Cárceles saturadas: en 15 años se triplicó la cantidad de detenidos en Santa Fe y penalistas reclaman una política integral

El delito y la violencia no paran en Santa Fe y la situación de crisis social y económica se traslada a la calle de distintas maneras. En el mientras tanto, la policía y la Justicia parecen haber endurecido sus posturas que se ve reflejado entre otras cuestiones en la mayor cantidad de personas detenidas en cárceles y comisarias. 

La situación del sistema penitenciario en la provincia no es nueva, pero sin lugar a dudas, que se agudizó en los últimos años. Según el último informe del Observatorio de Seguridad Pública de Santa Fe desde el 2008 al 2022, se triplicó la cantidad de personas detenidas en las cárceles. 

De acuerdo al mencionado informe, para finales del año pasado, la cifra de personas privadas de su libertad alcanzaban 9300 alojados en penales, pero que se incrementaba casi a 10000 si se contabilizan aquellas que permanecían en comisarías y alcaidías. Solo en relación al 2021 creció 13%. En el 2008 habían sido 3.794 personas. 

 

El drama de los penales provinciales también se traslada a las comisarias de toda la bota santafesina, principalmente la de las dos ciudades más grandes, Rosario y Santa Fe, que reciben de forma constante detenidos. Desbordados en su capacidad y limitados en sus posibilidades constantemente se generan situaciones de tensión entre los propios reclusos que conviven hacinados. En lugares que se supone son de "tránsito" permanecen durante meses. 

"No entra un detenido más, las comisarias y cárceles están llenas", comenta con preocupación José Nanni, presidente de la Asociación de Abogados Penalistas de Rosario en diálogo con MDZ. Junto a otros colegas esta semana publicaron un documento que vuelve a poner en agenda la situación y donde convocan a los integrantes de los tres Poderes a una mesa de diálogo que permita definir una política integral. 

Desde la Asociación hicieron hincapié en la falta de una política penitenciaria efectiva y la presión política para aumentar el uso de la prisión preventiva. Dicha situación "conlleva una grave vulneración de derechos al producir hacinamiento, obstaculizar el acceso a derechos básicos y profundizar las pésimas condiciones materiales en las que se desarrolla la privación de la libertad", señalaron. 

"El hacinamiento en los penales y comisarias produce extrema conflictividad entre internos y el personal", subrayó el abogado José Nanni y agregó que las dependencias policiales no son lugares preparados para la custodia masiva y constante de tanta cantidad de personas. Desde la Asociación expresaron que se "están adoptando medidas improvisadas que suponen la afectación de derechos de la personas privadas de la libertad". 

Y agregan en el documento: "La sobrepoblación penitenciaria también constituye una violación a numerosos derechos humanos. Implica violencia estatal desentendida del cause legal" y "niega la dignidad de las personas privadas de su libertad y bajo ciertas circunstancias implica una vulneración a la prohibición absoluta de la tortura"  

Otro de los datos que dan cuenta de la magnitud del problema tiene que ver con que menos de la mitad de las personas privadas de libertad, tanto en prisiones como en comisarías, no tenían condena firme (44%) hasta el 2022. "Esta situación impide entonces que el Estado pueda dar tratamiento penitenciario", agregó Nanni. 

La apremiante situación ya había sido expuesta meses atrás, en abril de este año, cuando la ahora exdefensora provincial Jaquelina Balangione y el exfiscal general del Ministerio Público de la Acusación (MPA), Jorge Baclini concurrieron a la Legislatura de Santa Fe a exponer el informe del del Servicio de Defensa. 

A modo de ejemplo, en la cárcel de Coronda, la capacidad máxima es de 1.456 internos, pero al 31 de diciembre de 2022 se alojaban un total de 2.189 reclusos. La cárcel de Piñero, por otro lado, cuenta con 2.153 varones presos, pero su capacidad es de 1.452. 

Ante esta situación y a menos de dos meses para el recambio de autoridades en la Casa de Gobierno, desde la Asociación de Abogados Penalistas buscan rediscutir las políticas carcelarias en Santa Fe. "Queremos generar un trabajo conjunto y poder analizar, entre varias cosas, el uso excesivo de la privación de la libertad como sanción; el abuso de la prisión preventiva y a la definición de la capacidad penitenciaria conforme a los estándares internacionales de habitabilidad aplicables", cerraron el documento.