Qué se debe hacer con los celulares en las cárceles, según un experto

Cada vez es más habitual ver en TikTok transmisiones en directo de personas que cumplen condena. La ley penal habla de encierro, pero no de aislamiento y el avance de internet y el desarrollo de las nuevas plataformas habilitaron, casi sin que el sistema se de cuenta, nuevos modos de tirar abajo el muro que separa el adentro del afuera.

Por curiosidad, afecto o morbo cientos de personas se conectan e interpelan a los streamers. Algunos les dicen que son delincuentes, ladrones, les desean lo peor. Otros quieren saber más sobre sus vidas, entender por qué están ahí y cómo es el día a día en una cárcel. Desde las autoridades de los penales dicen que la situación se fue de las manos desde la pandemia y que, ahora, con "derecho adquirido" ya no se puede hacer, pero crece la preocupación sobre un fenómeno emergente, incipiente y que parece no encontrar solución en el corto plazo.

Leandro Halperin tiene 53 años, es abogado egresado de la Universidad de Buenos Aires, especialista en políticas penitenciarias y prevención del delito y se desempeña como profesor titular de cátedra de la materia Principios de los Derechos Humanos y el Derecho Constitucional en la UBA. Entre el 2018 y el 2021 fue legislador de la ciudad de Buenos Aires por UCR Evolución y fue Director del programa de Educación en Cárceles de la UBA (2009-2013). En diálogo con MDZ analizó la situación del uso de los celulares en las cárceles y cómo debería abordarse. 

- Que se usa celulares en las cárceles es un hecho, ¿cómo debería abordarse la utilización que se le da a los dispositivos en el penal de acuerdo a que se conoció que, por ejemplo, los usan para hacer vivos en TikTok?
- Desde lo general no hay un solo abordaje porque, por ejemplo, tenés jurisdicciones como la provincia de Buenos Aires donde el uso del celular está autorizado y los presos avisan qué celular tienen y no pueden usarlo para nada más que eso. Después tenés el caso de las cárceles federales, donde también hay celulares, pero, a diferencia de la provincia de Buenos Aires, el uso está prohibido por ley y debiera haber inhibidores. Entonces, mi mirada tiene que ver dependiendo el uso que se le dé y si está autorizado o no está autorizado por las autoridades penitenciarias y la ley.

- Pero más allá de la regulación específica de cada caso, el uso de celulares es un hecho. ¿Cómo impacta esto en la noción de pena que se concibió en Argentina?
- Sin duda que lo que está ocurriendo con los celulares en las cárceles transforma la pena privativa de la libertad porque se interrumpe el aislamiento. Eso no significa que la pena no siga existiendo, porque la pena, en realidad, no es aislarte de la sociedad, sino privarte de la libertad ambulatoria y vincularte progresivamente con la sociedad en función de las etapas de la pena en las que estés. Lo cierto es que el celular es posterior a la pena privativa de la libertad y a la reglamentación de las comunicaciones y sobre todo el celular con imagen y con internet, o sea que vos puedas subir contenido y que lo pueda ver cualquiera.

- Desde el Servicio Penitenciario atribuyen este fenómeno a la pandemia. ¿Sucedía algo parecido antes?
- Durante la pandemia lo que sucedió fue que se cristalizó una situación que ya venía pasando, que es, como bien señalás, la existencia de los celulares con distintos fines, en algunos casos ilícitos y en otros casos simple comunicación familiar. En estos nuevos casos ocurre la comunicación con el afuera, que es otra realidad. Al mismo tiempo hay una intersección, que es cuando está permitido y cuando no lo está. Parece que no se puede mirar de la misma forma la situación de los celulares en las cárceles federales, que está absolutamente prohibido su uso y se resuelve con un inhibidor, inhibidor que todavía no está en la mayoría de los pabellones. En cambio, en las cárceles provinciales, en donde se mezclan presos autorizados a tener celular con aquellos que no lo están, y usos autorizados con usos que no lo son. Ahí es mucho más complejo aún y es en donde interseccionan estos grises que, en ocasiones, provocan molestias y hasta pueden agredir directa o indirectamente a víctimas de los delitos. En otros momentos son meras comunicaciones con el afuera, efectivamente, que no tienen otro impacto que el de comunicar una realidad o el de comunicarse con el afuera o, inclusive, con otras personas en la misma situación.

- Desde tu experiencia, ¿cómo analizás que suceda esto y el impacto social que tiene?
- De mi parte, lo que considero es que el celular forma parte de las comunicaciones que los presos no tienen prohibidas. Que no esté prohibida no significa que sea de libre uso y de libre finalidad. Yo creo que esto tiene que estar reglamentado y que en función del uso que se haga del celular podés tener más o menos beneficios en cuanto al potencial que la utilización de los aparatos, sobre todo los que se comunican con internet y los que permiten subir contenido multimedia tienen. No tengo una mirada general. Creo que tendría que formar parte de los estímulos que el Estado le brinda a las personas que están privadas de libertad y que en algunos casos está bien y en otros casos se debiera regular o prohibir. Si el uso claramente es contrario a la legislación se debiera prohibir y yo sí creo que el servicio penitenciario tiene las herramientas para diferenciar quién es quién y qué uso se le da. No es lo mismo hacer un TikTok contando que estás yendo a la escuela o un baile, que hacer un TikTok mostrando cómo limás una faca o hacer un TikTok mostrando una pelea o contando cómo fue el delito que te llevó a la prisión. Me parece que no es igual y que el abordaje no debiera ser el mismo y las respuestas, por lo tanto, también debieran ser diferentes.

- ¿Para vos cuál es el mayor problema en las cárceles en torno a esto?
- El problema, en general, en las cárceles es que la mayoría de las acciones o las reacciones del Estado son generalizadas, o sea, no individualizan. De hecho, los principios de intervención en los contextos de encierro son generalizadores, como la resocialización. Se supone que todos precisan ser resocializados y las herramientas que el Estado prevé, supuestamente, son para todos exactamente iguales. Bueno, yo considero que no, que las intervenciones en contextos de encierro con las personas que están en prisión deben ser individualizadas y en función de la mirada individual que el Estado tenga de esa persona es lo que debiera pasar con el celular y las autorizaciones o restricciones a las comunicaciones y al resto de las actividades y a los lugares donde viven en la cárcel también.