La deuda pendiente de la Justicia que tiene de rehenes a niños y niñas

La judicialización de los conflictos por la tenencia de los hijos en casos de separaciones o divorcios tiene como consecuencia la vulneración de los derechos de los niños y niñas que, en muchas ocasiones, pierden el contacto con alguno de sus progenitores y toda su familia paterna o materna. Esta problemática afecta a todas las infancias y tarda años en dirimirse en la Justicia.

Los tiempos de la justicia no siempre son los tiempos de las personas, ante una denuncia de violencia familiar, algunos jueces dictan de manera inmediata una cautelar cuyos plazos de resolución tienen como consecuencia la exclusión de uno de los progenitores de la vida de los niños y toma protagonismo la "burocracia judicial" que, en ocasiones termina de manera trágica como en el caso de Lucio Dupuy, el niño asesinado en La Pampa por su madre y su pareja.

La dilatación de los plazos y morosidad en los procesos por parte de la Justicia tiene diversas causas, por un lado se habla de una escasez evidente de juzgados de familia y por otro lado, la falta de recursos y especialistas que aborden las investigaciones en torno a las denuncias como así también el abordaje psicológico que se realiza a los niños y niñas. 

"Llevo 6 años sin ver a mis hijos a partir de la denuncia realizada por mi ex mujer. En ese tiempo los niños nunca fueron sometidos a Cámara Gesell para verificar los dichos de su mamá...el tiempo sigue pasando y soy un completo desconocido para ellos", contó uno de los padres cuya identidad se reserva debido a un bozal legal existente.

"La denuncia tiene un valor importante de prueba, mientras duran los procesos se determina que los niños no vean a los padres hasta tanto no se avance en la investigación pero los tiempos suelen ser muy extensos y en la mayoría de las ocasiones se dilatan o extienden. Hay padres y madres que pasan de 1 hasta 7 años sin ver a sus hijos", explicó Pablo Mangiarotti, miembro de la Asociación Infancia Compartida.

Los cambios en el Código Civil incorporan un camino más contemplativo para los chicos como sujetos de derechos y comienza a hablarse de responsabilidad parental. "Algunos adultos pierden el foco y se quedan abstraídos en sus problemas sin pensar en los niños y surgen formas de violencia tanto físicas como psicológicas que los tiene como rehenes. A eso se suma una justicia que no investiga para resolver el conflicto y apela a que las partes se pongan de acuerdo o que uno desista en su lucha. Hay una deuda pendiente de la justicia con los niños", agregó Mangiarotti. 

En cuanto a las denuncias que se realizan por parte de uno de los progenitores, los padres y madres entrevistados (que prefirieron preservar su identidad) coincidieron en que "la Justicia favorece a quien llega primero a hacer la denuncia. Se toma como verdad lo que la persona denuncia y después los procesos para verificar la veracidad duran muchísimo".

Según la información proporcionada por la Asociación Infancia Compartida, esta problemática social se multiplicó exponencialmente los últimos años. En Argentina hay un promedio de 450 mil niños y niñas que se encuentran afectados por procesos judicializados sin resolución. "La cifra es más que importante y por esa razón estamos trabajando en un protocolo para la protección de infancias judicializadas", destacó Mangiarotti.