El impacto del control y congelamiento de precios en los medicamentos

Días atrás, el Gobierno nacional acordó con las principales Cámaras de Laboratorios y Farmacéuticas la inclusión de algunos medicamentos en una canasta de “precios congelados”, que se suman a los ya implementados en alimentos y artículos de limpieza e higiene personal.

La medida, que hasta ahora parece ser de las pocas políticas oficiales para paliar la inflación, junto al cepo al dólar y el congelamiento parcial de tarifas y combustibles; se aplica en el caso de los medicamentos en forma retroactiva desde el 1 de noviembre - es decir, tomando los precios vigentes a esa fecha - y rige, al igual que el resto del programa, hasta el 7 de enero.

Al respecto, cabe destacar que, desde septiembre del año pasado hasta octubre de este año, los medicamentos han aumentado a razón de un 4% mensual acumulativo, alcanzando un incremento total de nada menos que 66%, muy por encima de la inflación promedio, aumentos que quedan convalidados aún a pesar de la nueva medida.

En cuanto al acuerdo y a fin de esclarecer la información, resulta útil considerar, en primer lugar, que este no alcanza a todos los medicamentos que se venden en la farmacia, sino solamente a los que requieren prescripción, es decir, los que se expenden bajo receta; dejando por fuera a los medicamentos de venta libre.

Se reimpulsa, por otro lado, una normativa que había caído en desuso, que es la prescripción por nombre genérico de la droga en lugar del nombre comercial del medicamento producido por uno u otro laboratorio (sancionada por ley 25.649/02), iniciativa alentada tanto por el Ministerio de Salud como por la Secretaría de Comercio que requiere, asimismo, la colaboración de los profesionales médicos.

Se establece además, especialmente para aquellos que poseen una cobertura de seguridad social, una suerte de canasta de “precios de referencia” (cuya conformación está aún por definirse) para que el consumidor cuente con una guía orientativa en materia de precios de otros medicamentos que no hayan sido incluidos en el congelamiento.

Finalmente, el acuerdo se extiende hasta el 7 de enero y las expectativas para después de esa fecha son inciertas. En cualquier caso, la tensión entre el control de precios y la inflación galopante no permite demasiado optimismo.

Este año terminará con una inflación por encima del 50% y las consultoras económicas ya prevén para 2022 una cifra que rondará entre el 55 y el 60%. Como ya se mencionó, los precios de los medicamentos superaron esas cifras en los últimos doce meses, y lo mismo sucedió con algunos alimentos tales como carnes, pescados, aceite, productos lácteos y yerba mate, equiparando o incluso sobrepasando esos porcentajes, tal es el caso de frutas y verduras que subieron hasta un 140%.

Ante este panorama, es natural que el consumidor, en la medida de sus posibilidades y su ya exigua capacidad de compra, procure stockearse, motivo por el cual comienzan a advertirse problemas de abastecimiento de los productos promocionados o demoras en la reposición, uno de los reclamos más frecuentes por estas horas. El otro, según los relevamientos realizados a lo largo de todo el país, se encuentra en la deficiente señalización de los productos en cuestión, lo que hace de su hallazgo en las góndolas una verdadera búsqueda del tesoro.

Por último, queda claro que estos paliativos son provisorios, incompletos y claramente insuficientes, y que cualquier efecto de alivio que traigan será rudimentario en este contexto. Para que este tipo de medidas tenga un efecto concreto e inmediato en el bolsillo de los consumidores, deben estar enmarcadas en un plan económico federal e integral, creíble y sustentable, y acompañadas por medidas macroeconómicas antiinflacionarias sobre emisión monetaria, déficit fiscal, balanza comercial, costos, medidas de incentivo a la producción para equilibrar entre oferta y demanda, entre otras.

Los controles de precios, como la aspirina, quizás morigeren por un rato los síntomas, pero no son el remedio.