, según otros especialistas, injustificados. Los docentes deben hacerse estudios y tratamientos que no son cubiertos por Salud Laboral y cuando sus médicos particulares les dan el alta o los estudios salen bien, desde la DGE los rechazan igual adjudicándoles nuevas patologías. "No sabemos que hay que hacer para poder satisfacer esos criterios que nos inhabilitan a la función de docentes", dicen con desánimo.

Cualquiera que conozca a uno o más docentes puede haber oído hablar, en alguna oportunidad, de las diferentes trabas a la hora de conseguir el apto psicofísico y la cantidad de requisitos que se deben cumplir para poder acceder a tomar horas o un cargo en las escuelas de la provincia. El Área de Salud Ocupacional de la DGE es la encargada de realizar las evaluaciones psicofísicas de cada uno de los trabajadores de la educación de Mendoza. 

Como para otros trabajos privados, allí diferentes especialistas hacen su evaluación y luego, se emite una especie de dictamen en el que se establece si la persona está o no apta para su tarea. Se pasa por psicología, fonoaudiología, otorrinolaringología, análisis de sangre y orina, radiografía, electrocardiograma y médico clínico. En caso de que en alguna de las especialidades el médico o médica haya realizado alguna observación, el dictamen final establece el no apto en ese caso. 

El resultado llega al mail de cada docente, sin ningún tipo de indicación o sugerencia que señale cuáles son los pasos a seguir para, finalmente, conseguir el apto y poder ejercer. Una vez que se consigue esa información, por motus propio, inicia el laberinto que muchos ven sin salida y por el cual, aproximadamente 300 docentes se han agrupado para exigir que se investiguen las arbitrariedades que contaremos a continuación y se regularicen sus casos. Entre las medidas que han tomado, enviaron una carta documento al Director General de Escuelas, José Thomas, en la que sostienen que Salud Laboral priva a estos 300 docentes de su derecho a trabajar y enseñar.

Si bien algunos de estos integrantes llevan algunos meses de tratamiento, muchos otros llevan más de 18 meses y hay algunos que ya han superado los 3 ó 4 años. En la mayoría de los casos, los rechazos son por la especialidad de fonoaudiología, a pesar de que el otorrino mismo de Salud Laboral no identifique ninguna patología y que, por fuera de la misma, especialistas particulares -otorronolaringólogos y fonoaudiólogos- no detecten ningún problema. 

Por esos motivos, se presentaron esta semana ante la comisión de Derechos y Garantías de la Cámara de Diputados que escuchó su demanda y se comprometió a tomar cartas en el asunto. Después de haber debatido el despacho, se emitió uno por la mayoría y uno por la minoría. El despacho por la mayoría, expresa la preocupación por lo que sucede con los docentes que de forma discriminatoria son rechazados los apto físicos y establece un pedido de informe sobre cuáles son los criterios, quiénes son los profesionales que evalúan, cuántos profesionales tienen y bajo qué condiciones lo hacen, entre otras cosas. Por otro lado, el despacho por la minoría -firmado por los diputados oficialistas Rodríguez Cecilia, Cattáneo César, Ambrosini Franco- sólo se refiere al pedido de informe.

Algunos casos testigo

Martina es docente de Historia, ella es una de las que le rechazaron el apto fonoaudiológico. Hace 5 meses que se encuentra en tratamiento, sin embargo, su otorrino y fonoaudióloga particular aseguran que no tiene nada patológico. "Mi otorrino particular y la fono que me trata dicen, no tengo nada patológico. Sí tengo un hiatus, pero es el fisiológico. No debería ni siquiera estar haciendo tratamiento. Además, me agregaron otra patología que ninguno de mis médicos particulares considera que tengo, que es avance de bandas" contó, el mismo día que repetirá la Rinofibrolaringoscopía (RFL) -estudio específico para las cuerdas vocales- considerando que sus médicos tratantes opinan que está bien.

