Proponen que los celulares secuestrados se destinen a la educación
Destinar a la educación los celulares y dispositivos tecnológicos secuestrados y que luego quedan en el ámbito judicial es el proyecto que la diputada provincial María José Sanz (UCR) presentó hace unas semanas en la legislatura.
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Para cumplir este objetivo se le solicita a la Suprema Corte de Justicia de Mendoza que establezca los medios necesarios “para que los celulares y dispositivos de comunicación tecnológicos que permanecen en calidad de secuestrados en sede judicial se pongan a disposición de la Dirección General de Escuelas con el objeto de ser distribuidos entre los alumnos y alumnas en situación de vulnerabilidad”.
“Es necesario adoptar medidas tendientes a garantizar la continuidad pedagógica de manera digital y fortalecer la conectividad en aquellos sectores más vulnerables”, argumentó Sanz.
Dado que los celulares secuestrados y dispositivos de comunicación no siempre son reintegrados a sus titulares por diferentes razones, se entiende que se encuentran en poder de la Justicia de la provincia. Por lo tanto, infiere la legisladora, podrían ser distribuidos equitativa y criteriosamente entre los alumnos que más lo necesitan para ser parte del proceso educativo.
Según la diputada, la pandemia del Covid-19 obligó a modificar el normal desenvolvimiento de las actividades en las comunidades, sus costumbres, sus rutinas. En el país, entre otras medidas, se suspendieron las clases presenciales y se ha logrado, con el esfuerzo de muchos actores y trabajadores, la digitalización de contenidos.
"No podemos ignorar las dificultades que algunos alumnos y alumnas presentan, a la hora de poder acceder a esta nueva forma de escolaridad. En algunos casos, la falta de medios económicos no les permite acceder a una computadora o a un celular para conectarse con estos contenidos. Por ello, darle utilidad a esos aparatos tecnológicos sería de suma importancia para la educación en la provincia", señaló Sanz.
Al respecto, destacó la rápida y eficiente respuesta del Poder Judicial, y en particular del doctor Darío Bermejo, por haberse hecho eco de este proyecto y haber arbitrado los medios necesarios a fin de facilitar la entrega de los celulares a la DGE.