Retenciones: de los subsidios y planes, a la inversión y el trabajo

Conocemos ya el tamaño del déficit y la cada vez mayor emisión monetaria para financiarlo. Pero antes, tenemos los impuestos.

Por ejemplo, gracias al mayor precio de la soja que se registró hasta mediados de año, la recaudación por derechos de exportación se estima para 2021 en unos $900.000 millones, un 11% de los ingresos del fisco nacional. Representan U$9.000 millones. Son recursos que están disponibles en un 100% para el Gobierno Federal. Es mucho dinero.

Como contrapartida tenemos una masa de gastos en subsidios que ya se encuentran hoy en 3% del PBI, $1.300.000 millones, de los cuales -vaya paradoja- $900.000 millones son subsidios a la energía. Como ya sabemos, dichos gastos tienen su impacto mayor en el Conurbano bonaerense, beneficiando a la población de menores ingresos. También tenemos erogaciones como la Tarjeta Alimentar o los Planes Potenciar Trabajo -$500.000 millones- que en términos de proporción de población benefician más al Conurbano pero que también son recibidos en todo el país por personas desempleadas o con empleos informales.

Sobre esta realidad, el discurso instalado es que el gasto social y los subsidios, al menos en el corto plazo, no pueden ser reducidos en tanto la situación es cada vez más grave en materia de pobreza e indigencia. Una reducción en dicho ámbito provocaría una explosión. Pero ¿si invertimos esta lógica de pensamiento? Las retenciones ¿no podrían financiar inversión y empleo?

¿Cómo funcionaría? La masa de recursos con origen en la exportación agropecuaria ofrece una plataforma para cambiar el eje de desarrollo del país, poniendo foco en lo regional, y siendo la oportunidad para una estrategia de mejor distribución de la población.

Un estudio de la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo Argentino (FADA) y la Comisión de Enlace de Entidades Agropecuarias Regional Córdoba (CEEA CBA) destaca que, por el aporte en retenciones de la producción de los departamentos cordobeses de Río Cuarto, Marcos Juárez, Tercero Arriba y San Martín, unos U$1.100 millones de USS, podrían crearse 15.700 empleos en inversiones como:

• 1 planta de bioetanol de 100.000 m3
• 4 plantas eléctricas de biogás de 2 MWh
• 2 molinos harineros de 450 tn/día
• 12 granjas de cerdos de 1000 madres cada una
• 1 frigorífico de cerdos equivalente a la producción de 12.000 madres
• 1 frigorífico de exportación de bovinos de 100.000 cabezas/ año

Esto es, los recursos que hoy van directo al Tesoro Nacional, cuyo destino es totalmente discrecional, se podrían invertir en las regiones donde se crea la riqueza. Y son recursos que no solo generan empleo genuino, sino que ello permite mayores volúmenes de exportación a futuro. Como se diría en el mundo de los negocios, la inversión se paga sola.

Justamente en Córdoba, hace unos años se viene aplicando un formato en inversiones público-privadas más que interesante. Allí se ha formado un Consorcio entre Asociaciones del Sector Agropecuario y el Gobierno provincial que tiene por objeto la realización de obras de infraestructura regional que mejoren los caminos por donde se transporta la producción. La financiación pública de la organización corresponde a una proporción del impuesto inmobiliario rural y los recursos privados son aportados por los productores.

Observamos entonces una cooperación entre quien genera la riqueza y quien impone tributos que hace posible una reinversión de recursos en forma concreta que sirve a los intereses de ambos. El pago de un impuesto por la tierra vuelve en formato de una obra que fomenta la ecuación productiva, en tanto se revaloriza más la propiedad; todo dentro de un círculo virtuoso.

En los últimos 14 años, el productor cordobés aportó nada menos que U$27.000 millones al fisco nacional por derechos de exportación. Según el gobierno provincial, ello equivale a pavimentar 6.500 km de rutas primarias; duplicar la Red Provincial pavimentada, construir 66 mil viviendas o 135 mil Viviendas Semilla; mil escuelas o 285 hospitales.

Frente a esta realidad, con cifras y experiencias concretas, surge entonces el interrogante: ¿Cómo lo ejecutamos? Una propuesta equilibrada podría tomar el universo de la recaudación por derechos de exportación y abordar los tres aspectos con impacto en menor presión tributaria, reducción del déficit y creación de empleo en base a necesidades sociales urgentes.

Las retenciones podrían reducirse 1/3 o dicho porcentaje ser tomado a cuenta del impuesto a las ganancias para los productores. Un nuevo formato tributario que permita bajar los impuestos y que el fruto del trabajo quede en manos de quien lo genera. Esta reducción implica baja del gasto público por lo que se deja de recaudar. Esto si es dinero en el bolsillo de la gente.

Otro 1/3 queda en el formato actual a disposición total del Tesoro Nacional para seguir sosteniendo financiación de programas sociales y subsidios que atenúen el impacto de subas tarifarias mientras se genera una mejor administración presupuestaria en tanto la economía comienza a crecer.

 ¿Y el otro 1/3? Aquí la novedad. En un formato similar al cordobés, el Tesoro recauda las retenciones, pero automáticamente los recursos son girados a las regiones, municipios y gobiernos locales donde se produjo -valga la redundancia- la producción que tributa. Estos deberán constituir asociaciones con el sector privado para reinvertir esos recursos en la comunidad con impacto directo en el empleo. Es una transferencia a esos organismos.

Todo ello dentro de un marco en donde son justamente los beneficiarios de los planes, y la población desocupada los destinatarios de esta política de empleo, viendo entonces más que compensada la reducción del gasto social y el subsidio. El objetivo es que estos puedan tener un trabajo genuino fruto de una inversión en negocios que crecen sin amparo estatal o artificial.

Asimismo, podría utilizarse toda la infraestructura pública de Universidades, Institutos, Centros de formación y escuelas para incluirlo dentro de un eje que impulse aún más la cooperación entre agentes públicos con el sector privado para crear más valor y ser a la vez fuente de capacitación para los nuevos empleos. 

El triunfo se da en varios sentidos. Se baja la discrecionalidad, hay mayor transparencia en la asignación de recursos públicos, bajan los impuestos y el gasto; y, más que importante, se genera empleo productivo para la población que hoy no observa posibilidades de futuro mientras sigue recibiendo planes y subsidios que la alejan del mundo del trabajo.

Es cierto que nos encontramos hoy en la disyuntiva que, según nos dicen, no nos permite abordar propuestas con eje en el crecimiento y la creación de empleo, porque quedan paralizadas ante la agenda del corto plazo. Pero también es cierto que, si uno deja de lado ese esquema de bloqueo permanente, existen propuestas, muchas de ellas ya aplicadas, que darían al país las soluciones que buscamos. Lo novedoso no está en lo nuevo. Esta en volver a modelos que nos ayuden a pensar de nuevo.

*Agustín Jaureguiberry. Politólogo, Magister en Estudios Internacionales y Máster en Políticas Públicas.