Revisarán la situación penal de mujeres criminalizadas por abortar
La Secretaría de Derechos humanos de la Nación junto al Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad y en coordinación con la Campaña por el Aborto Legal iniciaron una serie de reuniones para armar un esquema de trabajo que revise la situación legal de mujeres que han sido penadas por abortar.
El Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad , junto a la Secretaría de Derechos Humanos y la Campaña por el Aborto legal iniciaron reuniones para desarrollar un plan de trabajo destinado a revisar una por una la situación penal de mujeres imputadas por haber abortado o haber tenido algún evento obstétrico. En total, son casi 1600 mujeres de 17 provincias.
Según informó la agencia de noticias Télam, estas áreas "acordaron trabajar en conjunto para revisar las historias de criminalización de mujeres por eventos obstétricos y aborto, situación en la que estarían, al menos, 1.532 personas".
La iniciativa se desprende del principio general del derecho de la retroactividad, el cual implica que toda ley puede ser retroactiva y regular hechos anteriores a su sanción, cuando así lo disponga expresamente. La ley del IVE (Ley 27.610) entró en vigencia el domingo pasado y ahora "la deuda la tiene el Poder Judicial con quienes fueron criminalizadas injustamente", dijo a Télam Laura Salomé, comunicadora integrante de la Campaña.
"Mi rol fue vincular a la Campaña con la Secretaría ante la magnitud de situaciones criminalizadas que detectó el informe".
Además, se refirió a la publicación "La criminalización por aborto y otros eventos obstétricos en Argentina", elaborado por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la Campaña, el Centro Universitario San Martín (Cusam) y las profesionales María Lina Carrera, Natalia Saralegui Ferrante y Gloria Orrego-Hoyos.
Ese estudio, que abarcó los años 2012 al 2020, identificó que 1.532 mujeres afrontan causas penales por aborto y 37 por eventos obstétricos criminalizados en 17 provincias argentinas.
"Estamos pensando en que el Estado se involucre en esta realidad en la línea de trabajo de la violencia institucional, Hay que identificar cada situación y lograr una estrategia de visibilización", señaló la funcionaria.
"Esto es nuevo, no se sabía de la magnitud de esta situación. Ha sido una estrategia del Poder Judicial el caratular engañosamente como homicidio situaciones de aborto. También la idea es ayudar con el monitoreo que hacen las organizaciones e involucrarse en las causas, desde la Secretaria de Derechos Humanos", agregó.