Piqueteros marplatenses reclamaron canastas navideñas: ¿por qué no se aplicó el protocolo?

El Gobierno nacional declaró la guerra contra los piquetes, a través de comunicados de los ministerios de Seguridad y Capital Humano, quien aclaró que buscará cortar los intermediarios en la entrega de planes sociales, pero no impidió la organización de una marcha masiva de organizaciones sociales marplatenses que reclamaron canastas navideñas.

Las imágenes de la marcha, que incluyeron un escrache a un supermercado, generaron la indignación de miles de internautas que reclamaron la aplicación inmediata del protocolo antipiquetes. 

En medio del caos peatonal y vehicular por la manifestación, a través de la Secretaría de Seguridad, el gobierno municipal hizo pública una denuncia contra las organizaciones convocantes y pusieron a disposición los registros de las cámaras de seguridad para identificar a todos los que participaron. 

La situación quedó pendiendo de un hilo porque, lejos de claudicar con sus pedidos, los piqueteros llamaron a salir a la calle nuevamente el 19 y 20 de diciembre, en el aniversario de las jornadas trágicas del 2001, donde se "estrenará" el protocolo que ideó Patricia Bullrich "en todas las áreas federales del país".

El detonante del reclamo fue que la licitación para la compra de una serie de alimentos destinados a la ayuda social no se pudo concretar en las entregas pautadas. Los encargados de cumplir los contratos le informaron a la Secretaría de Desarrollo Social que no pueden respetar los precios acordados, con "aumentos del 200% al 300%", desde que se acordaron los montos, y cobrar "mucho menos" y 60 días más tarde, según supo MDZ.

"Esta año no habrá canastas porque no se puede pagar algo distinto de lo que acordamos", dijo una fuente autorizada del partido que tiene a Mar del Plata como ciudad cabecera.

Los avisos que se enviaron a los dirigentes sociales durante el fin de semana pasado motivaron la manifestación, que configuró una de las primeras protestas masivas desde que Javier Milei asumió como Presidente de la Nación. 

"Por una Navidad sin hambre y sin represión. La calle es nuestra", fue la consigna y bandera principal de los manifestantes que se dieron cita este lunes 9.30 en plaza Rocha y marcharon unas diez cuadras hacia la Municipalidad de General Pueyrredon, en la avenida Luro e Hipólito Yrigoyen. Sin recibir respuestas del intendente Guillermo Montenegro ni de sus funcionarios, extendieron su recorrido por la Peatonal San Martín hasta llegar a la rambla y volver por la calle Rivadavia al palacio municipal. 

La columna se detuvo en una sucursal de una cadena de supermercados y reclamó alimentos frescos -para abastecer a merenderos y comedores- y las canastas que reclaman a la Municipalidad, pero al no encontrar líneas de negociación, decidieron escracharlos con pintadas y pegatinas. "¡Comer no puede ser un lujo!", se leyó en una de los afiches que dejaron en la vidriera.

En videos que dieron a conocer los mismos manifestantes, se ve cómo comerciantes y vecinos reaccionan con hostilidad e indiferencia al ver el escrache al supermercado, muy concurrido por ser el día de promoción de Cuenta DNI, la billetera virtual del Banco Provincia, y la proximidad de las fiestas. 

"Nos enteramos de este anuncio en el marco de una disparada inflacionaria y congelamiento de los ingresos que empuja a miles de familias a la pobreza e indigencia. Y cuando el precio de las canastas navideñas sufrió un aumento del 200%", razonó Magalí Cornide, dirigente del Movimiento Teresa Rodríguez (MTR).

Con cánticos, banderas y pancartas, mostraron su férrea oposición a la implementación del "plan motosierra" en la ciudad y convocaron a combatir "el ajuste en los comedores y merenderos", insistiendo en que se dinamicen las entregas de alimentos frescos.

En medio de la desconcentración, Montenegro usó sus redes sociales para tildar a los que participaron del reclamo de "delincuentes" y los acusó de intentar extorsionarlo. "Esta mañana presentamos una denuncia penal por los cortes que hicieron distintas organizaciones sociales en la esquina de Luro e Yrigoyen", infirió. 

El intendente del PRO, fue incluso más duro y dijo: "No voy a aceptar extorsiones, vandalismo, daños ni ninguna situación que ponga en peligro a quienes viven en Mar del Plata, por eso decidí denunciar a quienes quieren tomar a la ciudad como rehén y vamos a ir hasta las últimas consecuencias". 

