Justicia: Gil Lavedra anticipó cuál será el desafío del nuevo Gobierno
Nuevo aniversario de la sentencia del Juicio a las Juntas y el "Nunca Más" de Julio Strassera ante los jueces que llevaron adelante aquel histórico proceso. El rol de actual de la Justicia.
El 9 de diciembre de 1985, la Justicia argentina sentenció a las tres primeras juntas del Proceso de Reorganización Nacional, dictadura que gobernó el país entre 1976 y 1982. Aquel juicio marcó un antes y un después a nivel nacional e internacional en lo que respecta a los derechos humanos, siendo Argentina el primero de los países latinoamericanos en juzgar a una dictadura del Plan Cóndor que ideó Henry Kissinger en base a la Doctrina de Seguridad Nacional y el contexto de la Guerra Fría.
Los jueces que juzgaron a los represores de las Juntas Militares fueron Jorge Torlasco, León Arslanián, Jorge Valerga Aráoz, Guillermo Ledesma, Andrés D'Alessio y Ricardo Gil Lavedra. Este último, actual presidente del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, habló con MDZ y relató su experiencia cómo juez de uno de los procesos judiciales más importantes de la historia.
Vale aclarar que el tiempo donde se juzgó a las Juntas Militares, el poder de las Fuerzas Armadas todavía se mantenía vigente, siendo que los servicios de inteligencia adictos al régimen seguían operando en las sombras, aún durante la democracia. Ricardo Gil Lavedra, en diálogo con MDZ relató que "el tribunal recibió amenazas todo el tiempo, buscando suspender el juicio, pero por suerte no lograron nada". Explicó también: "Nunca recibí amenazas en mi casa, ni yo ni mi familia".
"El indulto lo tomé mal en un principio. Me resultaba terrible el pensar que tanto trabajo había sido estéril", explicó Ricardo Gil Lavedra sobre el indulto que otorgara el presidente Carlos Menem en 1989, menos de cuatro años después de la sentencia. Igualmente, aclaró que con el tiempo fue valorando el significado de la sentencia sobre los hechos, más allá del cumplimiento o no de la condena, que es la que afecta el indulto.
Al mismo tiempo, reconoció que la reactivación de los juicios por parte del Gobierno de Néstor Kirchner fue una decisión acertada: "Una cuestión tan dolorosa era importante cerrarla con justicia". Aunque destacó principalmente la actitud de Raúl Alfonsín: "Fue una decisión enorme y rupturista que permitió una transición basada en el imperio de la ley", en relación con la iniciativa política de enjuiciar a los represores que gobernaron el país en aquel período tan oscuro.

Ricardo Gil Lavedra, que formó parte de la Cámara de Diputados entre 2009 y 2013, y también del Gobierno de Fernando de la Rúa como Ministro de Justicia entre 1999 y 2000, catalogó como "un error histórico del Partido Justicialista" el no participar de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas, "como también por parte de los organizamos de derechos humanos, a excepción de Graciela Fernández Meijide".
Con respecto a la actualidad, la política y la Justicia, fue contundente con la gestión del Frente de Todos, marcando como un grave error "el intento de Alberto Fernández de menoscabar la independencia de la Justicia". Auguró también que uno de los principales desafíos del nuevo Gobierno será "reestablecer la confianza de la población en la Justicia".
La sentencia del Juicio a las Juntas
Aquel hito que estableció un antes y un después en materia de derechos humanos a nivel mundial, fue una parte de los juicios por los crímenes cometidos durante la dictadura, teniendo en su contraparte los juicios a líderes guerrilleros que operaron en ese período. A pesar de ello, el proceso judicial que revolucionó el derecho y la política fue el Juicio a las Juntas, que fue el primero que buscó resolver los crímenes que cometió una dictadura para la transición democrática.
En el Juicio a las Juntas, fueron condenados: Jorge Rafael Videla, Eduardo Massera, Orlando Agosti, Roberto Viola, Orlando Lambruschini, Omar Graffigna, Leopoldo Fortunato Galtieri, Jorge Anaya, Basilio Lami Dozo, Cristino Nicolaides, Rubén Franco y Augusto Hughes. La condena fue en base a los delitos de lesa humanidad cometidos durante el período dictatorial, quedando exentos del delito de usurpación, por la autoamnistía que decretó Reynaldo Bignone antes de la transición a la democracia.

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