Discapacidad: prestadores amenazan con cortar servicios por falta de pago y se reaviva el pedido de familias

Más de 5 millones de personas que en Argentina viven con una discapacidad o limitación de tipo motriz, neurológica o sensorial atraviesan un profundo riesgo de que sus derechos humanos fundamentales sean vulnerados en medio de un conflicto que en lugar de ser resuelto, se profundiza.

Es que una vez más, los prestadores de servicios que trabajan en áreas de salud, educación y transporte llevan adelante el reclamo por los retrasos en los pagos de sus honorarios, que en algunos casos, superan los cuatro meses. Por eso, este miércoles, las voces en las calles se unieron en un mismo mensaje dirigido al presidente Alberto Fernández y a todos los gobernadores.

En la Cámara de Diputados del Congreso, por su parte, se realizó una asamblea en la que participaron diez organizaciones de la sociedad civil que defienden los derechos de las personas con discapacidad. Seis referentes de estas entidades que trabajan a nivel nacional plantearon una larga lista de deudas pendientes que tanto el Estado argentino como la sociedad, mantienen aún con este vulnerado sector de la población. En tanto que la convocatoria en la carpa blanca que fue armada en Plaza de Mayo para luego seguir con una marcha hasta el Congreso de la Nación, tuvo una gran convocatoria. En Mendoza, la concentración se realizó, una vez más, en el Nudo Vial para seguir hasta el prado de la Virgen (acceso este) y de allí continuar con la marcha hasta Casa de Gobierno.

El pedido de los prestadores

El riesgo que hoy recae sobre miles de niños, niñas. adolescentes, adultos y adultos mayores que viven con alguna discapacidad en materia de salud es grave y profundo. Desde hace meses el sector que brinda servicios de asistencia para que ellos puedan ir a la escuela, ser atendidos médicamente, acceder a terapias y poder contar con un servicio de transporte (entre otras necesidades básicas), viene reclamando su derecho a cobrar las prestaciones brindadas. Luego de una reunión realizada el jueves pasado entre el sector y las autoridades de la SSS, desde el organismo aseguraron que los pagos ya se están efectuando, de manera de regularizar tal situación.

Sin embargo, son los propios prestadores (entre los que además figuran profesionales de la salud de las áreas como kinesiología, neurología y psicopedagogía, entre otros), quienes aseguran que el pago de las facturas en muchos casos no se ha realizado y que inclusive, desde las obras sociales les anuncian que solo podrán percibir la mitad de los montos que figuran en las facturas, que a su vez fueron emitidas en marzo, abril y mayo y que aún no registran el pago.

Lo que se solicita de manera urgente, es que la Superintendencia de Servicios de la Salud (SSS) derive los fondos necesarios destinados a discapacidad a las obras sociales, de manera que efectúen los correspondientes haberes a los/las profesionales de la salud, acompañantes terapéuticos y personal a cargo de los traslados. Lo cierto es que el dinero que llega a la caja de esta área es el que destina la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).

Mariana Oldrá, es una kinesióloga mendocina y una de las profesionales que está participando de manera activa en estos reclamos. "La situación sigue siendo la misma; nadie nos da una respuesta y las obras sociales están pagando el 50% de las facturas adeudadas. La situación es cada vez más crítica para los prestadores porque si no podemos cobrar no podemos prestar los servicios y eso puede terminar de poner en riesgo la atención de miles de personas con discapacidad", advirtió Oldrá en representación del sector.

Derechos vulnerados y problemas invisibilizados

Lejos de ser una realidad nueva, las situaciones que a diario viven las personas con discapacidad en Argentina y sus familias se vienen planteando desde hace años, dejando a miles sin posibilidades de mejorar su calidad de vida, acceder a un trabajo, contar con las adecuadas condiciones habitacionales, estudiar y desarrollar sus capacidades en una sociedad de iguales. Las dificultades que plantea el sistema para garantizar su pleno acceso a tratamientos de salud en tiempo y forma como así también la escasa información en relación a la temática de discapacidad y los exiguos pagos de las pensiones que se ubican por debajo de la línea de la indigencia, son las problemáticas que -aseguran desde las entidades- no pueden esperar más para ser abordadas desde leyes y políticas concretas.

Por eso, este miércoles, a las protestas organizadas en relación al pago de las prestaciones y los fondos que se destinan desde el Estado para este fin, se sumaron las voces de quienes desde hace décadas trabajan en todo el país para avanzar en la defensa de los derechos de las personas con discapacidad.

 Frente a los legisladores, expusieron una larga lista de necesidades que se plantean para las personas con discapacidad y sus familias en el país: aseguran que se requieren leyes concretas que luego se bajen a la realidad en términos concretos atendiendo a lo dispuesto en las convenciones internacionales y a los derechos que deben ser respetados para quienes viven con discapacidad.

"El 85% de las personas con discapacidad en Argentina no tiene un trabajo. Esto no viene de ahora; tiene más de veinte años. Pedimos que dejen de lucrar con la discapacidad y que de una vez por todas se nos respete como personas", destacó Mónica Bascuñan, titular del Observatorio de Discapacidad de Mendoza.

"Nada sobre nosotros sin nosotros"

Una frase sintetiza el pedido para que en lo profundo las decisiones de ahora en más tengan una perspectiva más adecuada a las necesidades de las personas con discapacidad y sus familias. "Nada sobre nosotros sin nosotros", dice el lema que ilustra el necesario protagonismo que hoy reclama el sector a la hora de participar en las decisiones que les atañen de manera directa en su vida.

Pedro Crespi, director ejecutivo de la Asociación Argentina de personas con Síndrome de Down (Asdra) fue uno de los oradores que compartió la realidad de las personas con discapacidad en Argentina en el marco de la asamblea que se realizó en el Congreso Nacional.

En su discurso, Crespi alertó sobre la necesidad de que en país cuenta con una estadística concreta en relación a las personas con discapacidad y solicitó datos a cerca de la encuesta que el gobierno nacional ha prometido efectuar para el 2023. "Necesitamos tener un diagnóstico muy claro de las personas con discapacidad; que no digan cómo se va a realizar esa encuesta", destacó Crespi y detalló que es fundamental conocer en detalle la realidad habitacional, educativa, sanitaria y laboral de este vulnerado sector de la sociedad en Argentina.

Una encuesta efectuada por Asdra, indica que el 66% de las personas con discapacidad que en el país no tienen el Certificado Único de Discapacidad no accede a las terapias necesarias para mejorar su calidad de vida y que 17% de los niños y niñas de tres a 17 años no va a la escuela. "El 90% de las personas con síndrome de down en Argentina no tiene un empleo", ejemplificó Crespi en el Congreso. 

Que 170 mil pensiones no contributivas fueran dadas de baja años atrás sin haber sido reactivadas, es otra situación planteada desde las entidades. Solicitan además, que se traten en los recintos legislativos los proyectos destinados a mejorar las condiciones de ingreso y las posibilidades de empleo de las personas con discapacidad. "Se requiere de una asignación económica respetuosa de las personas con discapacidad", plantearon y explicaron que el sistema hoy ofrece condiciones de indigencia y estigmatización, en lugar de garantizar la igualdad de oportunidades y condiciones.