El ministerio de Defensa expulsó a seis militares de la dictadura

El ministerio de Defensa dispuso la baja obligatoria de las filas de la Armada Argentina a seis militares con sentencia de condena firme por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar (1976-1983), informó la cartera en un comunicado.

A través de una resolución, el ministro de Defensa, Jorge Taiana, quitó el estado militar a Adolfo Miguel Donda, Ricardo Miguel Cavallo, Alberto Eduardo González, Jorge Carlos Radice, Jorge Eduardo Acosta y Antonio Pernías.

El ministerio indicó que actuó según lo previsto por la ley 19.101 para el personal militar, que establece la baja obligatoria de los condenados como consecuencia de la pena de inhabilitación absoluta y perpetua impuesta mediante sentencia firme, una vez que ésta fue notificada por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal 5 de la ciudad de Buenos Aires, a cargo de la causa.

Para el ministerio de Defensa “resulta inaceptable y contrario a derecho que exista personal con estado militar que se halle, a la vez, condenado por delitos de lesa humanidad”, informó en un comunicado.

Organismos de derechos humanos -entre los que se encuentran Abuelas de Plaza de Mayo y Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora- celebraron la decisión del ministerio de Defensa de dar la baja a seis militares condenados con sentencia firme por delitos de lesa humanidad cometidos en el centro clandestino de detención, tortura y exterminio que funcionó en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA).

Por el edificio de la ESMA, en pleno casco urbano de Buenos Aires, unas 5.000 personas fueron secuestradas, torturadas y casi todas arrojadas luego con vida al mar, crímenes contra la humanidad que están siendo investigados y juzgados en los tribunales federales.

“No podemos dejar de señalar que estos genocidas mantienen los pactos de silencio que nos impiden saber dónde están los cuerpos de las miles de víctimas, así como también continúan cometiendo del delito de apropiación y sustitución de identidad de hijas e hijos de personas víctimas de desapariciones forzadas que aún seguimos buscando”, advirtieron las organizaciones sociales.

Los organismos esperan que la medida de Defensa “se haga extensiva a todos los condenados con sentencia firme por delitos de lesa humanidad” porque “el control civil de las fuerzas armadas debe garantizar la baja efectiva de todos los responsables de graves violaciones a los derechos humanos”.