Dante Vega, el fiscal que puso en jaque al aparato judicial

El fiscal general ante la Cámara Federal de Mendoza, Dante Vega, ha transitado un largo camino en la historia de la Justicia local y hoy es uno de los protagonistas. A su participación en los juicios de lesa humanidad donde se condenó a cuatro magistrados mendocinos y a la intervención en las causas abiertas en otras provincias se suma la investigación que está llevando a cabo y tiene como acusado al juez federal Walter Bento.

Tras un largo silencio y escasas declaraciones públicas, el fiscal general nos recibió en las oficinas ubicadas en los Tribunales Federales. El acceso no es sencillo, luego de atravesar diversos controles policiales que se encuentran en el ingreso y el trayecto está caracterizado por la presencia de efectivos que cumplen su tarea vestidos de civil.

Los pasillos del emblemático edificio donde se juzgó y condenó a los represores que formaron parte del terrorismo de estado durante la última dictadura cívico militar son angostos y oscuros. Dante Vega los transita desde el año 1992, pese a algunos cambios, su percepción sobre el rol que le toca ocupar es la misma, "siempre he tenido la sensación de estar haciendo algo importante históricamente que trasciende el mero trabajo judicial", destacó al ser consultado sobre las satisfacciones en relación al ejercicio de su profesión.

Vega es reconocido por los organismos de derechos humanos como el fiscal que se puso al frente de las investigaciones que pondrían en jaque al aparato judicial. Hoy la situación se repite ya que ocupa un rol central en la investigación de las causas de lesa humanidad que siguen abiertas pero también en la investigación de uno de los casos de corrupción más resonantes que tiene como protagonista al juez federal con competencia electoral en Mendoza, Walter Bento.

A pesar de la complejidad de las causas en las que ha intervenido, es la primera vez que requiere de una custodia policial y un chaleco antibalas que debe usar debido a las amenazas de muerte recibidas por implicados en la causa que lleva en adelante contra Bento. "Sigo con custodia policial y lo tomo como una cuestión atinente a mi trabajo, es una medida de protección que tomo porque es necesaria", explicó.

"Sigo con custodia policial y lo tomo como una cuestión atinente a mi trabajo, es una medida de protección que tomo porque es necesaria", explicó.

El fiscal, que es Titular de la Oficina Fiscal en causas por violaciones a los Derechos Humanos cometidas durante el terrorismo de Estado en Mendoza desde 2010, cuenta en su haber con 20 juicios relacionados con delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar y fue designado por la Procuración General de la Nación para intervenir en el juicio por la “masacre de Trelew”, ante el Tribunal Oral Federal de Río Gallegos.

-¿Cuál es la relevancia de los juicios de lesa humanidad realizados en Mendoza?

-Los juicios son importantes porque dimensionan el terrorismo de Estado en toda su magnitud y demuestran que no pudo ser posible ese fenómeno sin la complicidad del Poder Judicial. Mi evaluación es muy positiva, Mendoza es una de las jurisdicciones más activas en el país respecto de juicios, no solamente del aparato represivo sino de juicios emblemáticos como el del aparato judicial. Se ha juzgado al Poder Judicial en tanto a aparato relacionado con el terrorismo de estado. En el resto de las jurisdicciones se ha juzgado a personas en particular del Poder Judicial pero no a miembros formando un colectivo como se hizo en Mendoza. Estamos conformes porque en la provincia se ha llevado a juicio oral a todos los integrantes del aparato represivo, tenemos todo el espectro completo. Con los juicios actuales investigamos a los miembros del D2 policial, miembros del ejército, de la inteligencia del ejército, de la penitenciaría provincial, de la policía federal, del Poder Judicial de la Nación, de la Fuerza Aérea; no tenemos ningún sector que no haya sido objeto de juicio en Mendoza. El balance del 2010 a la fecha ha sido muy positivo.

-¿Cuáles son las causas pendientes?

