Femicidios

Femicidios: el dolor y la deuda desconocida con las familias

Las familias de las víctimas de femicidios pueden solicitar el acceso a una reparación económica por parte del Estado. Las cifras en Argentina siguen subiendo y cada vez hay más niños y niñas que quedan en situación de vulnerabilidad.

Andrea Ginestar
Andrea Ginestar martes, 4 de octubre de 2022 · 14:30 hs
Femicidios: el dolor y la deuda desconocida con las familias
Las familias de las víctimas de femicidios pueden solicitar el acceso a una reparación económica por parte del Estado

Las cifras que forman parte del informe elaborado por el Observatorio de Femicidios “Adriana Marisel Zambrano” dan cuenta de una problemática que atraviesa a miles de familias en Argentina. Desde la creación del movimiento “NiUnaMenos” (hace 7 años), en nuestro país se registraron 2.041 femicidios vinculados de mujeres, niñas y trans/travesticidios mientras que fueron 191 femicidios vinculados de varones adultos y niños.

Según las estadísticas, 7 de cada 10 femicidios son cometidos por la pareja o ex pareja de las víctimas que suelen ser los padres de los hijos e hijas que quedan huérfanos. La mayoría de los menores de edad van a vivir con familiares que asumen la responsabilidad de criarlos y mantenerlos ante un Estado que genera alternativas de asistencia pero que no siempre resuelve en los tiempos que las familias necesitan. 

Agostina Trigo era mamá de un niño de 4 años y fue asesinada en Mendoza

La cifra de niños y niñas que quedaron sin madre desde el 2015 a la fecha, asciende a 2.361, de los cuales 1.518 (64%) eran menores de edad mientras que sólo en el 2021, fueron 241 las hijas e hijos de los cuales el 70% son menores y el 54% de los agresores eran parejas o exparejas. 

Programas de asistencia

En el año 2018 comenzó a regir en Argentina la Ley Nº 27.452 que establece una reparación económica destinada a los hijos e hijas de mujeres que fueron víctimas de femicidio. La normativa, más conocida como “Ley Brisa”, viene a dar una respuesta económica de base que consiste en asegurar una suma mensual cuyo monto corresponde a una jubilación mínima y que las víctimas indirectas de femicidio podrán cobrar a través de sus responsables directos todos los meses.

Si bien la normativa estableció un plazo de 30 días hábiles para ser aplicada en todo el territorio nacional, suelen existir demoras para acceder a la compensación debido a la complejidad de los procedimientos para definir tutelas legales de los menores que quedan a cargo de las familias de las víctimas y porque algunos no cuentan con la documentación necesaria para acceder a los requisitos.

De las solicitudes aceptadas en total desde que empezó a regir la “Ley Brisa”, más del 50% son mujeres, y la mayoría corresponde a niños de entre 13 y 17 años. En 2020, se duplicó la cantidad de personas asistidas que pasaron de 353 en 2019 a 775. La mayoría de los beneficiarios se encuentran en los principales centros urbanos del país (Provincia de Buenos Aires, Santa Fe, Mendoza y Córdoba).

El Programa para el Apoyo Urgente y la Asistencia Integral Inmediata ante casos de Violencias Extremas por Motivos de Género es otro de los mecanismos a partir del cual, el Estado brinda asistencia integral a aquellas personas del grupo familiar o allegados de víctimas de violencias extremas por motivos de género, muertes violentas contra cualquier persona que sufriera violencia letal basada en su identidad de género, expresión de género u orientación sexual. Esta política pública establece la asistencia a través de un apoyo económico, asistencia psicológica, asesoramiento legal, articulación para traslados y asesoramiento en la tramitación de la reparación establecida en la Ley N° 27.452.

Las articulaciones con los programas provinciales y municipales de asistencia es clave para las familias de las víctimas. En el caso de la provincia de Mendoza, existe el Programa Nuevas Redes que depende de la Dirección de Género y Diversidad cuyo objetivo es generar una línea de fortalecimiento económico con el fin de ayudar, fundamentalmente, a mujeres en situación de violencia y a personas Trans en condiciones de vulnerabilidad cuyos derechos no son respetados. En ese sentido, este programa viene a dar una respuesta directa a las familias de las víctimas de femicidio ya que las sumas de dinero aportadas (por única vez en el mes) pueden servir para afrontar gastos inmediatos correspondientes al sepelio o urgencias económicas de quienes se encuentran en condiciones de vulnerabilidad.

Para acceder a las prestaciones, las familias de las víctimas deben acercarse a las áreas de género de los municipios o realizar el trámite en la Dirección de Género y Diversidad del Ministerio de Salud, Desarrollo Social y Deportes del Gobierno de Mendoza.

Detalles de los beneficios

El Régimen de Reparación Económica para niños, niñas y adolescentes hijos/as de víctimas de femicidios (Ley 27.452) fue efectivizado por el Gobierno Nacional en el 2018 a través del decreto reglamentario 871/2018. Esta iniciativa cuenta de una reparación económica destinada a niñas y niños menores de 21 años o personas con discapacidad (sin límite de edad), cuya situación (madre asesinada y padre preso) esté probada por un órgano competente.

Los titulares, en el caso que los y las afectados sean menores de 18 años, podrán ser tutores, guardadores o adoptantes. En tanto que las personas con discapacidad no tienen límite de edad para poder cobrar el beneficio. Entre los requisitos para recibir el aporte mensual también figura ser argentino/a o bien contar con dos años de residencia comprobada en el país.

De acuerdo a las disposiciones vigentes, si un área del Estado (Nacional, Provincial o Municipal) ya se encuentra otorgando un beneficio de la misma índole a los y las cuidadores, se deberá optar por el que más beneficie a las personas que quedaron en el desamparo.

Los órganos que deberán implementar la Ley para hacer llegar el beneficio a los/las niños, niñas y adolescentes que han atravesado por esta vulneración extrema a sus derechos son: la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF) y la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses). Justamente, ante ésta última es importante realizar el trámite correspondiente con el formulario vigente en la web de la repartición.

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