La Defensoría del Pueblo pidió informes por el cobro de copagos por cobertura de salud

La Defensoría del Pueblo de la Nación pidió informes a la Superintendencia de Servicios de Salud e inició una investigación de oficio por las denuncias radicadas por usuarios de medicina prepaga y beneficiarios de obras sociales, por el cobro de copagos para hacer frente a los honorarios particulares que están realizando algunos profesionales de la salud, asociaciones de médicos y sanatorios, bajo el argumento de los deficientes aranceles y el retraso en el pago que realizan los financiadores.

Cabe recordar que el pasado 21 de septiembre, ocasión en la que se conmemora el Día de la Sanidad, asociaciones médicas difundieron un comunicado donde se refirieron en la necesidad de cobrar copagos adicionales para hacer frente al “honorario médico pagado por empresas de medicina prepaga, obras sociales y sanatorios" que se encuentran por debajo de lo que ellos consideran un ‘honorario ético mínimo’. Dicho ´honorario ético mínimo´, como se lo llamó, actualmente está fijado en la suma de $6.000.

A partir de esta situación, varias prepagas y obras sociales resolvieron devolverle al usuario dicho monto siempre que presente un comprobante o factura de pago. Pero ocurre que, en su mayoría, los profesionales y los centros de salud no suelen entregar un recibo de ese monto. "La diferencia entre lo que ellos consideran el ´honorario ético mínimo´ y lo que paga el financiador es trasladado al paciente, lo que representa en la práctica que aquel usuario de medicina prepaga o beneficiario de la seguridad social tenga, además, que abonar por una prestación que ya se encuentra cubierta por pertenecer a algunos de los sistemas de cobertura anteriormente mencionados", indica un comunicado difundido por la Defensoría del Pueblo.

"Como se observa, se trata de una medida unilateral que no encuentra sustento en ningún tipo de normativa, toda vez que, cuando el profesional de la salud ha decidido prestar servicios para una obra social o empresa de medicina prepaga, debe circunscribirse al acuerdo comercial oportunamente celebrado, aceptando los términos y condiciones allí estipuladas en donde, además de fijar el monto de honorarios a percibir por consulta médica, también se fijan los tiempos estipulados para el cobro", indica el documento del Ombusman nacional.

Y continúa: "Está claro, que ese acuerdo comercial, que hoy consideran insuficiente, debe ser debatido de manera privada, ya sea revisando las cláusulas oportunamente firmadas, rescindiendo el contrato o, en una situación más acuciante, judicializándolo en la justicia comercial. Pero en modo alguno, esas consecuencias económicas disvaliosas deben quedar en cabeza del paciente", enfatiza el documento.

Bajo este argumento, la Defensoría del Pueblo de la Nación solicitó informes a la Superintendencia de Servicios de Salud para saber "si han iniciado gestiones tendientes a tutelar los derechos de usuarios y beneficiarios del sistema privado y de la seguridad social," y si la medida anunciada por las asociaciones médicas "encuentra respaldo normativo y en ese caso, cuáles son las normas que sustentan la medida".

También se consultó "cuáles son los canales de denuncia habilitados por la Superintendencia, para que las personas puedan reclamar frente a cobros indebidos por parte de prestadores de salud que formen parte de las cartillas médicas de sus coberturas de salud".

La Defensoría del Pueblo concluye su comunicado expresando la necesidad de adoptar medidas para garantizar "la equidad y accesibilidad a la atención médica y evitar posibles abusos en la relación entre los profesionales y los usuarios del sistema de salud".