-Tenemos pendientes juicios de instrucciones que ya están culminadas. Un ejemplo de ello es el juicio al exmagistrado Eduardo Mestre Brizuela. Este juicio se puede hacer en cualquier momento y está vinculado a situaciones posteriores relacionadas a la apropiación de Celina Manrique Terrera, la primera nieta recuperada en Mendoza, que el Poder Judicial de la Nación no investigó como debía. Ese hecho estaba excluido expresamente de los alcances de la ley de obediencia debida y lo mismo fue incluido tácitamente en esa ley y archivado. Después tenemos otros juicios pendientes muy importantes como el procesamiento a los miembros del D2. Ese juicio abarca 200 víctimas y tiene muchísimos imputados. Ahí se va a juzgar el aparato de inteligencia policial en la democracia y la dictadura. Hay juicios pendientes en la jurisdicción de Mendoza además de causas que se están instruyendo. Hay mucho trabajo por hacer...

-¿Existieron políticas públicas que hayan afectado la investigación?

-Entre 2015 y 2019 lo que existió fue un recorte en los organismos del Estado que colaboraban en los juicios en algunos temas que hacían falta en relación al acervo documental o la asistencia de testigos. El recorte se dio en todos los organismos de apoyo en relación al Poder Ejecutivo para realizar los juicios. No en cuanto a política de Estado: es imposible hacerlo ya que va en contra de las convenciones internacionales y el Poder Judicial no lo hubiera permitido.

-¿Cuál ha sido el rol del Poder Judicial?

-El Poder Judicial reaccionó como nunca en la historia con el fallo del dos por uno de la Corte, donde hubo un verdadero levantamiento en todo el país que provocó que ese fallo nunca se aplicara. Ahí demostró que desde el punto de vista judicial es algo que no puede volverse atrás por cuestiones de convencionalidad, de responsabilidad internacional del Estado y por compromiso. En ese sentido, no hubo una decisión política que fuera en contra de los juicios para frenarlos.

Con el tiempo lo que observo es que los juicios han perdido espacio en la agenda de los tribunales y pasan a ocupar espacios marginales. Se hacen audiencias cada dos semanas. Es un fenómeno extendido en todo el país y respecto del cual la Procuraduría de Lesa Humanidad del Ministerio Público tanto como los organismos de derechos humanos en general y los querellantes en las causas llaman la atención para que se aumenten las audiencias y se establezca un cronograma acorde con la gravedad de los hechos.

-¿A qué se debe esa dilación de los tiempos?

-Si dijera que el tema ha perdido actualidad sería injusto, no ha perdido actualidad. Lo que puede ocurrir es una burocratización del tema con el paso del tiempo. Algunos sectores le hacen perder la densidad histórica que tienen estos juicios y la importancia que tienen en un estado de derecho. Ha pasado a ser entendido como un tema más adentro de la agenda cuando en realidad se trata de los juicios más importantes que debe enfrentar un tribunal. 

-La burocratización que menciona, ¿puede deberse a cuestiones de índole partidario?

-No, este tema está fuera de la política partidaria. Hay que separar bien, es un tema propiamente del Poder Judicial. Desde el 2019 en adelante se pueden haber restablecido unas oficinas y haber puesto el acento nuevamente en políticas que antes habían sido dejadas de lado pero los juicios marchan con independencia del cambio de Gobierno. No nos olvidemos que hay un factor importante que fue la pandemia.

-¿Cómo fue la reacción del Poder Judicial durante la pandemia?

-El Poder Judicial reaccionó bien, en la mayoría de las jurisdicciones donde había juicios comenzados pudieron continuar. Se buscó la vuelta para continuarlos por vía remota y, en algunos casos, con la oposición expresa de los abogados que sostenían que era imposible realizar los juicios en esta condiciones. Un ejemplo de ello es San Juan, donde se planteó con especial densidad esta cuestión que fue zanjada por el tribunal continuando los juicios. 

-¿Puede mencionar un aspecto positivo y negativo de la justicia durante la pandemia?

