La familia de Lucía Pérez pide donaciones para una causa noble
Marta Montero, la madre de la adolescente asesinada en Playa Serena, habló con MDZ sobre el proyecto de "La casa de Lucía".
Familiares de Lucía Pérez, la adolescente que fue asesinada en octubre de 2016 y cuyo caso motivó la primer marcha de "Ni una menos", emprendieron una nueva cruzada para crear "La casa de Lucía" y contener a mujeres que sufren violencia de género en Mar del Plata y alrededores.
A pocos meses del segundo juicio -luego de que el primero absolviera a los acusados- que condenó a prisión perpetua a Matías Farías por ser autor del femicidio, mientras que Juan Pablo Offidani fue sentenciado a ocho años de cárcel por ser partícipe secundario, los padres de Lucía recibieron la cesión de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) de un inmueble para que utilicen como un refugio para víctimas y realizar actividades culturales y de concientización.
Pero la casa cuenta con problemas estructurales que deben ser atendidos con urgencia, como filtraciones en los techos, por eso lanzaron un pedido de donaciones para su puesta en valor. "Hay mucho por hacer, mucho trabajo por delante, y necesitamos su ayuda para poder lograr esta reparación", expresaron en la convocatoria por redes sociales.
Según contó Marta Montero, mamá de Lucía, en diálogo con MDZ, la casa fue desvalijada recientemente y tiene daños "muy considerables". "La estamos arreglando con Guillermo (su marido) de a poquito y con ayuda de mucha gente que se ofreció a darnos una mano, porque es un lugar muy grande y el techo se llueve todo", describió.
Lo primero que deben hacer es para afrontar las reparaciones es pagar el trabajo de un techista, por eso habilitaron un alias para remitir las donaciones "de lo que se pueda", que es "somos.lucia", y poder comprar los materiales necesarios. "También nos vienen bien materiales en general, aguarrás, puertas o hasta latas de pintura, que no importa si están empezadas", agregó.
Las filtraciones de la casa que recibió la familia de Lucía Pérez
"Somos una familia de clase baja que tuvo la desgracia de que le mataron a su hija. Y queremos tener este lugar en condiciones para seguir llevando a cabo las actividades que hicimos por todos estos años y seguir con este camino que nos permitió conocer y encontrarnos con otros familiares de víctimas", describió, al hacer extensivo el pedido de donaciones a "empresarios" y a las
instituciones que representan".
Con los avances de las reparaciones, piensan en habilitar el sector de planta baja de la casa que funcionará como centro "contra los femicidios y las violencias por condición de género", ubicada en Alvarado al 4500, entre Italia y Misiones, antes de fin de año y seguir las obras paulatinamente.
Dicho inmueble fue remitido al Estado nacional después de ser el escenario donde operaba una banda de narcotráfico y estuvo varios meses desocupado. En ese lapso de tiempo fue víctima de robos y vandalismo, actualmente no cuenta ni siquiera con canillas.
"Nuestro objetivo es crear un lugar, como hay otros, que ayuden, informen y asesoren a víctimas de violencias, a sus familiares, a quienes lo necesiten. También vamos a acompañar, como querellantes, las causas que hagan falta. Y queremos proponer talleres y capacitaciones para profesionales que se ocupen de defender a las chicas o sus familias. Tenemos que trabajar por una
reforma, pero mientras tanta, trabajar también por generar nuevos modos de representación en la justicia y en la calle", concluyó la mujer.
Cómo fue el femicidio de Lucía Pérez
Según se acreditó en el juicio, realizado entre el 8 y 27 de febrero últimos, Lucía había conocido a ambos acusados un día antes de su muerte, cuando se acercaron a la Escuela Media 3 local a venderle drogas.
De acuerdo a la sentencia, en la tarde del 8 de octubre de 2016 la menor fue llevada a una sala de salud de la zona sur de la ciudad, a donde llegó sin vida, luego de pasar la mañana en la casa de Farías, en Racedo al 4800.
Durante el primer juicio, Farías y Offidani fueron condenados a ocho años de prisión por los jueces Facundo Gómez Urso, Pablo Viñas y Aldo Carnevale, del TOC 1, pero solo por la venta de drogas en la puerta de la escuela, y fueron absueltos del resto de los cargos.
En agosto de 2020, la Sala IV del Tribunal de Casación bonaerense revocó esas absoluciones, dispuso la "nulidad" del juicio y ordenó la realización de uno nuevo, resolución que fue confirmada un año más tarde por la Corte provincial.