Sorpresiva denuncia contra Javier Milei por favorecer intereses chinos

El megapaquete de reformas que el presidente Javier Milei está impulsando genera resistencia en numerosos sectores. En ese contexto, la Fundación Latinoamericana de Sostenibilidad Pesquera (FULASP) presentará un recurso de amparo para evitar los cambios que propone el Gobierno Nacional en la Ley Federal de Pesca N° 24.922. La decisión de la entidad busca “evitar que se lesionen los derechos constitucionales que protegen los recursos y la actividad pesquera nacional”.

En un comunicado, la Fundación señaló que “el Gobierno nacional presentó la controversial iniciativa en el palacio legislativo nacional, con la que pretende instaurar severas modificaciones en los permisos que rigen la actividad y establecer, entre otras cuestiones, que las cuotas de captura se asignarán por un sistema de licitaciones internacionales”.

La normativa vigente establece que se prioriza para el otorgamiento de los permisos a “los buques que empleen mano de obra argentina en mayor porcentaje”; aquellos construidos en el país y su menor antigüedad; y que agreguen “mayor valor al producto final”.

También dispone parámetros similares para la asignación de las cuotas para cada permiso de pesca, tomando como prioridad ítems como la cantidad de mano de obra nacional ocupada; inversiones realizadas en el país; el promedio de toneladas de captura de cada especie durante los últimos 8 años; y el número de productos pesqueros elaborados por buque.

Sin embargo, en su reemplazo, FULASP señala que el Gobierno encabezado por Javier Milei propone que las habilitaciones “no podrán tener un tratamiento diferencial por el origen de los buques, su antigüedad o la mano de obra que empleen”, adjudicándose las licitaciones a quien aporte el mayor arancel para la captura determinada y abriendo íntegramente la participación de empresas extranjeras que podrán ejecutar su cuota de captura mediante cualquier barco que tenga un permiso de pesca, sin priorizar el trabajo nacional empleado ni su historial en el sector.

En ese sentido, para la Fundación Latinoamericana, el proyecto es gravísimo porque “convertiría en legal la depredación del mar argentino a manos de buques extranjeros con serias violaciones a los derechos humanos a bordo”.

Al respecto, Raul Cereseto, presidente de la FULASP señaló que “el proyecto entrega la soberanía de nuestro mar y sus recursos, poniendo en igualdad de condiciones a los buques chinos depredadores con las empresas argentinas que generan miles de empleos”.

El dato curioso es que Milei ha mantenido posturas críticas contra el Gobierno de ese país como consecuencia de las diferencias ideológicas. Además, dijo que “es sumamente contradictorio, porque, “por un lado, el Ministerio de Defensa le ordena a la Armada el patrullaje del Mar Argentino para evitar la pesca ilegal en la milla 200 y, por el otro, alienta ese ilícito con una iniciativa de estas características”.

También expresó que el proyecto “es de una irresponsabilidad sin precedentes”, dado que “atenta contra todos los sectores que participan de la cadena productiva” y agregó que “este intento de reforma, sumado al incremento del 15 % en los derechos de exportación va a generar una gran inseguridad jurídica y va a destruir por completo a una actividad nacional que tiene mucho capital invertido y que genera muchísimos puestos de trabajo directos e indirectos en todo el país”.

“El proyecto oficial también pone en riesgo a la industria naval argentina, dado que permitiría el ingreso indiscriminado de buques importados, provocando en el rubro una ejercicio absoluto de competencia desleal”, agrega el escrito que presentará el organismo.

Cereseto explicó que “los industriales observan que la imposición de retenciones del 15%, sumadas a un incremento del costo de los insumos, no sólo licuarán los beneficios que podía acarrear la actualización del tipo de cambio, sino que impactarán negativamente en la competitividad internacional de la pesca argentina, lo cual traería aparejada una caída notable en las exportaciones y menos divisas para el país”.

Ahora bien, si además se aplican las reformas planteadas en la Ley Federal de Pesca, “el sector estaría ante la firma de su certificado de defunción”. “Según datos oficiales, la actividad pesquera exportó entre enero y noviembre más de US$1.6 millones, con más de 45.000 empleos directos que se verían afectados si la norma se aprobase sin modificaciones”, explicó el titular de la entidad.

Por todo lo enunciado, el organismo avanza sobre una medida de amparo que frene inmediatamente la iniciativa estatal, por considerar que viola varios derechos contemplados en la Constitución nacional, entre los que menciona su artículo Nº 41 que establece que “las autoridades proveerán a la utilización racional de los recursos naturales, a la preservación del patrimonio natural y cultural y de la diversidad biológica”.

También consideran que se viola el derecho del trabajo establecido en el artículo 14 bis , “por poner en riesgo tantas fuentes laborales”, entre otros. Por su parte, la FULASP anticipó que el pedido judicial llevará la firma de la mayoría de las cámaras empresarias que integran el sector pesquero a nivel nacional y provincial, y de casi todos los representantes de los trabajadores involucrados en la actividad. La iniciativa constituye un hito en el sector, porque es la primera vez que un proyecto pone en peligro la sostenibilidad de la actividad en su conjunto.

Cereseto explicó que se avanza por la vía judicial porque a más de 18 días de la asunción del nuevo Gobierno “el área pesquera nacional aún se encuentra a la deriva, totalmente acéfala de autoridades, dado que no ha habido ninguna precisión acerca del recambio directivo ni del ministerio u organismo que se encargue del sector”.

“La cartera de Agricultura, Ganadería y Pesca ha sido reemplazada por el Ministerio de Bioeconomía, pero nada se sabe sobre el devenir de la Secretaría de Pesca y mucho menos de sus autoridades”, sentenció el especialista.