-Lo negativo es el espaciamiento en las audiencias y lo positivo es que, en un momento donde el Poder Judicial pudo refugiarse en la pandemia, no lo hizo y continuó con los juicios. La frecuencia pasó a ser valorada, los querellantes y fiscales nos conformamos con que se hicieran aunque sea una vez. Bajamos las pretensiones porque igualmente se hacían, de lo contrario hubiéramos perdidos dos años de audiencia con los riesgos de que el juicio comience nuevamente. La ley dispone que no puede suspenderse un juicio por más de diez días. La Corte Suprema de la Nación había establecido normas especiales que se referían a la pandemia como suspensión de plazos, quizás los juicios no hubieran caído pero se podrían haber resentido con la demora y retomarlos un año después, con todas las consecuencias que eso trae, se pierde el principio de concentración que implica que un juicio tiene que durar lo menos posible y la menor cantidad de tiempo entre las audiencias porque lo que se dice no debe diluirse con el tiempo.

Los testimonios son una prueba fundamental en los juicios de lesa humanidad, hay dos pruebas: testimonios y documentos. A veces no se puede acceder a los documentos porque se destruyeron o no se encuentran

-¿La falta de presupuesto afectó las causas?

-Esto ha afectado a todo el país y Mendoza no es una excepción. Puede haber afectado estos temas importantes pero que no hacen a la marcha de los juicios en sí. Los juicios han continuado. Hay otra problemática que no la vinculo con la política y menos con la política partidaria, veo otros factores que influyen. Los juicios no van a terminar porque es un imperativo internacional, jurídico y moral. El tiempo pasa para todos, para las víctimas y los victimarios, pasa también en la percepción de los juicios que no debiera suceder y es una pelea constante para poner de relieve y arriba de la mesa como tema prioritario la realización de los juicios para que no se burocratice.

-¿Qué importancia tienen para las víctimas estos procesos de justicia?

-La importancia para las víctimas es la misma que tuvo desde el comienzo en el 2005 donde comenzó propiamente dicha la etapa de justicia retroactiva. Hoy una víctima que concurre a declarar tiene el mismo interés que tenía 10 años atrás. La necesidad de justicia es una necesidad muy humana que no decae con el paso del tiempo. Se vincula con otra cuestión que es saber la verdad de lo ocurrido, ambas cosas van de la mano.

Los testimonios son una prueba fundamental en los juicios de lesa humanidad, hay dos pruebas: testimonios y documentos. A veces no se puede acceder a los documentos porque se destruyeron o no se encuentran. Por otro lado, los testimonios que han sido claves en este proceso de justicia retroactiva. Tan claves que los fallos se han basado en esa prueba, ha sido tan importante que en ningún momento se puso en entredicho la veracidad de los testimonios ni se originó ningún problema de veracidad testimonial porque no lo hubo. Las víctimas han sido valientes y veraces a la hora de declarar lo que padecieron años atrás.

-¿Cuál es el rol de los organismos de derechos humanos?

Los organismos de derechos humanos son los que han mantenido la antorcha en esta lucha por la memoria, la verdad y la justicia, desde la dictadura y durante todo el periodo democrático. En momentos donde se juzgaba a una parte del aparato represivo en los 80, cuando la pelea era en contra de la impunidad para encontrar resquicios, por ejemplo en las causas del plan sistemático del robo de bebés, en la aparición de hijos como un nuevo organismo en la búsqueda de la verdad, en los juicios estuvieron presentes y cuando la justicia retroactiva se tornó una política de Estado ahí estaban los organismos presentes.

Como fiscalía nos hemos apoyado mucho en los organismos tanto en materia de información como en apoyo en todo sentido. Ellos han sido los protagonistas de esta lucha, nosotros hemos sido actores secundarios. Como fiscalía tenemos el poder coercitivo tenemos el ejercicio de la acción penal, somos actores centrales en un juicio pero la pelea en la calle, en los medios y en poner esto en dimensión ha sido de los organismos.