Hay otros casos más dramáticos como el de Natalia, docente de nivel primario, que se recibió en 2019, comenzó a trabajar en 2020 y cuando se realizó el psicofísico también la derivaron para tratamiento foniátrico. A pesar de que la primera RFL que se realizó le salió bien, desde Salud Laboral le respondieron que debía continuar con tratamiento. "La primera vez que voy a auditoría que es en el 2021, la representante que se llama la licenciada Furlani, es quien a mí me trata muy mal y yo recuerdo que venían muchas chicas de la zona este, de San Rafael, de Junín y les decía lo mismo a todas, 'que se veía un poquito rojo, que todavía faltaba'. Cuando me toca a mí, me dijo que no podía trabajar por criterio del directivo y que siguiera el tratamiento. Yo saqué todos mis estudios, tengo mi carpeta, tengo cada uno de los estudios que me realicé con los diferentes médicos pero ellos no te explican qué es lo que vos tenés que hacer o qué patología tenés", dijo en referencia a Salud Laboral.

Para retratar puntillosamente el caso de cientos de docentes que se encuentran en la misma situación, Natalia sostuvo que durante los 5 años desde que se hizo la evaluación psicofísica se ha hecho "más de 20 Rinofibrolaringoscopías y me salen bien. Realicé tratamiento foniátrico en todas las clínicas, en la clínica Santa Rosa, en la clínica Godoy Cruz, en la clínica San Lorenzo. Y son todas particulares. Lo que pasa es que también OSEP, a algunas personas le da tratamiento foniátrico y a otras no. Entonces, te encontrás sin trabajo, costeando estudios que son sumamente caros, porque hoy en día un estudio de Rinofibrolaringoscopía sin obra social te sale $15.000 y cada consulta de foniatría te sale más de $4.000". 

Roxana tiene 36 años, se recibió en el año 2020 y empezó a trabajar en el 2021 como docente suplente de nivel primario. Cuando se hizo la evaluación en Salud Laboral y le llegó el "no apto", perdió las horas porque al no tener este requisito, no te dan continuidad laboral. La primera vez que se hizo la RFL le dijeron que "tenía un pequeño nódulo y mis cuerdas no cerraban del todo. Comencé tratamiento dos meses, hice nuevamente los estudios que el médico me dijo que estaban muy bien, que el nódulo ya no estaba y las cuerdas cerraban perfecto. Mando todo a salud laboral y me piden que siga tratamiento. En ese momento pierdo el cargo que tenía ya que al no tener el apto no te dan continuidad. Al ser suplente no entras por ART. Por ende, quedé sin trabajo, y debía seguir haciendo tratamiento, el cual es muy costoso. Lo seguí haciendo por 3 meses y nuevamente me pasa lo mismo. Ya algo enojada y frustrada. Hablé con una ex doctora de Salud Laboral con la cual hice más de 6 meses de tratamiento y pasó otra vez igual. Asique ahí fue cuando desistí y comencé a trabajar en lo privado" relató.

Por último, María José profesora de educación primaria tuvo un "no apto" por fonoaudiología y nutrición. "Somos unas 400 personas con un psicofísico no apto que queremos denunciar y hacer visible" señaló cuestionando que cuando presentan "la adhesión positiva al tratamiento, cuando presentamos las altas, cuando presentamos estudios, por ejemplo, una rinofibrolaringoscopía que demuestra que las cuerdas vocales están sanas o que no hay ninguna afección vocal y eso es enviado a salud laboral, nos devuelven un un psicofísico no apto. Porque ellos manejan otros criterios. No basta con que tenga un estudio que dé cuenta de que no tengo ninguna patología, no alcanza, tampoco el alta de una fonoaudióloga, no alcanza que una nutricionista haga un tratamiento y que haya una adhesión positiva y un descenso. No sabemos que hay que hacer para poder satisfacer esos criterios que nos inhabilitan a la función de docentes".

Incluso, contó que en muchos casos, luego de tiempo de tratamiento y el envío de los estudios correspondiente, la respuesta de Salud Laboral vuelve con un "no apto" por nuevas patologías, como si los tratamientos en vez de colaborar, empeoraran la situación. Esa inhabilitación para poder ejercer la carrera y profesión para la que cientos dedicaron años de su vida, se convierte en una gran frustración. Muchas y muchos se ven obligados a trabajar de otra cosa y el título queda juntando polvo. "Es una burla para quienes estudian y embargan en su vida a la labor de educar, que es un derecho: enseñar, educar y aprender. La verdad que es un absurdo tener que estar reclamando que se nos habilite el derecho a trabajar, hay una ausencia total de las políticas públicas".

La carta que presentaron en la Comisión de Derechos y Garantías