Jubilados: con el pago de bono y aguinaldo confirmado, cuál es el primer desafío que tendrá Milei en Anses
Con una Ley de Movilidad que no cumple con el objetivo de que las jubilaciones superen la inflación, el nuevo Gobierno tendrá varios desafíos.
Javier Milei confirmó a varios integrantes del Gabinete con el que asumirá el próximo 10 de diciembre. Osvaldo Giordano, actual ministro de Finanzas del gobernador saliente de Córdoba, Juan Schiaretti, será el encargado de ocupar el cargo en Anses. Previamente había ocupado el cargo de secretario de Previsión Social en esa provincia.
Una vez que asuma como presidente de la Nación, Javier Milei, afirmó que realizará una revisión de las asignaciones y las Pensiones No Contributivas por discapacidad con el objetivo de "garantizar la transparencia" y que los haberes sean percibidos por quienes cumplen con los requisitos. En ese marco, el nuevo titular del organismo previsional tendrá obstáculos que enfrentar y desafíos que cumplir en relación a las jubilaciones.
En diálogo con MDZ, Marcela Micames, abogada previsiona, sostuvo que en lo inminente y lo más cotidiano, "el nuevo Gobierno se va a tener que enfrentar con el sinceramiento de los aumentos de jubilaciones y pensiones. Estos aumentos se llaman movilidad, están regulados y exigidos por la Constitución Nacional y es lo que hace que las jubilaciones, con el devenir del tiempo, se mantengan en su poder adquisitivo y su representatividad respecto de los salarios de los cuales emergieron".
La Movilidad, explicó la abogada, "significa mantener, darle estabilidad al haber y está regulada por una ley del Congreso". En los últimos cinco años se sancionaron tres leyes diferentes, modificando las anteriories, con diferentes objetivos. La Ley N° 26.417 rigió en el país desde 2009 hasta marzo 2018 cuando el gobierno de Mauricio Macri logró modificarla en el Congreso, sancionando la Ley N° 27.426 que estuvo vigente hasta marzo del 2021.
La principal diferencia entre una y otra, residía en la fórmula y frecuencia de actualización del valor monetario de los haberes previsionales. Mientras que la Ley dispuesta por el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner en 2009, determinaba aumentos regidos por la recaudación presupuestaria y que resultaban superiores a la inflación, la propuesta por el gobierno de Mauricio Macri implicaba que las jubilaciones se rijan por la inflación, adoptando la recomendación del FMI, con el fin de generar un recorte estimado entre 80.000 y 100.000 millones de pesos (equivalentes a 4600 y 5500 millones de dólares).
Al asumir como presidente, Alberto Fernández suspendió esa fórmula y durante 2020 aplicó subas por decreto, para luego aprobar en 2021 un nuevo cálculo que contempla la evolución de los salarios y la recaudación de la Anses, pero no por la inflación. La nueva fórmula contemplada en la Ley N° 27.609 surge de la sumatoria del 50% del aumento trimestral en la recaudación de Anses y un 50% por la variación salarial del mismo período. Sin embargo, ninguna de las modificiaciones "ha logrado ese objetivo de mantener y hacer rendir a las jubilaciones con respecto a distintos índices, principalmente con respecto a la inflación, pero también con respecto a índices de índole salarial", sostuvo Micames.
Durante el último tiempo, ese desfasaje entre los haberes previsionales y jubilaciones, ha sido compensado en cierta medida por el actual gobierno "mediante el otorgamiento de refuerzos, bonos o suplementos que se acuerdan en forma discrecional", señaló la entrevistada. Sin embargo, advirtió que esto "no tienen relación con la situación de revista con los salarios o el trabajo que ese jubilado desempeño en vida activa y cuando efectuaba aportes sino que se fija un valor fijo y, como dije, arbitrario o discrecional que inclusive excluye, en su percepción, a un gran grupo de personas titulares de beneficios previsionales que no acceden a estos bonos aun cuando su prestación, por supuesto, está regida por esa ley de movilidad que no estaría alcanzando a cubrir los índices inflacionarios o los índices salariales".
Al mismo tiempo, Micames explicó que esta situación se arrastra desde hace más de un año. "Estos bonos han venido sucediendo sin solución de continuidad o sea, constantemente y sostenidamente, desde septiembre del año pasado y el último anunciado hasta ahora es el de diciembre justamente del 2023", dijo en referencia al bono de $55.000 para jubilados que cobran la mínima, "que es aproximadamente el 50% de los jubilados y pensionados".
Con el aumento por la ley de movilidad jubilatoria el haber mínimo pasará a ser de $105.712,6100 desde diciembre hasta febrero, muy por detrás de la inflación. "La relación entre el refuerzo y el haber mínimo sobre el cual recae es del 52% y es un valor muy alto porque la ley de movilidad jubilatoria no está cubriendo los aumentos a los jubilados en ese porcentaje, sino mucho menos", cuestionó Micames.
En el mismo sentido, agregó que esos pagos discrecionales que el gobierno denomina refuerzos previsionales para poder complementar o suplementar el faltante de la movilidad jubilatoria legal, son implementados "por vía reglamentaria, justamente no están expuestos por ley. Dependen directamente del Poder Ejecutivo Nacional". Por ello, planteó que el gobierno de Milei "tendrá que definir si sigue acordando estos refuerzos, si los mantiene acotados a los beneficiarios de la mínima o se los extiende a más personas o si envía una nueva ley al Congreso de la Nación que establezca una fórmula de movilidad jubilatoria que de alguna manera esté equiparada y sea proporcionada a los índices oficiales de inflación, de salarios o de cualquier otro índice correspondiente", finalizó.