San Luis: el gobernador intervino una universidad y estalló la polémica

Horas después de asumir su cargo, el gobernador de San Luis, Claudio Poggi (Juntos), firmó un decreto, en el que acompaña con su firma el ministro de Educación, Guillermo Araujo, por el cual intervino la Universidad de La Punta, dejando sin efecto el nombramiento de María Eugenia Catalfamo quien había sido designada por la gestión de Alberto Rodríguez Saá.

En su lugar, ingresa Luis Guillermo Quintas como interventor, acompañado por María Eugenia Vergés como secretaria general y Marcelo Neme como secretario Legal y Técnico. Como Quintas afronta algunos problemas personales, por ahora Vergés quedará a cargo de la casa de estudios hasta que el interventor normalice su situación. Los tres fueron puestos en funciones por el escribano general de Gobierno, Juan José Laborda Ibarra.

El decreto explica que la designación de Catalfamo fue irregular desde el momento que ocupa una banca en el Senado de la Nación, cuando el estatuto de la universidad exige dedicación exclusiva al cargo. Además, según se argumentó, la senadora nacional no cumple con tres requisitos indispensables, ya que no fue nunca profesor titular de alguna universidad acreditada, tampoco tiene cinco años de actuación académica universitaria ni cuenta con experiencia en la dirección y gestión de organismos públicos o instituciones privadas, ni participó en proyectos de alcance internacional, como exige el mismo estatuto.

"La situación es muy difícil. Fue el primer acto del Gobernador y nos retrotrae a las peores épocas", dijo María Eugenia Catalfamo, quien junto con el resto de las autoridades de la Universidad presentó una denuncia ante la Justicia por la intervención de la casa de estudios, y anticipó que buscarán retrotraer la medida con un recurso de amparo.

Qué dice el decreto de la intervención

El gobierno puntano justificó la intervención de la Universidad de La Punta, ya que "solo de ese modo puede garantizarse el normal y legal funcionamiento de casa de altos estudios y la validez de sus actos en el orden académico, administrativo, de extensión universitaria y demás actos institucionales, a los efectos de salvaguardar derechos fundamentales de estudiantes, docentes, personal administrativo y terceros".

Como está en receso la Legislatura, el plazo de la Intervención será de seis meses y ad referéndum de lo que decida ese cuerpo luego de cumplido el plazo.

Mirá el momento de la intervención a la casa de altos estudios