¿Paradoja? Crece la asistencia social pero sube la indigencia

Pese a que el gasto del Estado nacional en seguridad social en nuestro país representa más de la mitad de lo recaudado, la indigencia en el país no logra reducirse y alcanza a 3,9 millones de personas.

De acuerdo a un informe de la Fundación Éforo, las transferencias a personas son el 53% de los gastos del Estados. Sin embargo, el crecimiento de los recursos públicos asignados a la Seguridad Social es menor que el número de personas beneficiadas. Esto significa que, proporcionalmente, se otorgan más beneficios con menos recursos. En otras palabras: una persona recibe más de un beneficio para compensar el escaso valor monetario real de estas transferencias.

El trabajo menciona que tomando los tres ejes de la Seguridad Social (jubilaciones y retiros; pensiones; becas y ayudas sociales), entre 2007 y 2020 pasó a representar del 10,4% del PBI al 13,9%. El estudio de la fundación creada por la Asociación del Personal de los Organismos de Control (APOC), también señala que en cantidad de beneficiarios pasó de 21,3 millones a 31,6 millones de personas en el mismo periodo.

Las jubilaciones y retiros son el componente de mayor gasto dentro de las políticas de Seguridad Social, y pasó de representar el 3,9% del PBI (2007) al 6,7% (2020). En 13 años, el incremento en recursos asignados fue de 72%, dice la Fundación Éforo.

Proyecto

Pese a este incremento, la indigencia sigue en niveles elevados. Son 3,9 millones de personas, dato que se desprende de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del segundo semestre de 2021, fue el que usó la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC). Días atrás, la UCA había presentado su informe con indicadores similares.

En este sentido, el oficialismo nacional presentó en el Congreso el proyecto de Refuerzo de Ingresos a través de la senadora Juliana Di Tullio, que estima alcanzar a 1,3 millones de personas y sacar de la indigencia a 2,5 millones. Así, la tasa de indigencia se reduciría en un 65% y la población que está en una extrema situación de vulnerabilidad pasaría de representar el 8,4% de la población al 3%.

En consecuencia, el esfuerzo fiscal para implementar la medida sería de $460.000 millones, equivalentes al 0,31% del PBI.

Se propone un refuerzo de ingresos, una prestación monetaria mensual, no contributiva, por el valor de una Canasta Básica Alimentario de un adulto equivalente publicada por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC). La prestación será de carácter temporario: se otorgará por un año con la posibilidad de renovarse de acuerdo con los criterios establecidos en la reglamentación.