1F: una marcha con repercusiones inmediatas y a la espera de la contramarcha

Fue precisamente el único orador, el juez Juan Ramos Padilla, quien lanzó duras palabras contra los jueces del Máximo Tribunal: ”Algunos les dicen supremos. Yo les digo atorrantes. Son delincuentes con toga”. No se quedó en bastardear solo a la Corte sino que también arremetió contra dos integrantes de la Cámara Federal a quienes mencionó como los “jueces de la mafia”, se trata de Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, quienes aún mantienen una disputa judicial para conservar sus cargos mientras se desarrolla un concurso para desplazarlos.

Pero esas palabras esgrimidas por el magistrado tuvieron una consecuencia inmediata. La Comisión Directiva de la Sociedad Civil Abogados Solodarios decidió echarlo como miembro adherente, ya que aseguraron a través de un comunicado que su participación y disertación no contaba con la aprobación de la Entidad a la que perteneció hasta el día de ayer, no obstante haberse decidido que el acto debía realizarse sin oradores.

“Las expresiones vertidas por el señor Juez Juan Ramos Padilla durante el acto celebrado el 1 de febrero de 2022 en la Plaza Lavalle de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, no fueron autorizadas por ABOGADOS SOLIDARIOS ni representan el pensamiento de sus Miembros”, expresaron en un comunicado.

Antes de que comenzara la movilización, desde distintos sectores habían manifestado su desacuerdo y hasta repudio. Se encolumnaron las distintas cámaras nacionales y federales de todo el país, que calificaron la marcha como un “hecho atentatorio del sistema democrático y republicano de Gobierno”. Hubo también expresiones de la asociación de magistrados y fiscales, entre otros. Pero lo cierto es que no se trató de la marcha del pueblo que sale a la calle en desacuerdo con algo que no le gusta, la convocatoria tuvo su tinte político. Mal alguien podría criticar la voz del pueblo como ocurrió por ejemplo en diciembre de 2001. Lo que se critica tal vez es que en nombre de la justicia hacen política, buscan un enemigo que va mutando y hoy es la Corte. 

Pero podría denominarla uno como la marcha de la impotencia porque a las claras quienes la convocaron saben que hay mecanismos en nuestro país para que aquel que tiene un mal desempeño deje su cargo. Y es ni más ni menos que el juicio político. Para que ello avance debe sustanciarse y por su puesto lograr el Consenso y los votos necesarios para sacarlos del cargo. Eso hoy al menos parece algo lejano. 

Podemos ir analizando algunas partes del documento que se leyó. Es cierto que la justicia hace años carece de credibilidad pero de ahí a endilgarle todas las culpas al Máximo Tribunal parece mucho. La movilización se gestó luego del fallo por la inconstitucionalidad de la integración del consejo de la Magistratura dispuesta por ley en 2006 ya que según los jueces no respetaba los estamentos. El mismo fue cuestionado por el oficialismo y a partir de ahí comenzó la afrenta para pedir la renuncia. 

“Cuando decimos que esta Corte no puede seguir, que se tiene que ir, lo decimos interpretando el hastío generalizado que se expresa en todo el país y la certeza de que no hay ninguna posibilidad de lograr la democratización del Poder Judicial con esta Corte en funciones, cuyos numerosos pedidos de juicio político con los que ya deberían haber sido removidos, duermen en el Congreso de la Nación”.

El mismo documento lo dice pedidos de juicio político que duermen en el congreso, en todo caso la responsabilidad es de los políticos no de la justicia.

“Esta Corte se tiene que ir porque con su reciente fallo de ampliación del Consejo de la Magistratura, viola el principio republicano de división de poderes, se sitúa por encima del Ejecutivo y Legislativo, con el único fin de presidir también un órgano Constitucional de control, manejar el presupuesto de la Corte y del Consejo y garantizar la impunidad de funcionarios del Poder Judicial denunciados y a la vez facilitar el nombramiento de funcionarios afines a su proyecto”. 

Aquí se le endilga a los jueces que a través del fallo buscan poder ya que el presidente de la Corte encabezará, si no se logra una nueva ley, la nueva integración del Consejo porque así lo dice la norma.

“Decimos que se tiene que ir porque es una Corte sin legitimidad, conformada con dos miembros que consintieron ser designados por decreto del Poder Ejecutivo, violando la Constitución Nacional”.

Si bien es cierto que fueron nombrados por decreto en un primer momento, el rechazo generalizado llevó a que ser tratara en el recinto y lograran los votos necesarios para asumir en el cargo. Fue reprochable desde todos los ámbitos y se subsanó.

En otros párrafos arremete directamente contra la actuación durante el gobierno de Mauricio Macri: “Esta Corte se tiene que ir porque conoció perfectamente y permitió la sistemática persecución que diseñaron los servicios de inteligencia y el gobierno macrista para perseguir y encarcelar trabajadores y trabajadoras”.

También refiere a la “mesa judicial” que actualmente investiga la justicia federal con causas en trámite “Esta Corte es responsable por acción o por omisión de la salvaje persecución sindical que se vivió a través de intervenciones ilegales a los sindicatos, armado de causas a dirigentes gremiales, persecución a jueces del fuero laboral, denigración a abogades defensores de derechos humanos, con los que convalidó y aseguró ese avasallamiento de derechos”.

No dejan de lado la referencia a las prisiones preventivas que se dieron en el marco de causas de corrupción que avanzaron en los últimos años y responsabilizan a los jueces de no revertir las decisiones de tribunales inferiores. ”Esta Corte se tiene que ir porque legitimó el abuso de prisiones preventivas, con decenas de presos políticos obscenamente exhibidos, muchos de los cuales siguen sufriendo esa prisión en la actualidad”. 

Hacen una crítica feroz a un artículo del código que está vigente y que autoriza al tribunal a desestimar la revisión de una causa sin darle tratamiento “Del mismo modo abusaron escandalosamente de la práctica del art 280 para cerrar las causas sin investigar ni fundamentarlo.”

El documento critica también la actuación de los magistrados al resolver los per saltum presentados por los jueces Bertuzzi, Bruglia y Castelli al asegurar que “en horas dispuso, escandalosamente, sin sonrojarse y en un trámite exprés, en beneficio de tres jueces que subrogan ilegalmente en cargos claves en la justicia federal”, pero desconocen que la Corte allí los mantiene en sus cargos hasta tanto se realicen concursos, es decir que si se habla de un beneficio debiera analizarlo desde la temporalidad y responsabilizar en todo caso al poder político que no ha sido capaz de nombrar nuevos jueces.

Se aguarda para este 3 de Febrero la marcha convocada por profesores de derecho de todo bajo la consigna de  defender la independencia judicial.

Son más de un centenar de docentes de todo el país, que manifestaron su rechazo a la marcha de ayer al considerar que “se pretende así forzar inconstitucionalmente la remoción de los miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación”.

La movilización en la puerta del palacio de justicia será a las 19 horas. Desde algunos sectores que no adhirieron a la convocatoria de ayer tampoco participarían de esta. Lo que plantean es la necesidad de una reforma de la justicia pero no desde la impulsada por el ejecutivo que no contempla todo, sino algo integral. 

Es claro que se necesita un consenso nacional para generar cambios, pero a las claras eso cada vez está más lejos. Asistimos primero a la judicialización de la política y ahora estamos viendo una politización de la Justicia.