"Acá el único enemigo es el delincuente y siempre me van a encontrar defendiendo a los que eligen hacer las cosas bien", agregó.

Desde Seguridad remarcaron que el hecho encuadraría en la figura penal descripta por el artículo 194 del Código Penal, que establece que “el que, sin crear una situación de peligro común, impidiere el funcionamiento de los transporte por tierra, agua o aire o los servicios públicos de comunicación, de provisión de agua, de electricidad o de sustancias energéticas, será reprimido a tres meses a dos años de prisión”. 
 
Asimismo, se fundamentó este pedido explicando que este delito pone en peligro el orden social, la seguridad del tránsito y de los medios de transporte, como así también vulnera la seguridad y tranquilidad para el desarrollo de las actividades humanas.
 
Desde la comuna pusieron a disposición, junto con la denuncia, los videos tomados por las cámaras del Centro de Operaciones y Monitoreo (COM).

Los denunciados no tardaron en repudiar la medida y sostuvieron -a través de sus voceros. que "mientras quienes denuncian y reprimen pasarán una Navidad digna, la mayor parte de nuestro pueblo no tendrá qué poner sobre la mesa. Es por esto que nos movilizamos, para exigir nuestros derechos más básicos, los cuales fueron arrancados también con la lucha del pueblo".

¿Qué pasó en este caso con el protocolo antipiquetes?

El flamante protocolo antipiquetes que describió Patricia Bullrich en su regreso a la cartera de Seguridad no tiene simple aplicación en ciudades como Mar del Plata.

"No será de aplicación directa", graficaron fuentes del municipio que conduce el exministro porteño Montenegro, al indicar que una movilización por la zona céntrica no constituye jurisdicción nacional alguna, y que, salvo que haya algún pedido de mandatarios bonaerenses, no se podrá movilizar a la policía sin la intermediación previa de las autoridades judiciales.

Esta nota al pie modera los alcances del plan de acción que apunta a tener una intervención más firme y estricta en las calles frente a movilizaciones para evitar que se produzcan interrupciones de tránsito o bloqueos.

También se hace hincapié en ese paquete de medidas, contemplados en la resolución 943/2023 del Ministerio de Seguridad de la Nación, que se puede hacer cargo de los costos de los operativos y/o daños producidos por los manifestantes a dirigentes u organizaciones convocantes de esas movilizaciones.

Salvo que se bloqueen los accesos a la ciudad, como se dio en ocasiones anteriores hasta con acampes, no se requerirá la intervención de las fuerzas federales. 

Más allá de estas pequeñas arterias de ingreso a la ciudad, no hay grandes superficies donde se suelan manifestar las organizaciones sociales que requieran una intervención de magnitud. De esta manera se seguirá trabajando como hasta el momento junto a la Justicia y la Policía Bonaerense. 

En paralelo, Montenegro pide el regreso de más efectivos de Gendarmería, como pudo concretarlo en el final del mandato de Bullrich como ministra. Y seguramente lo admita públicamente el próximo jueves cuando se presente el Operativo Sol 2024. 

Los últimos anuncios del Gobierno sobre los cortes de calles

La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, ratificó que "todos aquellos que hayan promovido, instigado, organizado o participado" de cortes de calles "perderán todo tipo de diálogo con el Ministerio de Capital Humano" y los planes sociales.

"Los únicos que no van a cobrar el plan son los que vayan a la marcha y corten la calle. Ya lo dijo el Presidente (Javier Milei): el que corta no cobra", indicó Pettovello en un mensaje difundido en las redes sociales de su Ministerio.

A su vez, instó a "auditar a todas las organizaciones que entreguen planes sociales", por lo que que se iniciará "un proceso para la eliminación de la intermediación" y que se eliminarán los "certificados de presencialidad que dan las organizaciones sociales".

"Por otra parte queremos darle tranquilidad a los beneficiarios de los planes. Deben saber que nadie puede obligarlos a ir a una marcha con la amenaza de dar de baja el plan. Por esa razón, suspenderemos el control de los certificados de presencialidad que dan las organizaciones sociales" a los manifestantes, explicó.

En su breve anuncio, Pettovello también se refirió a la movilización que el próximo miércoles realizarán en Plaza de Mayo las organizaciones de izquierda nucleadas en la Unidad Piquetera (UP) como respuesta a "los anuncios" de la semana pasada del ministro de Economía, Luis Caputo.

En se punto, especificó que "si bien es un derecho manifestarse, también lo es respetar el derecho de las personas a circular libremente para dirigirse a su trabajo".