El Gobierno fijó las indemnizaciones para las víctimas de las explosiones en Río Tercero

A  28 años de las explosiones de la Fábrica Militar de Río Tercero, ocurridas el 3 y 24 de noviembre de 1995, que dejaron siete muertos y más de 300 heridos, el Gobierno nacional fijó este jueves a través de un decreto publicado en el Boletín Oficial, nuevos montos para las indemnizaciones en pesos para los familiares y víctimas del atentado.

El Gobierno redefinió así los montos para cumplir una ley que el Congreso aprobó hace ocho años y reglamentó en 2018, pero que nunca se cumplió. Los nuevos valores son: por muerte, $8.000.000; lesiones gravísimas, $5.600.000; lesiones graves, $4.800.000; daño moral, $800.000; y daño material $760.000.

Cabe recordar que hace pocas semanas, junto a la diputada Gabriela Brouwer de Koning y el abogado Mario Ponce, las familias perjudicadas por el atentado en la fábrica militar en 1995 realizó una protesta ante el Congreso y tuvo un encuentro con funcionarios del Ministerio de Defensa de la Nación para exigir el pago de estas indemnizaciones fijadas por ley.

Según expresó el abogado Mario Ponce que representa a cerca de 8 mil afectados riotercerenses, a partir de la publicación del decreto el pago a los damnificados debería ser "inmediato", y se espera que se concrete antes de fin de año.

El decreto 596/2023 fechado el 15 de noviembre, sostiene que "es requisito para el cobro de la compensación económica a los beneficiarios o sus herederos la renuncia absoluta de estos a los procesos administrativos o judiciales en trámite, debiendo suscribir los formularios correspondientes por los cuales se liberará al Estado nacional de la responsabilidad reconocida por los hechos que motivan al presente". Además, señala que, para quienes hayan recibido la reparación pecuniaria en legal forma quedarán subrogando al Estado nacional si con posterioridad solicitasen igual beneficio otros causahabientes con igual o mejor derecho".

A fines del 2020, el juez federal de Río Cuarto, Carlos Ochoa, emplazó al Estado nacional a que en 30 días pagara las indemnizaciones pendientes en 400 casos representados por el abogado Mario Ponce, pero el Estado nunca cumplió porque apeló dicho fallo. Hace pocos meses, la Cámara de Apelaciones resolvió rechazar la apelación, por lo que el Gobierno resolvió acatar la ley aprobada en el Congreso y fijar los nuevos montos publicados en el mencionado decreto, a la vez que estableció que la autoridad de aplicación será el Ministerio de Defensa de la Nación.

El atentado a la Fábrica Militar

Cabe recordar que la Justicia determinó que las explosiones ocurridas en el Fábrica Militar el 3 de noviembre de 2005 y su réplica el 24 de ese mismo mes, fueron "intencionales". 

El atentado consistió en una serie de detonaciones en el establecimiento militar de Rio Tercero, que destruyendo no solo ese edificio sino parte de la ciudad, causando la muerte de siete personas, hiriendo a más de trescientas.

En 2014 el Tribunal Oral Federal de Córdoba Nº 2 dictó la sentencia sobre el caso, condenando a cuatro altos funcionarios de la empresa estatal Fabricaciones Militares, todos ellos ingenieros y militares retirados, a penas de trece y diez años de prisión, por el delito de "estrago doloso (intencional) agravado por la muerte de personas". El tribunal concluyó también por unanimidad y con plena certeza que el móvil de la explosión fue el "encubrimiento del contrabando de armas a Ecuador y Croacia realizado entre 1991 y 1995".

El último juicio que quedaba pendiente en el marco de la investigación por las explosiones de la Fábrica Militar estaba previsto para el 24 de febrero de 2021 en los tribunales federales de Córdoba, y tenía por único imputado al ex presidente Carlos Menem. Pero el fallecimiento de Menem implicó la “extinción de la acción penal y sobreseimiento por muerte”.

El representante del Ministerio Público Fiscal señaló que en el proceso "se pretendía determinar si Menen dio alguna orden, consentimiento o acompañamiento con lo que luego terminó en la explosión" de la Fábrica Militar.

Menem había sido separado del primer proceso judicial por "falta de mérito" dictada por la Cámara de Apelaciones de Córdoba. Sin embargo, en 2018, la Cámara Nacional de Casación Penal revocó el sobreseimiento y lo envió a juicio.

Cuando en febrero de 2021 falleció el ex presidente, el intendente de Río Tercero, el radical Marcos Ferrer, decidió que dicha ciudad no adheriría al Duelo Nacional, decretado por el Poder Ejecutivo Nacional, al considerarlo como “el principal responsable” de las explosiones en el predio militar, y recordó que un año antes, en el marco del 25 aniversario de la voladura, había emitido un decreto declarándolo “persona no grata” en esa localidad.