Colegios parroquiales: crisis terminal para un eslabón esencial de la educación

“Nos entristece profundamente informar a nuestra comunidad educativa que el próximo año el IMSA no abrirá sus puertas”, así comienza la publicación en un grupo de Facebook de Avellaneda, y sigue, “razones económicas y financieras nos llevaron a tomar esta difícil decisión”. El caso del Instituto Modelo no es aislado. La situación financiera de los colegios de gestión privada de la Provincia de Buenos Aires es muy delicada, en algunos casos, terminal.

Ya en julio, la Asociación de Institutos de Enseñanza Privada de la Provincia de Buenos Aires (AIEPBA), elevó un preocupante informe al ministro de educación Alberto Sileoni, en el que ponía de manifiesto que 1 de cada 4 colegios afiliados a la asociación se encuentra con alguna situación que lo compromete financieramente y casi 1 de cada 10 corre algún riesgo de cierre.

Un comunicado recientemente emitido por el Consejo de Educación Católica de la Provincia de Buenos Aires (CEC), advierte que, desde hace tiempo, los topes arancelarios autorizados por el gobierno provincial son inferiores a los aumentos salariales. A eso se suma que la ley que regula el cobro de las cuotas de los colegios de gestión privada establece topes de aumento de acuerdo al porcentaje de subvención. Aquellos que reciben más aporte del estado pueden aumentar menos.

El problema es que, en muchos establecimientos, el crecimiento vegetativo no es acompañado por el subsidio y los nuevos salarios deben ser asumidos en su totalidad por la institución. Así, hay colegios que, teóricamente, tienen el 100% de subvención, pero en la práctica el Estado sólo cubre el 60% de la masa salarial y siguen obligados a mantener las cuotas como si el subsidio fuera total.

Una situación insostenible

La situación, en muchísimos casos, se está volviendo insostenible y los establecimientos educativos ya no tienen más margen para absorber ese desfasaje.

“En cifras simplificadas, en estos últimos años los aranceles han subido por debajo de la inflación acumulada, mientras que los incrementos salariales son superiores al 700%”, explica Franco Ricoveri, director de uno de los colegios en crisis. 

Tengamos en cuenta que, en el conurbano bonaerense, casi el 50% de los establecimientos educativos son de gestión privada y el 30% del alumnado de la provincia asiste a colegios parroquiales o que dependen de una diócesis, la gran mayoría de los cuales cubre las necesidades educativas de familias de clase media y media baja.

En otras palabras, los colegios de gestión privada brindan un servicio indispensable a la comunidad que el sistema estatal no está ni remotamente en condiciones de atender. En este esquema, las subvenciones no son un regalo que el Estado le hace a un privado, sino que son una forma eficiente de repartir los gastos. No está de más recordar que las escuelas estatales no son “gratis”: cuestan mucha plata y, encima, en muchos casos, son muy malas.

“En las escuelas estatales los alumnos no tienen clases por infinidad de motivos y cuando las tienen, no se les enseña siempre con calidad. La bajada ideológica es, desde hace décadas, asfixiante. Y frente a todo esto, los padres si pueden huyen, no hay otra palabra. En nuestro colegio vemos eso a diario: familias que hacen esfuerzos enormes con tal de no tener que mandar a sus hijos a una escuela pública”, afirma Ricoveri.

Reclamos que caen en saco roto

Martín Zurita, líder de AIEPBA, sostiene que desde hace tiempo vienen haciendo reclamos ante la grave situación que atraviesa el sector. “Desde la pandemia que venimos advirtiendo sobre la crisis que padecen los colegios privados de la provincia. En el mes de julio avisamos que varias instituciones se iban a ver obligadas a cerrar y nadie nos escuchó. Hoy eso está pasando”, afirma, preocupado.

Al caso de Avellaneda, se suman otros en Moreno, Esteban Echeverría y La Plata. Desde la pandemia, más de 70 colegios privados cerraron sus puertas en el conurbano bonaerense. Y el panorama parece empeorar.

Llegados a este punto, es justo hacerse la pregunta ¿por qué semejante negligencia por parte del gobierno provincial? ¿Es una simple “desprolijidad” producto de la falta de eficiencia o es algo planificado para perjudicar a la educación privada? Si nos inclinásemos por la segunda conjetura, tendríamos muchas explicaciones posibles de los por qué. La más notoria es, seguramente, la que ha caracterizado a los gobiernos kirchneristas en todos los niveles de gestión: la necesidad de confrontar y tener un enemigo a quien hacer responsable de la propia ineficiencia.

Cabe, también, analizar la primera opción, es decir, que todo esto sea fruto de la inoperancia y torpeza de la actual gestión. Y tristemente, hay evidencias abrumadoras para avalar esta posibilidad. Gastos absurdos que no tienen explicación; idas y vueltas; marchas y contramarchas, emparches improvisados. La falta de rumbo es total.

Así, quizás nuestra pregunta se podría responder afirmando que son ciertas ambas hipótesis y que, en el fondo no están separadas. Los múltiples escándalos que suceden en este fin de ciclo son un síntoma más de la misma enfermedad: el deterioro total de nuestra sociedad. Eso sí, la educación es el futuro y ese es un límite que no podemos permitir que se pase: con nuestros hijos, no.