Contundente respaldo del procurador a la elección de la reina de Guaymallén

El procurador general de la Corte de Mendoza, Alejandro Gullé, se posicionó a favor de que Guaymallén tenga reina departamental de la Vendimia. Lo hizo a través de un dictamen en el marco de la causa que tramita la Suprema Corte de Justicia por la demanda iniciada por comisiones de exreinas vendimiales contra la ordenanza del municipio que eliminó la elección de una representante para fiesta provincial.

El titular del Ministerio Público Fiscal consideró que corresponde “hacer lugar a la declaración de inconstitucionalidad de la Ordenanza 9196/21”. La norma municipal respaldada por el intendente Marcelino Iglesias prohibió la elección de la reina departamental de la Vendimia. Esta medida fue cuestionada la Comisión de Reinas Nacionales de la Vendimia (CORENAVE), la Comisión de Virreinas Nacionales (COVINAVE) y la Comisión de Reinas de Guaymallén (COREGUAY) que llevaron el tema hasta el máximo tribunal de justicia de la provincia.

Si bien se trata de un dictamen no vinculante, la postura de Gullé implica un fuerte espaldarazo para el reclamo de las demandantes de cara a la inminente resolución que deben tomar los siete ministros de la Corte acerca de si dicha ordenanza es constitucional o debe ser revocada.

El procurador manifiesta en el dictamen que el conflicto es un caso de “indudable trascendencia institucional, en que más allá del interés individual (…) repercute en aspectos del patrimonio cultural como bien de incidencia colectiva”.

Argumenta que “encontrándose patrimonializadas por ley provincial ciertas tradiciones; en el caso, Bendición de los Frutos, Acto Central en que se realiza elección de la Reina Nacional de la Vendimia, Vía Blanca y Carrusel, en que desfilan reinas, embajadoras, representantes de los Departamentos de Provincia de Mendoza, fiestas distritales, barriales y departamentales, ellas manifestaciones que hacen a la identidad de la Fiesta Nacional de la Vendimia, debe resguardarse que la decisión legislativa sobre si alguna de ellas debiera dejar de ser patrimonio cultural de la Provincia, se de en el ámbito previsto constitucionalmente”.

Por otra parte, plantea que la declaración de inconstitucionalidad de la Ordenanza 9196/21 de Guaymallén persigue un “debate público y democrático en que convivan diferentes visiones que lo enriquezcan” el cual sea realizado el ámbito institucional de la Legislatura de Mendoza, en donde se encuentran representados la totalidad del pueblo mendocino.

Este es el dictamen completo: