Los datos que evidencian la dramática situación del sistema de salud

El sector de la salud estuvo en el centro de la escena por ser uno de los grandes perjudicados durante el 2023 y el panorama para el año próximo no es prometedor. Por el contrario, la propuesta que incorpora la ley ómnibus presentada ayer por Javier Milei, vaticina un futuro cercano difícil en relación al acceso a la salud por parte de los argentinos.

Los números del sistema de salud son contundentes pero solo expresan a nivel cuantitativo una realidad que es compleja. En Argentina hay 27.787.124 personas que tienen obra social o prepaga (incluye PAMI), 1.514.231 personas con programas o planes estatales de salud y 16.317.432 cuyo acceso a la salud es exclusivamente a través del sistema público.

La denominada ley ómnibus plantea un cambio profundo en las políticas sanitarias profundizando aún más la crisis existente en un sector clave que atraviesa a los 46.234.830 de argentinos que habitan el territorio nacional. Las consecuencias del deterioro de los tres subsistemas existentes (público, privado y de seguridad social) se hace visible y profundiza cada vez más.

El acceso a la salud en Argentina es un derecho, sin embargo, los pacientes viven momentos de extrema vulnerabilidad a partir de los aumentos desmedidos en las cuotas de las empresas de medicina prepagas y obras sociales, el incremento en el precio de los medicamentos, la falta de insumos e instrumentales en clínicas y hospitales hasta la carencia de turnos en un sistema público que se está viendo desbordado por la migración de afiliados del sistema privado.

Este universo complejo tiene como protagonistas a los más vulnerables pero también a otros actores clave del sistema que, frente a la falta de soluciones y posibilidades de crecimiento, optaron por emigrar a otros países donde el ejercicio profesional es bien remunerado. 

El impacto de las propuestas punto por punto 

El proyecto de ley ómnibus plantea un cambio profundo en las políticas sanitarias, redunda en una habilitación para el aumento de las cuotas según el único criterio del prestador, y sin ningún tope ni control. Allí la preocupación principal está dada en la posible migración masiva de afiliados que actualmente están en el sistema privado hacia el público debido al aumento estrepitoso de las cuotas. Si bien esa tendencia se venía observando durante los últimos meses, es posible que se produzca un incremento debido a la imposibilidad de sostener ese gasto mensual que, en algunos casos, aumentó más del 300% en sólo un mes. 

"Mi padre pagaba 28 mil pesos por mes de cuota en OSAPM (Obra social de agentes de propaganda médica) y me llegó un mail donde me notifican que la cuota de enero será de 90 mil pesos", expresó Ana María visiblemente preocupada porque no podrá hacer frente a ese aumento. Como ella son miles los argentinos que evalúan su continuidad en las obras sociales y prepagas que abonan mensualmente.

Otro aspecto que se pone en juego se relaciona con obligaciones de las prepagas, en ese sentido, las mismas ya no deberán transferir a los afiliados de una empresa a la otra en el caso de que quiebren, quedando a cargo del usuario el riesgo de encontrar una nueva prestadora que los quiera tomar con sus condiciones particulares (especial complejidad en personas con personas con enfermedades y dependencia de medicamentos).

Por otro lado, el escrito presentado en el Congreso plantea una mezcla entre el sistema de prepagas y obras sociales cuyos fines son completamente diferentes. En ese sentido, se pretende una modificación en el régimen de obras sociales cuya naturaleza es solidaria mientras que el sistema de prepagas es voluntario. 

En el caso de los medicamentos, libera su venta en locales comerciales no especializados y, también, flexibiliza los requisitos para el expendio de esas mercaderías. Las distribuidoras o droguerías podrían vender directamente medicamentos, sin pasar por las farmacias. En relación a esa medida, uno de los temores de las fuentes vinculadas al sector es la posibilidad de que se generen mercados paralelos. De esa forma podría favorecerse el tráfico de medicamentos para otros usos perdiendo la trazabilidad, el seguimiento y el control que existe hoy por parte de las farmacias.

Todos los caminos conducen al sistema público

Durante los últimos meses, los hospitales públicos registraron un aumento en la demanda de atención por parte de los afiliados a obras sociales y empresas de medicina prepaga, si bien las prestaciones que se realizan en esas instituciones deben ser abonadas por los mismos, la realidad es que el aumento de la demanda afecta en la disponibilidad de turnos y tratamientos.

Otro aspecto a tener en cuenta son los recortes de algunas prestaciones y estudios médicos que originalmente eran cubiertos por las obras sociales o empresas de medicina prepaga y hoy están suspendidos. En esos casos, los pacientes recurren a los efectores públicos en busca de atención médica a pesar de tener una cobertura prepaga.

La situación se complejiza para todas las partes involucradas: prestadores, afiliados, administradores de las empresas prepagas y el mismísimo Estado que debe garantizar el acceso a la salud. El mismo Estado que debe hacer frente a los problemas de desabastecimiento de medicamentos e insumos cuyos precios de mercado están dolarizados y se modifican de manera constante e imprevisible debido a la inflación.

La situación de los profesionales de la salud

A todo lo anterior se suma la situación de los profesionales de la salud que, desde octubre, acordaron el cobro de un copago o coseguro a los pacientes para hacer frente a la depreciación de sus salarios. La medida tuvo como objetivo visibilizar una problemática que aqueja a miles de médicos que cobran un porcentaje ínfimo de la consulta que abona el paciente pero también fue una estrategia para ejercer presión a las empresas de medicina prepaga para que aceleren los pagos que, en algunos casos, tenían un atraso de más de 5 meses. 

Esa decisión tuvo un impacto directo en los pacientes cuyas consecuencias podrían verse en el corto y mediano plazo ya que, en algunos casos, optaron por pasar al sistema público de salud o dejar de realizar los controles médicos y consultas de rutina.