El desafío de Rus ante los Organismos de Derechos Humanos
Mañana, miércoles 20 de diciembre 2023, cuando se cumplan veintitrés años del estallido social que desembocó en la caída del gobierno de la Alianza y el escape de la Casa Rosada del entonces presidente, Fernando De la Rúa, en un contexto de feroz represión que dejaría un saldo de 38 muertos y cientos de heridos en todo el país, movimientos sociales y organismos de derechos humanos marcharán en Mendoza. Y lo harán bajo la supervisión de la nueva ministra de Seguridad, Mercedes Rus, quien se reunió este lunes con el titular del Ministerio Público Fiscal, Alejandro Gullé, representantes de la Municipalidad de Capital y del Ministerio de Educación, para diagramar como actuarán desde el Gobierno.
No será la primera vez que los movimientos sociales enfrenten este tipo de normativa, ya que la ciudad de Mendoza cuenta con un Código de Convivencia que ha funcionado a lo largo de los años como una especie de protocolo anti piquetes similar al que el Gobierno nacional comenzará a implementar bajo la administración de Javier Milei y del que el gobernador, Alfredo Cornejo, se ha jactado innumerables veces ante los medios de comunicación. La novedad, quizás, sea el desarrollo de una nueva versión (aún no hay nada confirmado) impulsada por la ministra Rus que debutará en un contexto complicado tanto para el país.
¿Cuál será ese el rol de los Organismos de Derechos Humanos? Actuar como veedores ante cualquier situación de "abuso, violencia policial, represión o detenciones arbitrarias", explicaron desde la Asociación para la Promoción y Protección de los derechos humanos (XUMEK), una de las entidades involucrada en la configuración de una red de abogados de distintas organizaciones que, ante cualquiera de las situaciones anteriormente mencionadas, registran el hecho para denunciarlo posteriormente ante las autoridades correspondientes.
Ese tejido provincial que se está elaborando tiene, a su vez, lo que podríamos definir como una versión nacional que, precisamente, durante la jornada de hoy emitió un comunicado en el que plantea "la defensa del Estado de Derecho y la plena vivencia de los Derechos humanos y el acompañamiento al pueblo trabajador de herramientas legales". Se trata de la Red Federal por la Defensa de los DD.HH y la Democracia y el documento lleva la firma de más de 50 integrantes.
Un protocolo para contrarrestar el protocolo anti piquetes
El término veedurías de derechos humanos tomó relevancia principalmente en Colombia hace ya varios años y se fue extendiendo por Latinoamérica en la última década. Básicamente, se denomina así a los organismos encargados de velar por la protección del Estado de Derecho durante las manifestaciones sociales.
Por ejemplo, ante frente a una situación de violencia institucional, abuso policial, detenciones arbitrarias o donde se excede el uso legítimo de la fuerza, los abogados de derechos humanos toman registro del hecho, si hay detenidos se identifica a la persona y posteriormente se realiza la denuncia correspondiente. La acción es llevada adelante por letrados que poseen matrícula y que, incluso, están incluidos en listas para una mejor organización.
Si bien el trabajo de los organismos en su faceta de veedurías sucede desde hace años en Argentina, desde las entidades sostienen que ese accionar "se fue profundizando durante los gobiernos de Mauricio Macri y Alberto Fernández" donde, por ejemplo, estuvieron presentes durante las protestas que se produjeron en Jujuy este año a raíz de la reforma de la Constitución impulsada por Gerardo Morales.
Por su parte, uno de los referentes del Polo Obrero en Mendoza, Martín Rodríguez, señaló que, hasta el momento, los movimientos sociales no recibieron ningún tipo de información por parte del gobierno provincial sobre nuevas disposiciones que estén relacionadas con la aplicación de un protocolo anti piquetes provincial distinto al ya conocido Código de Convivencia. "No tenemos datos directos del gobierno sobre cómo van a actuar", indicó.
Por otra parte, sobre la relación que los movimientos sociales han mantenido con las fuerzas de seguridad y las autoridades provinciales en los últimos años, Rodríguez explicó que "hay ensañamiento por parte de la Municipalidad de Capital que nos llena de multas por las distintas movilizaciones porque solo nos multan a nosotros cuando han existido otro tipo de actividades que son similares a lo que hacemos nosotros, por ejemplo el cierre de campaña de Javier Milei en la provincia que cortó el principal acceso al parque y no hubo multa".