-¿Cuál es la mayor satisfacción como fiscal?

El haber contribuido en este proceso. Tener la posibilidad de protagonizar desde mi lugar los juicios que han sido trascendentes en Mendoza y otras jurisdicciones. Siempre he tenido la sensación de estar haciendo algo importante históricamente que trasciende el mero trabajo judicial y es un aporte al esclarecimiento de la verdad y la búsqueda de justicia.

-¿Ha sufrido presiones durante sus años como fiscal?

-Siempre he hecho mi trabajo con total tranquilidad, he tenido muchas satisfacciones. Nunca tuve presiones en relación a los juicios de lesa humanidad, la Procuración General de la Nación fue la que me envió a Trelew como fiscal adjunto para contribuir en los juicios de ese lugar. Me he trasladado a otras provincias y siempre tuve apoyo, cualquiera sea la gestión que atraviese. A la hora de tomar decisiones sobre imputaciones o cuestiones puntuales de los juicios, siempre hemos seguido nuestro criterio. Nunca nadie nos dijo qué teníamos que hacer, incluso a veces hemos coincidido o diferido con los querellantes porque tenemos distintos roles, en esencia perseguimos lo mismo pero desde distintos lugares. 

-¿Se pudo probar cuál fue el rol del empresariado durante la dictadura?

-En Mendoza no hemos tenido una pista que involucre al empresariado con los juicios de lesa humanidad, se ha hecho en otros lugares con distinta suerte. El terrorismo de estado es imposible que ocurra sin el consenso de vastos sectores de la población entre los cuales está la Iglesia, empresariado, los medios y la sociedad en sí.

-¿Observa cambios en relación a la percepción social sobre lo ocurrido en la dictadura?

-La falacia de asociar la democracia con el caos y el poder militar con el orden se cayó y la sociedad argentina fue descubriendo lo qué había detrás. Tuvo que pasar mucho tiempo para que la sociedad se diera cuenta de que eso no era así. Hoy nadie cree que la solución para los problemas de una Nación pasa por la vía militar. La vía tiene que ser política. Hubo mucho dolor y corrió mucha sangre antes de que la sociedad entendiera esto. 

-¿Están investigando nuevos lugares donde podrían estar enterrados los desaparecidos?

-No descartamos nuevas intervenciones del Equipo Argentino de Antropología Forense si surgen otras pistas. Salvo Las Lajas, no hay otro espacio donde tengamos excavaciones pendientes. Es muy difícil dar con centros clandestinos de enterramiento, con los datos que disponemos y ante el silencio monolítico de los perpetradores donde nadie dice nada es muy difícil. Es una empresa irrenunciable, no bajamos los brazos y estamos pendientes a cualquier indicio que nos dé una pauta que nos permita responder la pregunta central que es saber dónde están los desaparecidos.

Los datos que apuntaban al Carrizal fueron investigados en su momento, hubo unos datos que hablaban de un sector en San Rafael que no condujeron a ningún resultado pero no bajamos los brazos ya que es una de las tareas que tenemos como fiscales. Ocurre lo mismo con los niños y niñas apropiados, esa búsqueda nunca cesa: deben existir al menos 400 personas que fueron apropiados por la dictadura, es un número abierto y escalofriante.

-¿Los juicios tienen un final?

-La respuesta legal es no, son delitos imprescriptibles, hay un imperativo ético y jurídico de perseguir a los responsables. Dentro de ese no, hay que replantearse cómo siguen los juicios.

Me parece importante la idea de continuidad de los juicios, nadie ignora que ha pasado el tiempo, las personas imputadas y condenadas tienen edad avanzada y muchos de ellos tienen los problemas lógicos de esa situación. Lo tenemos en cuenta cuando se discute la prisión domiciliaria, analizamos caso por caso, sin una postura dogmática. Analizamos cada caso en concreto pero aún así los juicios no deben decaer porque es una obligación que tiene el estado argentino pero también es un imperativo moral.